miércoles, 22 de octubre de 2014

FAMILIA ACAYUQUEÑA REGRESA A SU HOGAR




*** GRACIAS A  LA LABOR DEL DIF MUNICIPAL QUE PRESIDE LA SEÑORA ESPERANZA DELGADO DE MARTINEZ

Comunicado
Acayucan.-
Gracias al gran desempeño que está realizando la presidenta del SMDIF Acayucan, C.P. Esperanza Delgado de Martínez, una familia de este municipio después de un sinfín de peripecias, por fin regresa a su hogar.
La familia compuesta por cinco integrantes, fue trasladada a esta ciudad de Acayucan, gracias a la coordinación que se logró en el DIF Acayucan y el DIF Estatal de Guanajuato, a donde habían emigrado con la esperanza de alcanzar un mejor nivel de vida pero fueron engañados, pasando dos meses de penurias ya que la promesa de trabajo día con día se desvanecían.
Desesperados por querer regresar, y no contando con recursos económicos, acudieron al DIF de Guanajuato, quienes se comunicaron con el DIF de Acayucan en donde la CP. Esperanza Delgado de manera inmediata hizo todo lo necesario, acordando que la dependencia de Guanajuato, trasladara a la familia hasta la ciudad de México,  a donde el DIF Acayucan envío una ambulancia a la ciudad de México para traer de regreso hasta a esta a los migrantes.
La familia llego en buen estado, sin embargo, preocupados por la salud de los recién llegados, se les brindó atención médica, enfocándose en el menor, quien se sentía enfermo, además de la atención de su salud, también  se les brindo servicio en el comedor del DIF.
Cabe mencionar que la familia agradeció la rápida respuesta de la presidenta del DIF Acayucan Esperanza Delgado, quien demostró una vez más su don de servir y sobro todo el de luchar por el bienestar de la familia, ahora estos Acayuqueños están felices porque ya se encuentra en casa y dispuestos a luchar por un mejor futuro.

Recapturan a uno de los implicados en el asesinato de Regina Martínez

Noé Zavaleta

Una de las imágenes comparativas de "El Silva" difundidas por la PGJE . Foto: PGJE
Una de las imágenes comparativas de "El Silva" difundidas por la PGJE .
Foto: PGJE
XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).-La Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) rehaprendió a Jorge Hernández “El Silva”, uno de los participantes –según la Fiscalía de Veracruz- en el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez.
El titular de la PGJE, Luis Ángel Bravo Contreras aseguró que “El Silva” fue detenido en un municipio pequeño de Tlaxcala, donde fue localizado en un operativo de inteligencia ministerial, “sin bigote” y “rapado de la cabeza” para dificultar su localización.
Cuestionado por la apariencia física de “El Silva” y los contrastes fotográficos entre las imágenes del 2012 en su primera aprehensión y la de su recaptura, la Fiscalía de Veracruz a través de un médico legista expuso que se hicieron exámenes de mentón, orejas, frente, características del cráneo, entre otras, las cuales arrojan -expuso el fiscal- que se trata de la misma persona; sin embargo, Bravo Contreras admitió que la PGJE no realizó exámenes de VIH a Jorge Antonio Hernández para corroborar lo dicho por el anterior fiscal, Amadeo Flores de que el inculpado por el asesinato de Regina Martínez era un enfermo cero positivo.
Bravo Contreras expresó que la sentencia de “El Silva” quedó en 32 años y meses (sic) por el homicidio de la periodista veracruzana.
En el caso del otro presunto homicida, Jorge Adrián Hernández Domínguez “El Jarocho” la PGJE continúa en su búsqueda, informó.
El funcionario estatal admitió que no hay “signos” ni “indicios” de que “El Jarocho” pudo haber sido abatido en Guadalajara, Jalisco en un enfrentamiento entre la delincuencia organizada en la Plaza Antares, como lo reveló el periódico Notiver un año atrás.
“No tengo signos que me permitan suponer eso, tan es así que está Procuraduría lo sigue buscando”, comentó Luis Ángel Bravo.
En rueda de prensa, el fiscal señaló que la fase terminal del juicio establecido en contra de “El Silva” arroja pruebas contundentes que lo identifican “plenamente” como responsable de “atentar contra la vida y patrimonio” de Regina Martínez.
Luis Ángel Bravo dijo que este juicio se aletargó por culpa de la séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del magistrado Edel Álvarez Peña quien fue el artífice de revocar la sentencia de 38 años y dos meses de prisión impuesta por una juez de primera instancia a “El Silva” en agosto pasado.
“El día lunes nosotros hemos dado cumplimiento a un mandato judicial y en base a un rastreo de información e inteligencia y con pruebas periciales contundentes logramos la rehaprensión de Jorge Antonio Hernández “El Silva”, ubicado en el estado de Tlaxcala”.
A decir del funcionario de Javier Duarte, ahora solo falta la aprehensión de “El Jarocho” para dar por concluidas la investigación ministerial 019/2012/PC y el toca en el Tribunal Superior de Justicia 673-13.
Regina Martínez fue privada de su vida el 27 de abril del 2012, en medio de irregularidades, inconsistencias, pifias y negativas a proporcionar información por parte del Ministerio Público de la PGJE y del juzgado tercero del distrito judicial de Xalapa.
Durante dos años y medio el gobierno de Javier Duarte se empeñó en circunscribir el crimen en el robo, sin ahondar en la línea de su trabajo periodístico, como lo pidieron amigos de profesión de la periodista y el propio semanario Proceso –coadyuvante en su investigación- en su momento.
Hoy con la instrucción ministerial y judicial, casi cerrada, varios de los funcionarios públicos de la PGJE y del Poder Judicial del Estado han sido “premiados” por el gobierno de Javier Duarte con mejores cargos.
A propuesta del gobernador Duarte, la jueza Beatriz Rivera Hernández fue propuesta como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), en septiembre pasado. Rivera llevó el expediente del homicidio de la corresponsal de Proceso en esta entidad.
En su resolución, la ahora magistrada pasó por alto las irregularidades en que incurrió el Ministerio Público y la Fiscalía de Veracruz, como la de detener a “El Silva” sin orden de aprehensión y, peor aún, la de torturarlo para que se declarara culpable, según determinó la Séptima Sala Penal del Poder Judicial del Estado (PJE).
A su vez, Marco Antonio Lezama Moo, exsubprocurador de Justicia, fue nombrado el pasado 30 de junio como magistrado del TSJ, pese a los desaseos e irregularidades en las que desahogó la averiguación previa relativa al asesinato de Regina Martínez.
El magistrado Edel Álvarez –exlíder del PRI en la entidad- fue trasladado de la Séptima Sala Penal a la Tercera del Tribunal Superior de Justicia.
Amadeo Flores Espinoza, el exprocurador de Justicia que llevó el caso de los asesinatos de los reporteros de Liberal del Sur y Notisur, Gregorio “Goyo” Jiménez y de la propia Martínez Pérez, fue retirado de la política en febrero de este año; en contraparte, su hijo, el priista Amadeo Flores Villalba fue propuesto, semanas después, como magistrado, pese a no tener carrera judicial y experiencia en temas de procuración de justicia.
El magistrado federal, Agustín Romero Montalvo fue el encargado de desahogar la primera fase del amparo interpuesto por Alfonso Martínez –hermano de la periodista asesinada- y que recayó con el Toca 673/13-SC en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito, a los 3 meses de que ingreso el amparo, María Dolores Silva Ovando, cónyuge de Romero Montalvo tomó protesta como Consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del PJE, a propuesta del propio gobernador priista.

martes, 21 de octubre de 2014

VAN POR EL DESAFUERO!

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Los abogados Luis Alberto Viades Blanco y Juan José Llañes Gil del Ángel informaron que el viernes 17 solicitaron al juez segundo de distrito que determine que se incumplió con su sentencia de amparo. Como consecuencia de ello, deberá remitir el expediente al tribunal colegiado de distrito para que, de acuerdo con la ley de amparo, reitere que hay incumplimiento de una resolución judicial y remita los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del gobernador del estado y los diputados locales.

Por Ana Lilia Velázquez.

Al mismo tiempo, informaron que presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de los 50 diputados que integran el Congreso del Estado y del titular del poder ejecutivo del estado porque estiman que el proceder tanto del Congreso local como del gobernador vulnera los derechos humanos de las trabajadoras contenidos en los artículos 8 y 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el articulo 25 apartado 2-C de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Reiteraron que el laudo no ha sido ejecutado y que contrariamente a lo manifestado por el diputado local Juan Nicolás Callejas Arroyo, no hay negociaciones de ninguna especie. “Deploramos que el Congreso del Estado elija denostar al juez segundo de distrito antes que intentar cumplir con su mandato judicial. La sola sugerencia de que el poder judicial federal tiene intereses particulares o políticos en este asunto tendría que estar sustentada en pruebas fehacientes y solicitamos al director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado a que las presente”, dijeron los abogados,
Durante una conferencia de prensa, expresaron que la actuación del poder judicial federal ha sido apegada a derecho y que lamentan mucho que el trasfondo de esta situación sea el capricho de no cumplir la ley. “El gobierno del estado pierde toda autoridad moral para decir a la opinión pública que se vive en un estado de derecho o exigir el cumplimiento de las normas, el mensaje que se envía a la sociedad es preocupante porque se habla de castigar a los que infraccionan la ley al tiempo que es el propio gobernador quien no acata las resoluciones judiciales”, dijeron.
Los abogados de las dos trabajadoras manifestaron que es incomprensible que el gobierno del estado y los diputados locales emplacen a un reto de tal magnitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo que se advierte con ello es que hay una falta de voluntad para acatar una resolución judicial porque recursos los hay. Recordaron que “la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 422/2010 de la que emanó la jurisprudencia 85/2011 determinó que el Estado se considera siempre solvente y por tanto en actitud de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria, y dado que el cumplimiento de la sentencia de amparo es impostergable tal y como indicó el juez federal, el gobernador y el Congreso del estado deben tomar los recursos de cualquier partida presupuestal, toda vez que el propósito de la sentencia de amparo es el restablecimiento del orden constitucional”.
Luis Alberto Viades y Juan José Llañes Gil del Ángel afirmaron que no tienen interés en que este asunto concluya con la separación del cargo de ningún servidor público, ya que carecen de intereses políticos o partidistas como lo han demostrado a lo largo de los últimos 15 años. “Creemos en la necesidad de que el estado de derecho prevalezca y no será así si no se cumplen las resoluciones judiciales”, dijeron.

Duarte presenta su nueva súper policía en un Veracruz “con menos delitos”

Noé Zavaleta

La presentación de la Fuerza Civil en Veracruz. Foto: Yahir Ceballos
La presentación de la Fuerza Civil en Veracruz.
Foto: Yahir Ceballos

VERACRUZ, Ver. (apro).- Una semana después de que el gobernador Javier Duarte asegurara que los índices delictivos habían disminuido y ahora sólo se cometen delitos del fuero común como, ejemplificó, el robo de “Frutsis” y “Pingüinos” en los Oxxo, la SSP presentó la nueva Fuerza Civil (FC), integrada por 2 mil policías de élite.
Los agentes de la FC fueron capacitados por corporaciones policiacas de distintos países para combatir la delincuencia organizada, los delitos de alto impacto y prestar ayuda en condiciones meteorológicas adversas.
Los integrantes de la Fuerza Civil estarán divididos en varios destacamentos: Paracaidistas, grupo Tajín, división PEA (Policía Estatal Acreditable), división Jaguar, división Fuerza de Reacción y Apoyo (para participar en operativos de delincuencia organizada), compañía K-9 (policías para eventos masivos y de detección de drogas apoyados en una cuadrilla canina), compañía marítima y terrestre, del Estado Mayor y Operativo (EMO), Policía Estatal de Caminos (PEC), Policía Motorizada y Policía Montada (para su adscripción en zonas serranas, rurales y de difícil acceso).
El mandatario aseguró que la Fuerza Civil viene a complementar los trabajos que actualmente desarrolla la nueva Policía Estatal Acreditable.
También destacó que la FC nace “preparada”, “capacitada”, con “altos estándares” de calidad y equipamiento de última tecnología.
Duarte presentó su nueva policía de élite con el antecedente de que, un mes antes, desechó la solicitud que hizo el senador panista Fernando Yunes al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de enviar la Gendarmería Nacional a Veracruz.
La solicitud del panista obedeció a los altos índices de inseguridad, con el aumento de secuestros, “levantones”, homicidios, robos y asaltos de alto impacto, la aparición de fosas clandestinas y los desmantelamientos de centros de adiestramientos de Los Zetas en zonas rurales.
Según Javier Duarte, los dos mil integrantes de la Fuerza Civil pertenecen a la novena y décima generación de la Academia de Policía de “El Lencero”.
En esa institución recibieron adiestramiento de mandos policiacos y militares de Estados Unidos, Francia, Guatemala, Israel, República Checa, Salvador y también del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina-Armada de México.
“Por ello, nuestros elementos de la Fuerza Civil han aprobado y superado los exámenes más estrictos de evaluación y confianza. La Fuerza Civil no sustituye –enfatizó Duarte– a la Policía Estatal Acreditable, pero es una suma estratégica, en donde su función principal será el combate a la delincuencia organizada y auxiliar a la población en caso de desastres naturales”.
Durante el acto protocolario, la FC realizó actividades de demostración vía área y marítima; además hubo la presentación del nuevo equipo vehicular, consistente en automotores Burka con blindaje nivel 6, Suburbans con el techo semidescubierto para llevar un francotirador de avanzada y camionetas pick up 4×4 todo terreno.
En la presentación del cuerpo de élite, Duarte fue acompañado por el secretario de Marina, Francisco Soberón Sanz; el comisionado de Seguridad Pública Nacional, Monte Alejandro Rubido, y el responsable de la SSP, Arturo Bermúdez, aunque también se había confirmado la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien de último momento desairó el evento.
En su discurso, el titular de Semar, Francisco Soberón, aseguró que la Fuerza Civil, al igual que otros cuerpos policiacos de elite, tendrá una vigilancia estrecha del gobierno federal, por lo que a los nuevos policías les exigió “conducirse” con honestidad, transparencia, ética, profesionalismo y un respeto absoluto a los derechos humanos.
Soberón reconoció que la Fuerza Civil obedece a las demandas del presidente Enrique Peña Nieto de “capacitación” y “entrenamiento”, y que su certificación recaerá en la honestidad, profesionalización y capacidad de servicio: “Esas serán sus mejores armas”, dijo.
“Con la Fuerza Civil de Veracruz este estado inicia una etapa de consolidación de sus cuerpos de seguridad, etapa en la que las fuerzas armadas mexicanas continuaremos apoyando a los veracruzanos”.

Intelectuales del mundo a Peña: “¿De qué tamaño son las fosas en México, cuántos más caben en ellas?

Familiares de normalistas desaparecidos protestan en Tixtla, Guerrero. Foto: Germán Canseco
Familiares de normalistas desaparecidos protestan en Tixtla, Guerrero.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- Intelectuales y académicos de 60 países y 500 universidades, centros de investigación y organizaciones civiles y ciudadanos de todo el mundo exigieron la “renuncia inmediata” del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de su procurador Iñaki Blanco Cabrera y todos los policías y miembros del Ejército que hayan sabido, encubierto o participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La petición incluye al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, si se demuestra que tuvo conocimiento de las acciones ilícitas del exalcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y fue omiso al respecto.
En una “Carta Abierta desde el Extranjero #AyotzinapaSomosTodos” –que será publicada en la prensa internacional y entregada en consulados y embajadas de México este miércoles 22–, los intelectuales critican la “lentitud” y “aparente negligencia” con la que avanzan las investigaciones en torno al asesinato de tres normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 más el viernes 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
En su misiva, exigen la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, así como el cese de represalias y hostigamiento a los alumnos de la Normal de Ayotzinapa, y a los estudiantes en general.
Además de que Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa sean “inmediatamente detenidos, procesados y castigados” dentro del marco de la ley.
También piden una investigación “confiable, real y transparente”, con la participación de peritos y observadores internacionales, como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En su misiva, señalan que no cesarán ni dejarán de insistir de esta y otras maneras para exigir el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos hace casi un mes en Iguala.
“Continuaremos atentos a los acontecimientos y ampliando las redes de información entre colegas, estudiantes y amistades en México y el extranjero.
“No podemos permitir que se repitan masacres como la del movimiento estudiantil de 1968 o la persecución y aniquilamiento de poblaciones campesinas como las de Acteal y Aguas Blancas”, advierten.
Luego señalan que los hechos ocurridos en Iguala, el 26 de septiembre, “son una de sus manifestaciones más execrables en la historia del país”.
Y afirman que les indigna “profundamente” que ante la magnitud de los hechos el gobierno mexicano ofrezca declaraciones contradictorias y presente resultados, no sólo nulos sino incluso más preocupantes, ya que las irregularidades de la investigación aumentan cada día sin que se sepa nada respecto de la aprehensión de los culpables o del paradero de los 43 estudiantes.
En cambio, añaden, se han descubierto muchas fosas más, muchos cadáveres más, por lo que preguntan: “¿De qué tamaño son las fosas en este país, cuántos más caben en ellas, cuántos más esperan el mismo destino?”.
Por si fuera poco, señalan, hasta ahora no se ha dado a conocer el nombre de los detenidos ni las líneas de investigación. “Son lamentables la lentitud y la aparente negligencia con la que avanzan las investigaciones”, fustigan.
Y si lo ocurrido es de por sí terrible, subrayan, la actitud general de los órganos de gobierno “es una afrenta al sentido de humanidad y a la inteligencia de quienes observamos en la distancia”.
Los denunciantes señalan que la realidad que México ha mostrado al mundo es decepcionante:
“El caso de Iguala, sumado a muchos otros sucesos en los últimos meses, ha dejado claro que no se puede hablar ya de criminales comunes sino de la criminalidad de representantes del gobierno tanto local como estatal y federal, que por acción u omisión permitieron que esto ocurriera y ahora no parecen hacer lo necesario para resolverlo y restaurar la confianza en ese mismo gobierno.
“No entendemos que el gobernador de Guerrero no haya renunciado aún y que las autoridades federales estén conformes con esta situación.
“Todos sabemos que el gobernador estaba al tanto de la situación en Iguala –él mismo lo declaró así y aseguró que también el Ejército y la Procuraduría General de la República lo sabían. Nos preguntamos entonces, ¿qué otras situaciones de colusión entre crimen y gobierno, que ningún estado de derecho podría tolerar, son del conocimiento de las autoridades?”, inquieren.
Los firmantes afirman que el caso de Ayotzinapa rebasó un límite que no debería haber sido nunca cruzado. “Sumamos nuestra indignación y nuestra solidaridad para con los estudiantes normalistas mexicanos y sus familias”, refrendan.
La carta está dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa; Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación; el ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Al diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados; Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado, así como a todas las mexicanas y los mexicanos, las personas que fuera de México siguen los acontecimientos violentos recientes, a la opinión pública, a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, a sus familiares y compañeros.
Entre los firmantes de la misiva se encuentran Noam Chomsky, Edgardo Buscaglia, Elena Poniatowska, Alicia Schmidt Camacho, Andrés Lajous, Natalia Majluf, entre otros miles de académicos e intelectuales de diversas universidades e institutos del mundo.
Los interesados en firmar la carta pueden acceder a la siguiente página: http://ayotzinapasomostodos.wordpress.com/2014/10/17/carta-abierta-desde-el-extranjero-ayotzinapasomostodos/

A 4 meses de los hechos, la CNDH concluye que militares ejecutaron a 15 en Tlatlaya

Raúl Plascencia, titular de la CNDH. Foto: Miguel Dimayuga
Raúl Plascencia, titular de la CNDH.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, emitió esta tarde una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del Estado de México, por la muerte de 22 civiles a manos de militares en Tlatlaya.
Hasta ahora, dijo, no hay ningún militar procesado por los homicidios, pese a que desde el 3 de julio pasado la PGR tuvo en sus manos un desglose de la investigación abierta por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
La recomendación por el multihomicidio se da a casi cuatro meses de los hechos y a unos días de que Plascencia concluya su gestión al frente de la CNDH, con posibilidades de ser reelegido por el Senado, aunque hasta ahora no ha definido si participará en el proceso.
En conferencia de prensa para informar sobre la recomendación 51/2014, Plascencia Villanueva aseguró que de las 22 personas fallecidas, el organismo logró acreditar que 12 de ellas, que no estaban heridas y se habían rendido, fueron víctimas de ejecución arbitraria por parte de efectivos militares, mientras que en tres casos más hay indicios de que fueron ejecutadas, pero no hubo forma de corroborarlo debido a que los cuerpos fueron movidos. El resto de las víctimas habrían sido heridas en la refriega, apuntó.
El ombudsman aseguró que de acuerdo con las investigaciones realizadas –con entrevistas a dos de las sobrevivientes que se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Tepic, Nayarit; a militares que participaron en los hechos y a familiares de víctimas y vecinos de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya–, antes de las ejecuciones se registró un enfrentamiento entre los militares y hombres armados que se hallaban en una bodega, presuntos miembros de un grupo delincuencial.
En el enfrentamiento, que tuvo una duración de entre cinco y 10 minutos, uno de los ocho militares habría resultado herido, además de cuatro civiles, tres en “fuego cruzado”. Pasados los 10 minutos de balazos, los soldados entraron a la bodega y privaron arbitrariamente de la vida a 12 sujetos que ya se habían rendido, insistió.
El organismo detectó “esquimosis y escoriaciones en cuatro de los civiles que, dijo, fueron torturados antes de su ejecución, y dos de las víctimas, añadió, eran menores de edad. Un tenía 17 años y la otra 15.
Los visitadores de la CNDH acreditaron que al lugar de los hechos arribaron soldados de Arcelia, que se sabe recogieron al militar herido, y sobre el 102 Batallón de Infantería no pudo ser esclarecida su participación.
De acuerdo con las declaraciones de dos sobrevivientes que son procesadas por portación de armas y a quienes la CNDH aplicó el Protocolo de Estambul, fueron intimidadas por parte de agentes ministeriales del Estado de México para autoincriminarse, en tanto que en el expediente integrado por la dependencia estatal “no hacen referencia a que hubieran observado que fueron privadas de la vida las 22  personas que ahí se encontraban”.
Otras irregularidades detectadas por el organismo, apuntó Plascencia Villanueva, es que se alteró la escena de los hechos, se movieron los cuerpos y se les colocaron armas, además de que “se sustrajeron de la escena teléfonos, equipo de radiocomunicación y otro tipo de elementos cuya existencia fue referida en los testimonios de los sobrevivientes, pero también aparecen varias de las imágenes”, obtenidas por el organismo.
Detalló que a pesar de que desde el 3 de julio la PGJEM había remitido a la PGR una carpeta de investigación para que continuara la investigación por el fallecimiento de 22 personas con la participación de elementos militares, fue hasta el 23 de setiembre que la dependencia encabezada por Jesús Murillo Karam inició una investigación, que hasta ahora “no ha sido consignada y no existen elementos militares que enfrenten alguna acusación penal por el homicidio en el cual intervinieron”.
Raúl Plascencia Villanueva recomendó incluir a los familiares de los 22 ejecutados en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso “al fondo de ayuda y reparación integral previsto en la Ley General de Víctimas”, de manera de que puedan ser indemnizadas por la Sedena, la PGR y el  gobierno del Estado de México.
El ombudsman pidió al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, dar atención psicológica y médica a las sobrevivientes; atender el Manual del Uso de la Fuerza; dar indicaciones para que el personal se “abstenga” de alterar las escenas de hechos y “tergiversar la verdad histórica”; que colabore con la CNDH en la presentación de la denuncia interpuesta en la PGR por lo homicidios y en la Unidad de Inspección y Contraloría General, y que dé instrucciones para que la Procuraduría General de Justicia Militar continué sus indagatorias contra los elementos que participaron en la masacre.
A la PGR le demandó tomar en cuenta la recomendación para acelerar la consignación de los responsables del multihomicidio; que considere las violaciones a los derechos humanos cometidos contra las sobrevivientes por parte de policías ministeriales del Estado de México, para que sean tomadas en cuenta en el proceso judicial que se les sigue, y que colabore con la CNDH en la denuncia contra los servidores públicos de la dependencia por las omisiones descritas.
Al gobernador Eruviel Ávila recomendó dar curso de capacitación en medicina forense, criminalística y derechos humanos, y que se investigue a los agentes responsables de abrir la indagatoria y de haber presionado a las sobrevivientes para que se autoincriminaran.
Al preguntarle si participaría en el proceso de renovación de la presidencia de la CNDH, una vez que el Senado lanzó la convocatoria, el ombudsman, quien legalmente concluye su mandato el 15 de noviembre, señaló que mañana dará a conocer su decisión, luego de consultar con su familia.
Plascencia Villanueva ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por su gestión, que ha llevado a familiares de víctimas de migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas (en 2010), a interponer un amparo contra la recomendación que emitió al respecto, en tanto que organizaciones civiles han solicitado a la Cámara de Diputados un juicio político en su contra.
Sin embargo, para el presidente de la CNDH el elemento que será analizado por él y su familia para decidir si entra en el proceso de elección o se retira, es “el riesgo” en el que supuestamente se le puso por la publicación de un reportaje en el periódico Reforma sobre la construcción de una casa al sur de la ciudad de México, supuestamente valuada en 20 millones de pesos.
“Hoy (martes)  por la tarde estaré platicando con mi familia para que (tome la decisión) a partir de los  acontecimientos que se han dado en los últimos días, en donde he observado una serie de señalamientos que han puesto en peligro la propia integridad de mi familia, al atribuirnos, en todo caso, señalamientos que sin duda no corresponden a la verdad, pero que además implican ya un costo para mi propia familia que no se desempeña como servidor público”, subrayó.

Alejandro Solalinde: Dios quiera y estés equivocado

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CLAROSCUROS
Por José Luis Ortega Vidal

(1)

El 29 de julio del 2011, en Coatzacoalcos, se hincó para orar en voz alta ante un improvisado altar y pidió “perdón a los zetas y a todos los hermanos a los que hemos fallado”.
“Son víctimas de una sociedad enferma que no supo darles apoyo, que no supo darles valores”, afirmó.
El sacerdote incómodo, el cura rebelde de la Diócesis de Tehuantepec; Alejandro -el magno líder espiritual de los centroamericanos y mexicanos marchitos- hacía una parada en la caminata por los desaparecidos.
Por otros desaparecidos…
Por más desaparecidos en un país donde ser borrado es cosa de todos los días…
Donde dejar de ser - incluso- una estadística, resulta tema común.
Madres y hermanos –retratos en ristre- recorrían México preguntando por los que partieron en búsqueda de trabajo, ilusionados, esperanzados, responsabilizados de sí mismos o de esposas, hijos, familias que en Centroamérica y en las zonas urbanas y rurales pobres de México observan en la migración una puerta de salida ante el olvido.
(2)

El perdón a los zetas, uno de los grupos más sanguinarios del crimen organizado mexicano causó furor.
Protagónico, lo llamaron.
Payaso, le dijeron.
El sacerdote llamó la atención y fue secundado por feligreses que lo siguen o se acuerpan bajo su sombra profundamente mediática, dirían cronistas y columnistas.
Antes, entre enero y mayo del mismo 2011, Alejandro Solalinde Guerra definió a Veracruz como el cementerio de migrantes más grande de México.
Sus declaraciones se reprodujeron a nivel nacional e internacional.
Sacudió tripas, una vez más, de la gente en el poder.
Los políticos, prestos, respondieron una y otra vez que eran inventos del cura considerado tras bambalinas –y por decir lo menos- un “castroso”; izquierdista trasnochado; representante de los más oscuros intereses en la búsqueda del propio poder al que tanto critica.
Ocurrió, empero, que aparecieron fosas clandestinas en varios puntos del Sur de Veracruz.
La más notable una con 28 cadáveres en Tres Valles, sobre cuenca del Papaloapan, ubicada el 18 de junio del 2014 y reconocida oficialmente.
Otras que se registran como parte del trabajo periodístico de investigación –escaso pero existente- que raros ejemplares reporteriles desarrollan en territorio jarocho pero que no son admitidas por los representantes de las instituciones.
Se corrobora que en México, hoy en día, se pierde la categoría de estadística e incluso se agota el derecho a formar parte de un argumento.
Hay gente que en nuestro país simplemente desaparece, se va, se esfuma, muere, deja de ser y cuando la gente que le quiso dice adiós a su paso terrenal se lleva incluso su recuerdo.
Caso sin precedente en la historia de México: somos un país donde ya no se nos quiere ni en calidad de fantasma.
Para las declaraciones políticas, esa gente no existió, ni desapareció, ni nada.
Para las estadísticas oficiales, esas personas no aparecen ni en calidad de número y por tanto no pueden ser una suma y tampoco una resta.
Ante la aparición de fosas y el escándalo mundial por la violación sistemática de los derechos humanos de migrantes incluso se crearon mecanismos para cerrar el paso a “la bestia”, el transporte de los migrantes pobres, antes que generar los empleos y el desarrollo económico que los mantendría en sus lugares de origen.
Ha sido como vestir de seda a la mona de la migración, aunque la mona migratoria -al final- mona se queda.
(3)
Desde la semana pasada Alejandro Solalinde Guerra, el padre de Ixtepec, Oaxaca, el promotor del albergue que salva vidas y da alimentos aún contra las órdenes obispales, ha vuelto a las andadas.
Afirmó contar con datos -proporcionados por testigos- que ubican a los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, muertos.
Los quemaron vivos, algunos ya estaban muertos cuando los convirtieron en una pira humana, pero otros aún estaban vivos, dijo Solalinde.
Algunos medios a nivel nacional recogieron sus palabras.
Otros aguardaron.
La PGR reaccionó, sus voceros dijeron que lo llamarían a declarar.
El padre incómodo del poder político y eclesiástico respondió que iría con gusto ante los fiscales.
Ayer, lunes 20 de octubre, la noticia ha tomado fuerza.
Solalinde ha venido declarando que en Los Pinos y en la PGR lo saben todo pero visten la tragedia de los normalistas con el traje político más cómodo, el que disminuya –hasta donde sea posible- los daños colaterales para el grupo en el poder.
Solalinde será llamado a declarar ante la PGR y el luchador por los derechos humanos irá.
Quizá dará a la PGR datos, versiones, que la Procuraduría no tiene.
Tal vez no.
Es probable que Solalinde les diga lo que ya saben.
Estamos, en todo caso, ante la posibilidad de que simple, llana y cruelmente el caso de los normalistas desaparecidos, salga del misterio en el que se envuelve por afanes políticos y económicos ya referidos por el propio Alejandro Solalinde y por el sentido común.
(4)

Todos deseamos que los muchachos estén vivos.
Dios quiera y Solalinde esté equivocado.
Que sus fuentes le hayan mentido.
¡Que los muchachos de Ayotzinapa aparezcan y vuelvan a sus clases y que se conviertan en maestros y un día platiquen a sus hijos y a sus nietos y a sus alumnos los detalles de la pesadilla que vivieron y que no se le desea a nadie!
Alejandro Solalinde: porfavor, en esta ocasión, a diferencia de las previas, dinos que te has equivocado.