Por Noé Zavaleta
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Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Foto: Yahir Ceballos |
Durante 52 meses el gobernador de Veracruz –el priista
Javier Duarte– mostró un gran talento para no ver la realidad. Aseveró
que en su estado, uno de los más golpeados por el narco, sólo se robaban
Frutsis y Pingüinos; que los Juegos Centroamericanos de 2014 –en los
que ni siquiera se construyeron villas para los atletas– fueron los
mejores de la historia, y que Veracruz es seguro para los periodistas,
pese a que ahí abundan los asesinatos de comunicadores… Lo que ya no
pudo negar es el desastre financiero de la entidad, fomentado por el
despilfarro y las deficientes políticas públicas. Ahora que los pasivos
pueden alcanzar los 98 mil millones de pesos y la insolvencia es
cotidiana, lanza un “plan de ajuste”.
XALAPA, Ver. (Proceso).- Aunque el gobierno de Javier Duarte lo
minimiza, las finanzas públicas de Veracruz son un desastre. En el
diagnóstico coinciden políticos del PAN, PT y PRD, y bajo anonimato lo
admiten funcionarios estatales y empleados priistas.
Las evidencias son numerosas. Una semana antes de que arrancara la
Cumbre Tajín (realizada del jueves 19 al domingo 22), el secretario de
Turismo y Cultura, Harry Grappa, aceptó que el espectáculo estelar de
dicho festival –con un costo de 14 millones de pesos– fue cancelado por
falta de presupuesto. Para atemperar las críticas en medios nacionales,
la oficina de prensa de Duarte envió 11 boletines alusivos al encuentro
dos días antes de que iniciara el festejo.
Otra: el martes 17 y en plenas semifinales de la Liga Nacional de
Baloncesto Profesional (LNBP), los jugadores del equipo Halcones Rojos
–subsidiado en su totalidad por el DIF estatal– decidieron abandonar el
entrenamiento porque no les han pagado.
En esa misma coyuntura, los extrabajadores de los XXV Juegos
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC, justa catalogada por
Duarte como la mejor de la historia) continúan reclamando el pago de
cuatro quincenas y la segunda parte del aguinaldo, pese a que el
certamen deportivo concluyó hace 120 días.
La última protesta fue apenas el martes 17, cuando un grupo de
empleados decidió cerrar un carril de la calle ubicada frente a Palacio
de Gobierno. Inicialmente los inconformes pensaban trasladar su
manifestación a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero
cancelaron el movimiento por una amenaza que, aseguran, recibieron de
directivos de esa dependencia: “Entre más protesten, menos les vamos a
pagar”.
En el gobierno de Duarte, mandos medios y enlaces de prensa de varias
dependencias admiten que hay una especie de “inanición gubernamental”
por la falta de recursos: denuncian infraestructura pública paralizada,
operaciones quirúrgicas o subsidios médicos detenidos y entrega a
cuentagotas de apoyos en municipios afectados por el clima.
El colmo: empleados del Comité Estatal del PRI aseveran que sus
sueldos sufren retrasos de más de una semana, pues las prerrogativas que
debería canalizar mes con mes el Instituto Electoral Veracruzano (IEV)
llegan con retraso por culpa de la Sefiplan.
La demora de pagos también llegó al sindicato de la Universidad
Veracruzana, a los estudiantes inscritos en el Programa Nacional de
Becas (Pronabes), a organizaciones campesinas y al sindicato de
trabajadores del Poder Judicial.
Por favor, este mes sí paguen…
En la iniciativa privada, líderes de cámaras empresariales, como la
CMIC, la Canaco y la Coparmex, en ruedas de prensa realizadas mes con
mes, conminan al gobierno de Duarte a “reiniciar” los pagos por
construcción, proveeduría y otros servicios.
En diciembre pasado, el extitular de la Sefiplan, Mauricio Audirac
Murillo, admitió que el pasivo oficial de Veracruz rebasa los mil 492
millones de pesos. De esa cantidad, 643 millones 668 mil pesos son deuda
contraída con cámaras empresariales, prestadores de servicios y
proveedores, mientras que a contratistas se les debe poco más de 849
millones. De diciembre a marzo esa cifra aumentó, pero el gobierno no ha
dicho cuánto.
El grupo transportista ADO sí hizo público su caso. En el suplemento
Cancha, del diario Reforma, se quejó de un adeudo de 21 millones de
pesos por la renta de 186 autobuses de lujo y 35 camionetas Mercedes
Benz, que operaron en Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa,
Córdoba y Tuxpan. Ya presentó una denuncia civil.
Así, presidentes del PT, PAN y PRD repudiaron –en vísperas de las
campañas electorales– la situación financiera provocada por la actual y
las pasadas administraciones priistas. Fidel Robles, dirigente estatal y
diputado local petista, anunció que solicitará un juicio político
contra Duarte por malversación de fondos públicos y la conformación de
una estratosférica deuda pública, la cual asciende a 98 mil millones de
pesos, según “datos recabados”, expresa, en la Cuenta Pública
Consolidada 2013:
“Sabemos que no se liberaron recursos del Fonden (Fondo de Desastres
Naturales) en todo el sexenio de Duarte. Además, ciudadanos de todos los
estratos sociales han recurrido a mí para denunciar omisiones graves en
entes públicos, obras mal hechas, inconclusas o etiquetadas y no
terminadas. Estamos ante un desastroso sexenio de Duarte y sus desleales
colaboradores.”
La cifra mencionada por Robles incluye el débito reportado ante la
Secretaría de Hacienda, que ronda los 40 mil millones de pesos; créditos
bancarios; pasivo circulante, que está en los mil 500 millones de
pesos; cuentas pendientes por pagar a ayuntamientos, como aportaciones
federales, partidas del Fonden, programas de obra estatal y el Subsidio
para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), entre otros; más los
retrasos y deudas vinculados a los órganos públicos desconcentrados y
autónomos.
“Ni nos ven ni nos oyen”
En el PAN asientan que el gobierno de Duarte es indiferente a los
reclamos por la quiebra financiera y el desvío de recursos. De hecho,
aseguran, aplica la frase del expresidente Carlos Salinas: “Ni los veo
ni los oigo”.
El diputado local Julen Rementería cifra en 3 mil millones de pesos
las irregularidades en la Sefiplan, que se concentran en los rubros
relativos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre el Hospedaje
(ISH). Los números que difunde la Tesorería, dice, no cuadran con los
reportados ante el Órgano de Fiscalización (Orfis), ente auditor
calificado por Rementería como “ciego, inepto, obeso y vago”.
Pese a ello, continúa, la administración priista –confabulada con su
bancada y la Junta de Coordinación Política en el Congreso local– se
niega a exigir la comparecencia de los titulares de la Tesorería, Orfis y
la contraloría estatal.
Tan sólo en el informe de la cuenta pública 2013, la Sefiplan reportó
ingresos tributarios por mil 960 millones de pesos, mientras que el
Orfis sólo apuntó 669 millones. Es decir, existe una diferencia de mil
200 millones que nadie explica.
“Claro que es dinero que jinetearon, robaron, se fue para campañas,
lo desviaron… ¿Con qué ánimos el ciudadano, el empresario va a querer
pagar impuestos? A mí me ha reclamado Lorenzo Portilla (auditor del
Orfis) que por qué no le creo, que hace bien su trabajo. Ya le dije que
no quiero creerle, sino que me lo demuestre.”
Alcaldes del PRD, por su parte, han cerrado en diversas ocasiones el
centro de la ciudad y tomado las instalaciones de la Sefiplan para
exigir que se liberen los recursos adscritos al Fondo Social de
Infraestructura Municipal (FSIM) y que se “corrijan errores
administrativos” cometidos por el gobierno de Javier Duarte a la hora de
asignar esas partidas.
Cuatro años en reaccionar
Con maestría en derecho, economía y políticas públicas por la
Fundación José Ortega y Gasset, de Madrid, y con un doctorado en
economía por la Universidad Complutense, también de la capital española,
Javier Duarte esperó hasta el mes 52 de su gobierno –cuando las
críticas de la oposición y de los empresarios eran unánimes– para hacer
un cambio en las finanzas de su gobierno, problema que en estos días se
convirtió en el mayor motivo de preocupación entre los veracruzanos,
superando a la ola de delincuencia –otro sello de su administración.
Duarte anunció un Plan de Ajuste al Gasto Público (PAG), cuyo punto
medular es prohibir erogaciones que durante los primeros cuatro años de
su gobierno fueron solapados o incluso fomentados. Además, removió a su
quinto tesorero, Mauricio Audirac, y en su lugar nombró al
administrativo educativo, Antonio Gómez Pelegrin.
Antes de Audirac, por la Sefiplan desfilaron el exlíder nacional de
Nueva Alianza, Tomás Ruiz, hoy en la Secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas; Salvador Manzur, actualmente delegado nacional de
Banobras y famoso a escala nacional por ser parte de la red de mapaches
electorales detectados en la Secretaría de Desarrollo Social federal
(Sedesol); Carlos Aguirre, quien sólo fungió como encargado de despacho,
y Fernando Charleston, quien estuvo un año en el cargo y prefirió
renunciar para regresar a su curul en San Lázaro.
El PAG ordena, entre otras cosas, “restringir los servicios de
seguridad personal” entre los mandos medios y superiores; reducir el
número de “asesores y personal de apoyo”, y limitar la contratación de
“asesoría y estudios”.
El documento de 10 puntos contempla también la “reducción al mínimo”
de los apoyos otorgados mediante “subsidios” y la revisión de
“compatibilidades laborales” para evitar que el personal “cobre en dos o
más lugares”. Paralelamente, las dependencias que están arrendando
inmuebles presentarán un “programa real” de reducción de espacios que
permita pagar menos.
Ante su gabinete y sin la presencia de reporteros –sólo fotógrafos y
camarógrafos–, Duarte explicó que Veracruz “no está ajeno” a la crisis
económica que se deriva, resumió, de la caída de los precios del
petróleo y el incremento en las tasas de interés estadunidenses.
“De forma oportuna y responsable el gobierno del estado se suma a
este esfuerzo para enfrentar este entorno. La premisa de la acción
siempre ha sido la responsabilidad, que obliga a pensar sólo en el
bienestar duradero de los veracruzanos”, dijo en su mensaje, para
justificar la “profunda reingeniería” en la gestión pública estatal.
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