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| Lydia Cacho, autora de Los demonios del Edén. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Diez años después de haberse publicado Los demonios del Edén
–una investigación periodística sobre comercio y abuso sexual infantil
en Cancún, Quintana Roo–, las redes de pornografía infantil y trata de
personas cambiaron su modo de operar en el ámbito cibernético, pero el
sistema judicial mexicano, con más herramientas legales y de indagación,
no consigue sentenciar a todas las personas investigadas por ese
delito.
Así lo señaló la periodista y autora del libro, Lydia Cacho, quien este lunes presentó una nueva edición de Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil,
con tres nuevos capítulos donde hace un balance sobre la situación
actual de la trata de personas y la pornografía infantil en México.
La periodista, quien en mayo de 2005 presentó por primera vez su libro,
fue detenida en diciembre de ese mismo año y luego encarcelada por los
supuestos delitos de difamación y calumnia, después de que el empresario
Kamel Nacif Borge –presunto involucrado en la red de trata y
prostitución infantil– la denunció ante un juzgado en el estado de
Puebla. Cacho pagó la fianza impuesta y salió libre.
Posteriormente, en 2014, logró que el empresario Jean Succar Kuri –uno
de los principales operadores de la red de corrupción y pornografía
infantil que quedó al descubierto en su investigación periodística–
fuera condenado a 113 años de prisión en el penal de La Palma, en
Almoloya de Juárez, Estado de México, sentencia que se convirtió en la
más emblemática en América Latina por ese delito.
En compañía de
Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim), Cacho destacó que de los más de 23 mil
registros de personas desaparecidas en México, 6 mil 707 son de personas
menores de edad, y siete de cada 10 corresponden a niñas y mujeres
adolescentes, casi todas “enganchadas” a través de las redes sociales.
Detalló que México actualmente es el país de América Latina donde más
circula pornografía infantil, luego de que en 2014 la policía
cibernética federal detectó 11 mil casos de personas responsables de
este delito. Sólo 16 sujetos fueron detenidos y uno consignado.
Cacho explicó que “aún falta mucho por hacer”, aunque hace 10 años
–antes de la publicación de su libro– no existían las herramientas que
hay actualmente (como la policía cibernética) para investigar y
enjuiciar este crimen, apuntó.
No obstante, denunció que los
agentes del Ministerio Público siguen sin estar lo suficientemente
capacitados sobre cómo actuar en casos de trata de personas y
pornografía infantil, además de que mantienen una sobrecarga de trabajo
que obstaculiza su labor.
La también activista criticó que
después de 2007 el gobierno mexicano retirara los fondos para que los
refugios pudieran atender de manera integral a las víctimas de trata de
personas, por lo que actualmente algunos de estos centros de apoyo que
operan desde la sociedad civil no pueden hacer frente a los riesgos y
amenazas a los que están expuestos por su labor.
En su
oportunidad, Pérez García criticó que México se haya convertido en un
“paraíso” para el crimen organizado internacional, y que el Estado siga
sin asumir sus responsabilidades en la ocurrencia de los delitos que
Lydia Cacho reveló hace 10 años.
También recordó que Succar Kuri
es un hombre de poder que, junto con otros políticos y empresarios
poderosos, abusó de la vulnerabilidad de las y los menores de edad,
cuyas familias siguen en la pobreza.
Condena social
Tras una década de hostigamiento y persecución por parte de la red de
empresarios y funcionarios que Cacho denunció en su libro como
responsables del abuso contra cientos de niñas y niños en Cancún, la
comunicadora consideró que si bien no se ha ganado la batalla, sí hubo
consecuencias contra sus atacantes.
En principio, la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que la red de
pornografía infantil de Succar Kuri –de alcances internacionales– se
debilitó después de la denuncia periodística y la condena ejemplar
contra el empresario.
Igualmente, Kamel Nacif tuvo que cerrar al
menos 15 maquiladoras que tenía en México, y la compañía Disney –con la
que mantenía contratos exclusivos para elaborar ropa y juguetes para
bebés– finiquitó su sociedad gracias al empuje ciudadano en Estados
Unidos.
En tanto, el exgobernador de Puebla Mario Marín, quien en
su momento defendió a Kamel Nacif y avaló la detención y tortura
psicológica contra la periodista, intentó sin éxito convertirse en
senador.
Lydia Cacho recordó que los políticos priistas
decidieron no apoyar a Marín en su postulación al Congreso, por los
costos políticos que implicaría. Además, dijo, al exgobernador poblano
“lo han sacado de varios lugares”, se le ha impedido hacer negocios de
inversión y ya no tiene fuero federal. “Ha quedado como paria social. Si
no lo tocó la justicia, lo tocó la sociedad”, sentenció.
En el
caso de Emilio Gamboa Patrón, senador del PRI, y Miguel Ángel Yunes,
diputado federal por el Partido Acción Nacional (ambos presuntamente
implicados en la red de pornografía infantil), destacó que ya hay
investigaciones en su contra por delitos de otra índole.
Cacho
sostuvo que si bien la justicia social o convencional no castigó a estos
hombres, hubo una reacción cívica que los tocó en dos aspectos: el
prestigio y el dinero.
A una década de su publicación, añadió, el
libro “nos ayudó a entender que el periodismo sí tiene una misión muy
importante y sí tiene un impacto en la sociedad, por pequeño que esto
parezca. Gracias al buen periodismo que ha brincado los cercos
mediáticos que se incrementan en este país, no olvidamos los hechos”,
resaltó.
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