Columna: CON RUMBO AL SUR… Por Angel Gabriel FERNANDEZ (1)
En México hay un marcado desprecio por la cultura y por la memoria documental (historia), al grado de que nadie sabe (o no quieren) qué debe guardar o qué debe destruir. Nadie sabe qué debe enviar a los archivos para su custodia y posterior escrutinio público.
Las instituciones tienen el defecto de perder la memoria inmediatamente. Los funcionarios que manejan documentación toman las famosas pastillas de amnesia que recomendaba el grupo norteño “Bronco”: quieren olvidar pero no saben cómo.
Papel que no está a la vista es un papel muerto; la realidad existe mientras la tenga uno enfrente. Es muy fácil que la documentación se extravíe de la memoria oficial.
En la región de Acayucan –empezando por la mismísima “Llave del Sureste”, no hay archivos públicos de lo que hicieron las autoridades municipales. Hay algunos, contaditos, archivos privados y de instituciones culturales, pero no más.
Si no hay constancia documental de los hechos públicos de autoridades municipales, menos las hay de otras dependencias. Porque sería interesante saber, por ejemplo, a dónde fueron a parar los documentos del viejo hospital “Miguel Alemán”, datos de los fallecidos, de los heridos, de los quemados, de los nacidos, de los no nacidos, etcétera. Sería harto interesante –hasta para unos ensayos macabros—ver los archivos de la morgue, por ejemplo.
Los documentos del reclusorio regional tampoco se sabe dónde están; no estaría mal echarles un vistazo. Los muertos del penal, las fugas, los motines.
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Y es que hablando de penales, el actual Archivo General de la Nación está en lo que fue el Palacio de Lecumberri, que fue una temible cárcel durante el “porfiriato” y que estuvo funcionando hasta 1973, cuando el presidente Luis Echeverría Alvarez decidió cerrarlo.
El primer archivo fue fundado en 1790, cuando todavía se llamaba Nueva España al territorio que hoy se llama México. Gobernaba en ese entonces el virrey Revillagigedo. Durante la época de la independencia (1923), gracias a Lucas Alamán se le dio forma al archivo nacional, pero en ese entonces funcionaba en el palacio.
El lugar donde hoy funciona el Archivo General de la Nación, se empezó a construir en 1885, pero se inauguró el 29 de septiembre de 1900. Era considerada una de las prisiones más modernas del mundo; costó 2 millones, 396 mil 914 pesos con 84 centavos. Era una impresionante mole con 7 crujías. La capacidad original era para 800 reos hombres, 180 mujeres y 400 menores de edad. Como los presos no cabían, se hicieron 276 celdas extras.
Entre los muchos presos famosos que pasaron por Lecumberri, se recuerda al pintor David Alfaro Siquieros, al escritor José Revueltas, a Heberto Castillo, a De León Toral (aquel que asesinara a Alvaro Obregón, al célebre Pancho Villa y a un tal “Adán Luna” que resultó ser nada más y nada menos que Alberto Aguilera, o sea, el hoy conocido Juan Gabriel. En 1976 fue cerrada la cárcel. El último de los reos abandonó ese lugar el 28 de agosto. Fue hasta 1982 cuando concluyeron los trabajos de remodelación y fueron trasladados a la vieja cárcel los documentos del Archivo General de la Nación.
Arribaron 2 mil 920 cajas de documentos. La caja 2 mil 911 fue de las más manoseadas, ya que contenía los documentos de lo que pasó el 2 de octubre de 1968, cuando ocurrió la matanza de estudiantes en Tlatelolco.
En la galería número 6 de lo que fue el palacio de Lecumberri, quedaron los documentos de la Colonia y de la Independencia de México.
El 22 de enero del año 2001, la Secretaría de la Defensa Nacional entregó 486 cajas con información del periodo de 1965 a 1985.
El 19 de febrero del año 2001, llegaron al Archivo General de la Nación millones de fichas, informes y documentos de la Secretaría de Gobernación, del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen) y documentos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Se calcula que hay unos 8 millones de fichas policiacas en los archivos.
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“Cementerio de Papel” es una gran investigación de Fritz Glockner, la cual fue hecha en película. Revela detalles del Archivo General de la Nación y documenta cuán necesario es que las dependencias oficiales lleven un archivo. Sus investigaciones se han centrado en los movimientos estudiantiles de 1968, en la llamada “guerra sucia” y ha abarcado testimonios de familiares de los cientos de desaparecidos en México a raíz del movimiento subversivo llamado “Liga 23 de Septiembre”.
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Los archivos oficiales en la región de Acayucan no existen. Son archivos muertos. Durante la anterior administración municipal de Acayucan, se hizo el anuncio de que se abriría el archivo municipal. Se hizo una inspección al lugar donde están los documentos y se constató que éstos están en muy mal estado: muchos en el suelo, expuestos al polvo y a la humedad. Están en una oficina descuidada en una esquina del palacio municipal, hacia el pasillo que da a la calle Hidalgo.
Hay documentos de la hacienda de Corral Nuevo; hay documentos que se rescataron de un incendio en la iglesia de San Martín Obispo; hay algunas actas del Cabildo de anteriores administraciones… pero lo que más hay es abandono.
Un pueblo sin historia no es pueblo.
El archivo municipal debe ser rescatado, dignificado y puesto a disposición del público. Hay que ver qué hacían los presidentes municipales, cómo firmaban, cómo escribían los secretarios. Hay que entrar a los documentos para enterarse de cómo se discutía en las sesiones.
Deben estar ahí los archivos del Registro Civil, para saber quién nació qué día o quiénes fueron los testigos de alguna boda. (Por cierto, parte del archivo y del inventario del Registro Civil debe ser su titular Severo Zanatta Chávez, ¡con 18 años al frente de esas dependencia!; aunque esa es parte de otra historia, negra por cierto, que debemos contar).
Abran las puertas señores, pero no de los palenques, sino de los archivos. La región es rica en historia; hay que rescatar los documentos. En Acayucan hay que rescatar las cartas que Enrique Colmenares le enviaba a Francisco I. Madero.
Oluta debe rescatar también su archivo, para enterarse de la relación entre don Fermín Flores y su compadre Lázaro Cárdenas o de cómo varios ciudadanos fueron “levantados” por la tropa tras un asesinato político. Esos informes están en la tesis para doctorado en historia de Alfredo Delgado Calderón… pero no en un archivo municipal.
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