Por Noé Zavaleta
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Periodistas y familiares exigen la aparición con vida de Moisés Sánchez. Foto: Yahir Ceballos |
XALAPA, Ver. (apro).- A casi tres semanas de haber sido
secuestrado por un comando en su domicilio de Medellín de Bravo, el
reportero de La Unión y activista vecinal Moisés Sánchez Cerezo no ha
sido localizado.
Pese a que el fiscal general del estado Luis Ángel Bravo admitió que
ya se han examinado cuatro cadáveres hallados en la región donde Sánchez
Cerezo fue levantado el viernes 2, las pruebas periciales, de genética y
la propia auscultación física y el reconocimiento de los familiares del
reportero han resultado negativas.
“Les hemos hecho exámenes de ADN, físicos y genéticos, e incluso el
propio hijo de Moisés Sánchez (José Sánchez Ordóñez) ha visto los
cuerpos y no ha reconocido que alguno corresponda al de su padre”.
Bravo Contreras aseguró que elementos de la Secretaría de Marina,
Fuerza Civil –cuerpo de élite de la Policía Estatal Acreditable– y
elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya extendieron el
cerco de localización del activista a los municipios de Soledad de
Doblado, Jamapa, Cotaxtla, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y más
municipios.
El fiscal Luis Ángel Bravo dijo que, hasta el momento, “la única
línea fuente de investigación” son los conflictos del alcalde panista
Omar Cruz Reyes con Moisés Sánchez: “Dicho por los familiares del
periodista, no por el gobierno del estado; es en esa línea de
investigación en la que hay pruebas y videos”.
En una mesa de trabajo con periodistas de Xalapa, quienes han
protestado en seis ocasiones para exigir al gobierno de Javier Duarte la
localización de Moisés Sánchez y el deslinde de responsabilidades,
Bravo Contreras se hizo acompañar del secretario de Gobierno, Gerardo
Buganza, para garantizar que día con día hay una “bitácora de trabajo” en
donde policías ministeriales y de SSP dan a conocer el avance de la
indagatoria, documento que se mantiene en secrecía “para no entorpecer
las investigaciones” por parte de la autoridad estatal.
En la búsqueda del comunicador, hasta el momento sin resultados,
Bravo Contreras admitió que el caso no ha sido del todo atraído por la
PGR, que hasta el momento “sólo coadyuva”.
Además explicó que en tanto no se demuestren indicios de delincuencia
organizada, no se podrá dar una total atracción por parte de la
Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Cometidos contra la
Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR.
En el encuentro, Gerardo Buganza y el propio Luis Ángel Bravo fueron
increpados por los reporteros de Xalapa por los homicidios de Regina
Martínez (corresponsal de Proceso), Gregorio Goyo Jiménez (Liberal del
Sur y Notisur), Víctor Manuel Baez Chino y Miguel Ángel López Velasco,
entre otros.
Estos casos, fustigaron los comunicadores, fueron resueltos “a
medias” por la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE).
El fotoperiodista Rubén Espinosa señaló que entre el gremio se
percibe una estela de impunidad y de “total desconfianza” hacia las
instituciones, quienes a casi tres años del homicidio de Regina Martínez
no han podido dar con el paradero del primer indiciado, José Adrián
Hernández, El Jarocho.
Norma Trujillo, de La Jornada Veracruz, exigió a la FGE detallar
“caso por caso” e impulsar la atracción de la PGR en homicidios y
desapariciones de reporteros, pues recordó que en lo que va de este
sexenio diez comunicadores han sido asesinados y cuatro se encuentran
desaparecidos.
También recriminó que en varios casos de agresiones a medios de
comunicación o reporteros, incluyendo el de Moisés Sánchez, el gobierno
de Duarte trata de “minimizar” la labor profesional de la víctima: “Sí
sería muy puntual que ustedes nos reconozcan, y ¿sí ven a Moisés como
reportero o no?”, soltó la reportera.
Al concluir la mesa de trabajo, los inconformes también exigieron al
secretario de Gobierno, el expanista Gerardo Buganza, frenar el
hostigamiento de los “espías” y “orejas” de la dependencia que encabeza,
así como de la Subsecretaría de Gobierno, que día con día se dedican a
fotografiar, videograbar y tomar datos de los reporteros durante
manifestaciones, actos políticos o gubernamentales.
Asimismo, solicitaron a Buganza su intervención para que la
Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) deje de financiar
“oficinas alternas de prensa”, en donde constantemente se emiten correos
anónimos dirigidos a políticos, empresarios y medios para desprestigiar
o distorsionar la labor de reporteros independientes y no afines al
gobierno priista.
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