Por Mussio Cárdenas Arellano
* El alcalde pide a la PGR atraer el caso * Las autodefensas, la pista olvidada * El vínculo policías-crimen organizado * “Culín” entrampa al secretario de Segurida.
Arturo Bermúdez Zurita
no tiene una policía confiable. Es acreditable y también delictiva.
Está implicada en secuestros y crímenes, acoso y tortura. Le hallan
vínculos con el crimen organizado. Y ahora la acusan de la desaparición
del periodista José Moisés Sánchez Cerezo.
Día 12. Nada se sabe del editor,
reportero y fotógrafo del semanario “La Unión”, combativo informador que
recoge las demandas sociales en su pueblo, El Tejar, en la cabecera
municipal Medellín de Bravo, y las zonas residenciales, y retrata la
violencia derivada de la inseguridad que produjo un muerto, dos heridos,
dos desaparecidos y el miedo entre toda la población.
Doce días después, el escenario sigue igual. Moisés Sánchez puede estar vivo,
en medio de la polémica y las versiones que apuntaban a que uno de los
tres cadáveres hallados en Miralejos, municipio de Soledad de Doblado,
el lunes 5, era el suyo. Su hijo Jorge Sánchez Ordóñez realizó el
reconocimiento y lo descartó.
Aún así, versiones de prensa, unas publicadas, otras simplemente
trasladadas en las redes sociales, sostienen que el cuerpo mostrado a
los familiares no corresponde al hallado en Soledad, obvia la intención
de evitar que Moisés Sánchez pase a ser el undécimo periodista asesinado
durante el gobierno de Javier Duarte.
En el día 11, el 12 de enero, el alcalde de Medellín, Omar Cruz
Reyes, implicado por el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras,
como autor intelectual, abrió la boca y sacudió la estructura policíaca y
los espacios mediáticos.
Repitió en su comparecencia ante el Ministerio Público que nada tenía
contra el periodista, que eran amigos, que respetaba su crítica y que
lo acusan sin prueba alguna.
Nada más difícil de creer. Pasa por alto el alcalde panista que el
semanario “La Unión” y el blog en internet registra la tirantez entre
Omar Cruz y Moisés Sánchez, los atropellos al pueblo, el abandono de los
servicios públicos y el abuso en su cobro.
Moisés Sánchez lo increpa en los medios de comunicación que dirige y
cara a cara. Siendo presidente de la junta vecinal, demandaba acciones a
las que como candidato Omar Cruz se había comprometido y que en más de
un año de gobierno, no cumplió.
A los medios de comunicación, Omar Cruz les repetía que es inocente,
que lo implican en un “levantón” en el que nada tuvo que ver.
Un día después, el martes 13, Omar Cruz encara al gobierno de Javier
Duarte y desliza una denuncia que da en el círculo rojo del gobernador
de Veracruz.
Dice el alcalde de Medellín que los 13 policías arraigados por el
fiscal Bravo Contreras, alias “Culín”, son de las huestes del secretario
de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. “Son acreditables”,
remacha.
Suelta el dardo. “Soy un chivo expiatorio”. Reclama al fiscal Bravo
Contreras que sólo siga la línea de investigación que lo implica en el
“levantón” por las declaraciones realizadas por los familiares del
periodista. Omar “te va a dar un susto”, le habría dicho un enviado a
Moisés Sánchez, expresó su hijo Jorge.
“Debe seguir todas las líneas de investigación”, insiste el alcalde de Medellín.
Dice que debe analizarse el contenido de la información divulgada por
Moisés Sánchez sobre la conformación de los comités de autodefensa en
Medellín y que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la
República.
En un momento, exhibe Omar Cruz las acreditaciones de la policía municipal, que supuestamente no existían.
“En primera instancia —punzó— se manejó que los policías municipales
no estaban acreditados. Aquí les traigo a mostrar que están certificados
por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz. Los
primeros dos que fueron arraigados, José Francisco y Luigi, están
certificados”.
E insistió, documentos en mano: “Aquí todos los certificados de los
policías acreditables por la Secretaría de Seguridad Pública de
Veracruz”.
“Culín” Bravo apuesta a una tesis política: el alcalde panista de
Medellín ordenó el “levantón” y lo hizo con elementos de la policía
municipal. Y no sigue otra pista.
Se deslizó en un primer momento que esa corporación carecía de
certificación y que por lo tanto no era “acreditable”. Se trataba de
sembrar la sospecha, en tela de duda la solvencia de la corporación,
presumiblemente sin aprobar los exámenes de confianza, las pruebas
antidoping. Pero el argumento se fractura.
Bermúdez Zurita es un prima donna en el gobierno de Javier Duarte. Su
voz es ley. Es intocable y temible. En el staff duartista es el que
mayor influencia tiene sobre el gobernador.
Omar Cruz toca, sin embargo, el hilo más sensible del caso Moisés
Sánchez: el fiscal implica a la policía de Medellín y eso equivale a
implicar a la Secretaría de Seguridad Pública.
Bravo Contreras “retuvo” primero a dos elementos; luego ordenó el
traslado de los 36 policías a Xalapa; finalmente actuó sobre 13 de
ellos. Pero, contra lo que se había deslizado en un principio, sí son
“acreditables”, o sea, certificados por la dependencia de Bermúdez.
Ser acreditable no es sinónimo de honradez ni ética. La policía de
Bermúdez está implicada en secuestros y asesinatos. Un caso explosivo
fue el del cantante Gibrán Martiz Díaz, finalista en La Voz México,
levantado en Xalapa el 11 de enero de 2014, cuyo padre, Efraín Martiz
Aguirre, hoy acusa al gobierno de Javier Duarte de encubrimiento.
Sus asesinos obtuvieron su libertad bajo fianza mediante el pago de 5
mil pesos cada uno, y así siguen su proceso legal. La familia es objeto
de amenazas de muerte por exigir justicia.
Los casos se agolpan. En Córdoba dos meseros de un bar son levantados
por la policía acreditable y días después aparecen asesinados. En
Xalapa los robocops de Bermúdez arremeten contra maestros, defensores de
derechos humanos y periodistas para desalojar plaza Lerdo. En Veracruz,
decenas de personas acusan que sus familiares fueron levantados por
elementos policíacos y no volvieron a saber de ellos. En Xalapa, una
mujer policía acusa un levantón y tortura por parte de “acreditables”
para forzarla a dejar su puesto de trabajo. En Atoyac, en patrullas de
la policía estatal se llevaron a 20 personas en 2013 y nunca fueron
halladas.
Moisés Sánchez escribía y exaltaba la conformación de las
autodefensas en Medellín, lo que restaba poder a la policía acreditable
de Arturo Bermúdez y le complicaba el escenario al crimen organizado.
Esa pista no la sigue el fiscal Bravo Contreras.
Sin embargo, sobre los policías del secretario Bermúdez descarga todo el peso de la investigación.
“Culin”, quiéralo o no, tiene a Bermúdez bajo sospecha.
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