María Luisa Vivas
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| Un federal se fotografía con un autodefensa en Apatzingán, Michoacán. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO,
D.F., (apro).- Con la firma del acuerdo entre el gobierno federal y los
grupos de autodefensa en Michoacán, el gobierno federal –en
contravención de la Constitución, y de las instituciones, en particular
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—legitimó un modelo
paramilitar, afirma Erubiel Tirado, experto en temas de seguridad de la
Universidad Iberoamericana.
El paramilitarismo, precisa en
entrevista, se da en aquellos casos en que un grupo se uniforma y se
organiza de forma paralela a la autoridad militar o porque su regulación
proviene del ámbito castrense.
En este caso, los miembros de las
autodefensas no son soldados pero responden a la autoridad militar y eso
los convierte en un grupo paramilitar, explica el experto en temas de
Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana.
Pero además,
sostiene que el gobierno los avaló y jamás investigó ni investigará si
en su lucha contra el crimen organizado que, en los hechos, es una
“venganza particular”, cometieron abusos o victimaron a inocentes.
“Ni
siquiera se está investigando la acción de las autodefensas, la
venganza personal está prohibida y la portación de armas también.
“El
origen de las autodefensas es ilegal, hay un problema de legitimidad,
es necesario que se investigue. Nadie nos ha dicho si hay víctimas
inocentes por parte de las autodefensas.
“Si hay atenuantes en la
conducta de las autodefensas, eso lo tiene que resolver un juez. Se
sienta un mal precedente con este esquema” de institucionalización de
las autodefensas, enfatiza el especialista.
Se trata, abundó, de una estrategia contrainsurgente “para que las autodefensas hagan el trabajo sucio al Ejército mexicano.
“Es
parte de este experimento contrainsurgente por parte del sector duro
del gobierno de Enrique Peña Nieto: ‘yo dejo que se armen, que limpien,
los incorporo, los legalizo y si hubo abusos me hago de la vista gorda y
no investigo, al fin y al cabo los Caballeros Templarios no me
importan’”, arguye el académico de la Ibero.
Estudioso del estado
de las relaciones civiles militares en el país, Erubiel Tirado sostiene
que hay un vicio de origen en la legalización de las autodefensas al
querer rescatar la esencia jurídica de las defensas rurales para
“normalizar” una situación a todas luces ilegal.
El Estado
mexicano, afirma, no debería aceptar grupos de autodefensas y si permite
que crezcan estará poniendo en duda las estructuras estatales y
gubernamentales.
De hecho, sostiene que en el caso del tratamiento
que se le está dando a la violencia en Michoacán se recurrió
“técnicamente” a una sucesión de garantías al intervenir el gobierno
estatal en materia de seguridad e incluso para reconstruir el tejido
social.
El nombramiento de un comisionado de seguridad, como el
que el gobierno otorgó a Alfredo Castillo en Michoacán, “no tiene un
asidero legal, no tiene ningún fundamento constitucional”.
A
juicio del también miembro del Seminario de Investigación y Educación en
Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles
Militares de la Ibero, las autodefensas no son un mal necesario, “lo que
tenemos que hacer es reclamar a las autoridades y exigir eficiencia en
la administración del gobierno, en las policías, en la capacidad de
realizar detenciones”, sostuvo.
De lo contrario, dice, lo único que hará el gobierno es promover la venganza particular.
Con
la firma del acuerdo, sostiene, el Estado mexicano y el gobierno quedan
mal parados porque no han garantizado la seguridad, o lo han hecho mal
desde 2005 los diferentes gobiernos que han pasado por ahí, “todos con
el mismo resultado desastroso”.
Por si fuera poco, refiere, el
acuerdo es inequitativo porque no aplica para el resto de las
autodefensas que día a día surgen en el país. Con la firma de este
acuerdo, afirma, el gobierno aplica la máxima de “para los amigos
justicia y gracia, para los enemigos la ley a secas”.
El
especialista de la Ibero considera que habrá quienes argumenten que el
gobierno pacificó Michoacán a su manera y que eso está bien pero aseguró
que en términos estructurales no hay una solución de fondo y la
estrategia empleada es autoritaria y antidemocrática.
La
federación “combatió ilegalidad con ilegalidad”, con las autodefensas
crearon su versión posmoderna de “Chucho el roto”, ironiza.
“El
precedente es preocupante, la complicidad social también. Los ven con
mucha simpatía pero no hay que idealizarlos. No son un mal necesario” lo
que se debe hacer es exigir a las instituciones que respondan y
garanticen la seguridad, insiste.
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