Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López, detenidos arbitrariamente por federales. Foto: Tomada de Facebook |
MÉXICO, D.F. (apro).- Dos horas después de ingresar al
Ministerio Público de la delegación Venustiano Carranza el pasado 15 de
noviembre, Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López se enteraron
que estaban acusados de amenazar con cuchillos de cocina a una policía
federal y robarle 500 pesos, cuando ésta se encontraba con dos colegas.
Apenas 20 horas después de su ingreso al MP, Bryan fue llevado al
Reclusorio Varonil Norte y Jacqueline al Femenil de Santa Martha. Ahora
esperan que un juez analice su caso y resuelva en consecuencia.
Las declaraciones que realizaron ambos jóvenes por separado ante el
MP –sin haber podido platicar después de su detención–, coinciden en una
versión de los hechos muy diferente a la que ofrecieron los
uniformados:
Pasadas las 02:30 de la tarde del sábado, Bryan, Jacqueline y su
amigo Ulises Chávez Trejo salieron de la casa del primero rumbo al
mercado de La Merced para comprar comida. En el cruce de las avenidas
Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, un grupo
de 15 personas vestidas de civil los sometieron.
Ulises logró escapar, pero a Bryan lo forzaron a subirse a un
automóvil Chevy con vidrios polarizados. Jacqueline fue subida a un taxi
modelo Tsuru. Él gritó “¡Soy Bryan Reyes, me están secuestrando!” antes
de desaparecer en el auto.
Un elemento de la Policía Preventiva del Distrito Federal escuchó el
llamado de auxilio y arrancó su camioneta. Rebasó al Tsuru y al Chevy y
ordenó a los conductores detenerse. Ellos se identificaron como policías
federales. Entonces la patrulla se fue.
“Terrorismo de Estado”
Jorge Miranda, abogado de Bryan, aseveró hoy que, al subir los
jóvenes a autos de civiles, los policías –sin uniforme–, estaban
realizando una desaparición forzada, pero vieron sus planes frustrados
por la intervención del agente del DF.
En consecuencia, “fabricaron el delito de robo” que, además resultó
“absurdo”, según el abogado. Preguntó: ¿a quién se le podía ocurrir
asaltar con cuchillos a tres policías a las dos de la tarde en una calle
con mucho tránsito y en frente de la delegación Venustiano Carranza,
con el fin de robarles 500 pesos?
La detención “arbitraria” y sin orden de aprehensión de los dos jóvenes “no es otra cosa que terrorismo de Estado”, denunció.
En conferencia de prensa, los defensores y familiares de los jóvenes
detenidos denunciaron las irregularidades que mancharon el proceso de
averiguación previa y la posterior decisión de dictaminar un auto de
formal prisión a los dos jóvenes el pasado 22 de noviembre.
Primero, destacaron el hecho de que los uniformados no forman parte
de cualquier cuerpo de la Policía Federal, sino de la Dirección General
de Operaciones e Infiltración de la Coordinación de Operaciones
Encubiertas, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad.
Además, Bryan es uno de los jóvenes que fueron detenidos el 1 de
diciembre de 2012, a raíz de las protestas contra el regreso del PRI en
el poder.
El MP consignó “de forma exprés” a los dos jóvenes. La defensa aún
tenía 28 horas para presentar pruebas que contradecían la versión de la
policía, ya que el término constitucional es de 48 horas, aseveró Sergio
Soto, abogado de Jacqueline.
Durante las 20 horas Bryan y Jacqueline estuvieron en el MP, sus
abogados realizaron la tarea que, en teoría, le corresponde a la
policía: Solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública del DF los
videos de las tres cámaras de vigilancia ubicadas en la zona, que forman
parte del sistema de seguridad C-2 y C-4 del gobierno capitalino.
Según los abogados, los videos que consiguieron se adecuan a la
versión de los jóvenes: En ellos aparecen el Chevy seguido del taxi
Tsuru. Luego los alcanza la camioneta del policía local que los detiene,
pero enseguida se va.
Los defensores se trasladaron a la zona donde ocurrieron las
detenciones. En la jerga judicial, esto se denomina “inspección
ministerial”, pero en este caso las autoridades no la realizaron. Ahí,
los abogados entrevistaron a los comerciantes y vecinos, quienes
confirmaron una vez más la historia de los jóvenes.
El MP también omitió realizar las pruebas de huellas dactilares sobre
los supuestos objetos del delito: Los cuchillos y el billete de 500
pesos, para ver si eran las de Bryan y Jacqueline. La prueba de
dactiloscopía “es obligación del MP”, recordó Soto.
Más: El Ministerio Público no solicitó a la Policía Federal
información sobre la adscripción de los tres uniformados ese día ni
tampoco sus funciones específicas.
Varios indicios podrían haber motivado al MP a preguntar a la Policía
Federal si los agentes hacían un operativo contra Bryan y su novia: Los
antecedentes de Bryan por las manifestaciones del 1DMX y el hecho que
ese mismo día –aproximadamente a la misma hora– un policía disparó su
arma en Ciudad Universitaria después de sacar fotografías a los
estudiantes del auditorio Justo Sierra, mejor conocido como “Che
Guevara”. Pero, de nuevo, el MP no lo hizo.
Declaraciones idénticas
En sus declaraciones ante el MP, los tres policías aseguraron que
patrullaban en la zona para realizar acciones de prevención. Estas
tareas, subrayó Soto, recaen en las atribuciones de la policía del DF.
Y no sólo eso: Según el abogado, las declaraciones de los tres
agentes son absolutamente idénticas y, en algunos momentos, aberrantes.
Por ejemplo, leyó un extracto de la declaración de Luis Alberto
Castillo Rodillo en la que supuestamente explicó al MP que se encontraba
“con Lidia Zárate Herrera y Luis Alberto Castillo Rodillo”, es decir,
él mismo.
“En materia penal, se presume que los testimonios que utilizan
términos idénticos carecen de validez, pero el juez les dio valor
probatoria”, lamentó Soto.
En ninguna parte de las declaraciones de los policías se hace mención
de Ulises Chávez, quien vive recluido en su casa desde el 15 de
noviembre, ya que según sus publicaciones en las redes sociales, al
asomarse de su ventana puede ver a personas vestidas de civiles haciendo
guardias en las cercanías de su vivienda.
A pesar de todo lo anterior, el juez 39 del Distrito Federal
dictaminó el auto de formal prisión el pasado 22 de noviembre contra
Bryan y Jacqueline, y dado el carácter federal del delito, se declaró
incompetente por razón de fuero.
En los próximos días se dará a conocer el Juzgado en el que se llevará a cabo el juicio contra la pareja, informó Soto a Apro.
El juez federal deberá estudiar de nuevo todos los materiales que
sirvieron para inculpar a los dos jóvenes y podrá analizar las pruebas
que recogió la defensa.
María del Carmen Rodríguez, madre de Bryan, se indignó que el juez
del DF “se brincó las pruebas que se le presentó”. Entonces estalló:
“Alguien con un dedito de inteligencia se da cuenta del montaje tan
tonto que ni siquiera supieron hacer”.
Recordó que tanto Bryan como Jacqueline “son luchadores sociales”
pacifistas, que tocan en los cafés y venden hamburguesas vegetarianas
como forma de ingresar dinero a sus hogares. Agregó que han participado
en los movimientos para la presentación con vida de los 43 normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa.
Y advirtió: “Algún día van a salir de este lugar y van a seguir luchando”.
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