 |
|
La bodega en Tlatlaya donde militares ejecutaron a civiles. Foto: Miguel Dimayuga |
Los militares que ejecutaron a 22
personas en Tlatlaya en junio del año pasado, actuaron obedeciendo
órdenes, mismas que reflejan una línea estratégica que viene de las más
altas esferas. Un documento confidencial obtenido por el Centro Prodh
revela que el Plan Estratégico de Combate contra el Narcotráfico se
pliega a la percepción presidencial de que el narcotráfico es la mayor
“amenaza a la seguridad nacional” y recomienda a la tropa “abatir
delincuentes en horas de la oscuridad”. Mientras las esferas militares
intentan debatir sobre el significado del verbo “abatir”, organizaciones
nacionales e internacionales de derechos humanos exigen castigo a los
responsables, pero desde el ámbito civil.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Detrás de la orden de “abatir delincuentes
en horas de la oscuridad”, instruida al comandante del grupo militar que
hace un año accionó sus armas contra 22 personas en Tlatlaya, está la
convicción de Enrique Peña Nieto de que el narcotráfico es “la amenaza a
la seguridad nacional, el más grande riesgo para la salud social, la
más cruenta fuente de violencia”.
Así se estipula en el documento clasificado “confidencial” integrado
en la Orden General de Operaciones San Antonio del Rosario, fechado el
11 de junio de 2014, que forma parte de la causa penal que se sigue a un
oficial y siete elementos de tropa en el Juzgado Sexto Militar,
obtenido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh),
organización que representa a Clara Gómez González, madre de la menor
Éricka Gómez, “abatida” el 30 de junio de 2014.
El Centro Prodh obtuvo parte del expediente, después de una pelea
legal que aún no termina, para que en la jurisdicción militar y en la
Procuraduría General de la República (PGR) se reconozca a Gómez González
su calidad de víctima de los hechos de Tlatlaya.
A través del juicio de amparo 135/2015, Clara Gómez y sus abogados
tuvieron acceso a la causa penal 338/2014, abierta por los delitos de
desobediencia e infracción de deberes militares contra el teniente
Ezequiel Rodríguez Martínez, el sargento Roberto Acevedo López y los
soldados Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz, Fernando
Quintero Millán, Alán Fuentes Guadarrama, Leobardo Hernández Leónides y
Roni Martínez Atilano, quien resultó herido en el operativo del 30 de
junio de 2014.
De esa revisión salió a la luz la orden de relevo por la que
Rodríguez Martínez sustituyó al subteniente Carlos Caín Tinixcal como
comandante de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, y la
instrucción del “alto mando” a realizar actividades “en horas de la
oscuridad, sobre objetivos específicos” y “abatir delincuentes”,
indicaciones que para el Centro Prodh constituyen “verdaderos incentivos
para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”, según
su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir.
Las órdenes giradas a Rodríguez Martínez estuvieron antecedidas de un
reporte clasificado “confidencial” –al cual Proceso tuvo acceso– en el
que se hace referencia directa al “presidente de la República”, aunque
no se le nombra, para contextualizar las indicaciones de “abatir
delincuentes en horas de la oscuridad”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2018 de la revista Proceso, ya en circulación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario