Jorge Carrasco Araizaga
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El municipio mexiquense de Tlatlaya, en el Edomex. Foto: Google Maps |
Sólo bajo presión las autoridades mexicanas debieron
reconocer que lo ocurrido el pasado 30 de junio en el municipio de
Tlatlaya es demasiado turbio, por lo que debe ser aclarado. Testimonios y
fotografías desmienten la versión original, la de un supuesto
enfrentamiento entre militares y criminales, y hablan en cambio del
asesinato de presuntos delincuentes que ya se habían rendido. Sedena ya
consignó ante un juez militar a ocho de los participantes en esa acción,
acusándolos de “desobediencia” e “indisciplina”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Contra su voluntad, el
gobierno mexicano ha tenido que actuar ante las crecientes evidencias de
una posible matanza de civiles perpetrada por el Ejército, pero se
encamina a culpar a “soldados desobedientes” para evadir cualquier
responsabilidad política.
Sin explicar aún qué pasó la madrugada del 30 de junio en el poblado
San Pedro Limón del municipio mexiquense de Tlatlaya, ya dirigió la
atención a militares de infantería de bajo rango participantes en lo que
cada vez más toma la forma de una ejecución sumaria de 21 presuntos
delincuentes que se habían rendido, más el abatimiento de otro que
habría muerto en condiciones de enfrentamiento, según los testimonios e
imágenes publicadas por la prensa nacional e internacional.
La noche del pasado jueves 25, luego de que Proceso
diera a conocer en su portal electrónico que ese día un grupo de
soldados rasos más un teniente habían sido consignados ante un juez
castrense, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que un oficial y
siete elementos de tropa fueron puestos a disposición del juzgado Sexto
militar.
La Sedena agregó que sus elementos quedaron “internos” en la prisión
del Campo Militar Número 1, en el Distrito Federal, por su presunta
responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina
militar –sin explicar en qué consistió ésta–, desobediencia e infracción
de deberes. Precisó que el último de los cargos sólo aplica para el
oficial. Los acusados están recluidos en un sector conocido como “las
negras”, por lo reducido y oscuro del espacio.
El reportero Arturo Rodríguez había adelantado la información y
pronto fue reproducida en distintos medios, ante el silencio inicial del
Ejército. La Sedena se vio obligada a informar, tal y como había
ocurrido una semana antes, luego de que la administración de Barack
Obama hiciera una declaración pública en la que le pidió al gobierno de
Peña Nieto una investigación verídica de lo ocurrido en el Tlatlaya,
Estado de México (Proceso 1977).
Sedena, que se había empeñado en sostener que el abatimiento de los
presuntos delincuentes ocurrió a raíz de un enfrentamiento durante un
patrullaje militar, indicó que la intervención de la justicia castrense
era independiente de las investigaciones de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la
Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH). Pero el comunicado de la Sedena amplió las
dudas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1978, ya en circulación)
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