Por José Luis Ortega Vidal
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El anuncio del gobernador Javier Duarte en el sentido de que las placas vehiculares que deberán ser relevadas próximamente no tendrán costo, tiene varias lecturas.
Una es política: el aumento a la tarifa del transporte público no fue una caricia para la población.
Muestra de ello, son las movilizaciones de estudiantes de la Universidad Veracruzana que -al margen de los hilos políticos que mueven esta clase de protestas- representa el sentir de un amplio sector de la sociedad.
El aumento a la tarifa del servicio urbano no ha generado protestas mayores porque estamos ante un hecho previsto por todos.
Efectivamente, como aducen los transportistas, su sector es uno de los más golpeados por la crisis económica dado el aumento –mes con mes- en el costo del combustible; así como el encarecimiento permanente en el precio de refacciones y lo incosteable que resulta adquirir unidades nuevas.
El peso que se aumentó a la tarifa del pasaje popular es doloroso para una sociedad sumida entre la inseguridad y con el bolsillo cada vez más vacío; pero el reclamo de los dueños de camiones de pasaje simplemente es lógico e ineludible.
Frente a eso, la sociedad “apechugó” la decisión sin daños colaterales para el panorama político del gobierno estatal; pero esa misma población está encabronada –por decir lo menos-.
La Comisión Federal de Electricidad, por otra parte, ha iniciado la aplicación de la Ley en torno al llamado movimiento de Resistencia Civil que durante los últimos años llamó a la suspensión de pagos por el servicio de energía en miles de hogares del Sur y en otras regiones de la entidad.
Lenta, retrasada, manipulada conforme a los tiempos políticos, la Ley se aplica a gente que –con todo y su causa justa- la ha violado.
Una cosas es la Ley y otra cosa muy diferente es la Justicia.
Y en el caso de los seguidores de la Resistencia Civil, éstos tienen razón al exigir tarifas más bajas en un estado donde las altas temperaturas hacen indispensable el uso de ventiladores, refrigeradores y hasta climas; lo que dispara el consumo de kilowats injustamente caros, durante buena parte del año.
Como resultado de las acciones legales de la CFE se está cortando el suministro de energía a la gente que adeuda meses e incluso años de pagos a la paraestatal.
Pero las cosas no paran allí: al aumento a las tarifas del transporte público y a la cacería de la CFE contra la gente que decidió no pagar por un robo, hay que sumar la inseguridad que se vive en toda la entidad, así como la llegada de los primeros aguaceros que ya partieron en tres pedazos la carretera costera del golfo a la altura del municipio de Acayucan y en Minatitlán mantienen a cientos de comerciantes y vecinos de las zonas bajas con el alma en un hilo.
Poza Rica, a su vez, ya padeció las inundaciones de julio; se esperan las de agosto, septiembre y octubre.
El río Cazones simplemente cobra la cuota a fraccionamientos que se construyeron encima de su ruta natural.
El constructor de fraccionamientos como Las Gaviotas, fue el Infonavit y la entrega de casas que se inundan cada año es un fraude de parte de la dependencia oficial que maneja ahorros de una vida de la clase trabajadora.
En materia de un manejo ilegal de los fondos de vivienda de los obreros y en el terreno de la ineficacia, el INFONAVIT compite con las fraccionadoras privadas que abundan a lo largo y ancho de la entidad, como Casas Roma, Casas Geo, entre otras.
No es que en Veracruz tengamos mala suerte, ni que el de Javier Duarte sea un gobierno ineficaz.
Desde mi perspectiva, Duarte está haciendo lo correcto: es decir, hace lo que puede.
El principal logro del gobernador es haber encontrado todas las piezas del rompecabezas financiero que heredó.
Ahora –se entiende- le llevará seis años armar ese rompecabezas.
Por lo que hace a las malas noticias veracruzanas, éstas son reflejo de lo que pasa en el país entero.
La tasa de empleo del 2010 ha sido una de las más bajas de la última década.
Es decir, durante el 2010 menos mexicanos encontraron una ocupación pagada, comparado el rubro con lo ocurrido en el 2005, último año del gobierno de Vicente Fox.
El Presidente bocón y botudo, generó, pues, más empleos que el actual ocupante de Los Pinos.
Al mismo Calderón se le ocurrió que ofrecer plazas en la Policía Federal a profesionistas de todas las áreas es una excelente estrategia para combatir el desempleo que ha caracterizado a su gobierno.
Y claro, esa oferta laboral sería muy buena si no estuviera ligada a una guerra en la que el Felipe I metió a los mexicanos por decisión propia; sin aval del Congreso y sin la consulta sobre quién estaba dispuesto a morir por la patria.
Hoy, gracias a la guerra de los últimos cinco años, 50 mil mexicanos son “niños héroes” porque han muerto por la patria.
He ahí una cruda cifra sobre el legado del sexenio calderonista.
Ahora bien, esos mexicanos “niños héroes” murieron sin su consentimiento y no hay modo de construir esa cantidad de estatuas, como un homenaje a sus muertes estúpidas.
Consuelo de tontos –si se quiere ver así- pero Veracruz está tan mal en su economía y en su seguridad, como lo está el resto de México.
Por eso suena a una buena idea eso de regalar las placas en este cambio al que el propio gobierno obligará a los dueños de autos.
Además de la lectura política obligada en torno a este asunto, bajo la deducción de que un pago más encabronaría a los ciudadanos al grado de pensar seriamente por cuál partido votar en el 2012; estamos ante una segunda lectura inmediata: frente a esta noticia y de rodillas ante un panorama tan cruel, a los mexicanos y a los veracruzanos sólo nos queda el recurso del humor negro.
Una es política: el aumento a la tarifa del transporte público no fue una caricia para la población.
Muestra de ello, son las movilizaciones de estudiantes de la Universidad Veracruzana que -al margen de los hilos políticos que mueven esta clase de protestas- representa el sentir de un amplio sector de la sociedad.
El aumento a la tarifa del servicio urbano no ha generado protestas mayores porque estamos ante un hecho previsto por todos.
Efectivamente, como aducen los transportistas, su sector es uno de los más golpeados por la crisis económica dado el aumento –mes con mes- en el costo del combustible; así como el encarecimiento permanente en el precio de refacciones y lo incosteable que resulta adquirir unidades nuevas.
El peso que se aumentó a la tarifa del pasaje popular es doloroso para una sociedad sumida entre la inseguridad y con el bolsillo cada vez más vacío; pero el reclamo de los dueños de camiones de pasaje simplemente es lógico e ineludible.
Frente a eso, la sociedad “apechugó” la decisión sin daños colaterales para el panorama político del gobierno estatal; pero esa misma población está encabronada –por decir lo menos-.
La Comisión Federal de Electricidad, por otra parte, ha iniciado la aplicación de la Ley en torno al llamado movimiento de Resistencia Civil que durante los últimos años llamó a la suspensión de pagos por el servicio de energía en miles de hogares del Sur y en otras regiones de la entidad.
Lenta, retrasada, manipulada conforme a los tiempos políticos, la Ley se aplica a gente que –con todo y su causa justa- la ha violado.
Una cosas es la Ley y otra cosa muy diferente es la Justicia.
Y en el caso de los seguidores de la Resistencia Civil, éstos tienen razón al exigir tarifas más bajas en un estado donde las altas temperaturas hacen indispensable el uso de ventiladores, refrigeradores y hasta climas; lo que dispara el consumo de kilowats injustamente caros, durante buena parte del año.
Como resultado de las acciones legales de la CFE se está cortando el suministro de energía a la gente que adeuda meses e incluso años de pagos a la paraestatal.
Pero las cosas no paran allí: al aumento a las tarifas del transporte público y a la cacería de la CFE contra la gente que decidió no pagar por un robo, hay que sumar la inseguridad que se vive en toda la entidad, así como la llegada de los primeros aguaceros que ya partieron en tres pedazos la carretera costera del golfo a la altura del municipio de Acayucan y en Minatitlán mantienen a cientos de comerciantes y vecinos de las zonas bajas con el alma en un hilo.
Poza Rica, a su vez, ya padeció las inundaciones de julio; se esperan las de agosto, septiembre y octubre.
El río Cazones simplemente cobra la cuota a fraccionamientos que se construyeron encima de su ruta natural.
El constructor de fraccionamientos como Las Gaviotas, fue el Infonavit y la entrega de casas que se inundan cada año es un fraude de parte de la dependencia oficial que maneja ahorros de una vida de la clase trabajadora.
En materia de un manejo ilegal de los fondos de vivienda de los obreros y en el terreno de la ineficacia, el INFONAVIT compite con las fraccionadoras privadas que abundan a lo largo y ancho de la entidad, como Casas Roma, Casas Geo, entre otras.
No es que en Veracruz tengamos mala suerte, ni que el de Javier Duarte sea un gobierno ineficaz.
Desde mi perspectiva, Duarte está haciendo lo correcto: es decir, hace lo que puede.
El principal logro del gobernador es haber encontrado todas las piezas del rompecabezas financiero que heredó.
Ahora –se entiende- le llevará seis años armar ese rompecabezas.
Por lo que hace a las malas noticias veracruzanas, éstas son reflejo de lo que pasa en el país entero.
La tasa de empleo del 2010 ha sido una de las más bajas de la última década.
Es decir, durante el 2010 menos mexicanos encontraron una ocupación pagada, comparado el rubro con lo ocurrido en el 2005, último año del gobierno de Vicente Fox.
El Presidente bocón y botudo, generó, pues, más empleos que el actual ocupante de Los Pinos.
Al mismo Calderón se le ocurrió que ofrecer plazas en la Policía Federal a profesionistas de todas las áreas es una excelente estrategia para combatir el desempleo que ha caracterizado a su gobierno.
Y claro, esa oferta laboral sería muy buena si no estuviera ligada a una guerra en la que el Felipe I metió a los mexicanos por decisión propia; sin aval del Congreso y sin la consulta sobre quién estaba dispuesto a morir por la patria.
Hoy, gracias a la guerra de los últimos cinco años, 50 mil mexicanos son “niños héroes” porque han muerto por la patria.
He ahí una cruda cifra sobre el legado del sexenio calderonista.
Ahora bien, esos mexicanos “niños héroes” murieron sin su consentimiento y no hay modo de construir esa cantidad de estatuas, como un homenaje a sus muertes estúpidas.
Consuelo de tontos –si se quiere ver así- pero Veracruz está tan mal en su economía y en su seguridad, como lo está el resto de México.
Por eso suena a una buena idea eso de regalar las placas en este cambio al que el propio gobierno obligará a los dueños de autos.
Además de la lectura política obligada en torno a este asunto, bajo la deducción de que un pago más encabronaría a los ciudadanos al grado de pensar seriamente por cuál partido votar en el 2012; estamos ante una segunda lectura inmediata: frente a esta noticia y de rodillas ante un panorama tan cruel, a los mexicanos y a los veracruzanos sólo nos queda el recurso del humor negro.
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