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La autodefensa ciudadana en La Ruana, Michoacán. Foto: AP / Marco Ugarte |
Un legislador federal entregó en 2006 al titular de la
SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, un documento que de haber sido
atendido podría haber desactivado la narcoviolencia en Michoacán.
Elaborado por ciudadanos que investigaron a varios de los principales
jefes locales del narcotráfico, el escrito revela los domicilios de los
criminales, los lugares de acopio de armas y drogas, sus casas de
seguridad, empresas, hoteles y haciendas, así como los nombres de altos
jefes policiacos sobornados. Pero, dice el ahora exlegislador en
entrevista con Proceso, las autoridades “no les pusieron un hasta aquí y los dejaron crecer…”
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A fines de abril de 2006 el
titular de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría
General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, recibió
una denuncia detallada de las propiedades y movimientos de los
principales jefes del crimen organizado en Michoacán.
Aunque se trataba de un documento de nueve fojas elaborado
colectivamente por ciudadanos del estado, al calce aparecían el nombre,
firma y teléfono de un responsable.
En el texto –dirigido al entonces procurador Rafael Macedo de la
Concha y a Santiago Vasconcelos– se proporcionaban los nombres de varios
líderes locales del narcotráfico con sus domicilios, casas de
seguridad, empresas y hoteles, placas de sus vehículos y hasta números
telefónicos mediante los cuales podían ser investigados para
aprehenderlos.
La finalidad de los ciudadanos desesperados por la violencia era
liberarse del yugo de los criminales y decían esperar que fuera “de
utilidad esta información y así nos ayuden a vivir tranquilos sin temor a
ser asesinados por esos delincuentes”.
Fue un legislador federal quien entregó dicha denuncia –cuya copia tiene Proceso– a Santiago. Entrevistado por este semanario refiere que al pedirle firmar de recibido el subprocurador se negó, pues el escrito lo comprometía.
Seguro de que la atención a la denuncia pudo haber atajado la
situación de caos que hoy vive Michoacán, el exlegislador federal narra a
Proceso el encuentro con Santiago, pero pide omitir su nombre
por temor a represalias y porque vive exactamente en el corazón de la
zona michoacana en conflicto.
El entonces titular de la SIEDO, cuenta el exlegislador, “no quiso
darse por enterado oficialmente. Por eso no firmó. Si firmaba, se hacía
responsable de que eso existía y no quiso. Unos meses después surgió
públicamente La Familia y se dio a conocer en La Voz de Michoacán”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1932, ya en circulación)
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