Por: Sanjuana Martínez
Octubre 6 de 2014
“Me voy a dar el gusto de
matarte”, le dijo el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez a su
compañero perredista de la Unidad Popular de Guerrero, Arturo Hernández Cardona
antes de supuestamente asesinarlo. Hay un testigo que narra este crimen
cometido por el ahora prófugo de la justicia en un expediente judicial al que
he tenido acceso.
¿Por qué a un alcalde cuyo
historial de presuntos delitos es largo y contundente, el cabildo de su
Ayuntamiento le concede licencia para ausentarse un mes y la Procuraduría de
Justicia de Guerrero y el gobernador Ángel Aguirre Rivero asisten a semejante
esperpento de impunidad con mirada complaciente? ¿Por qué le dieron tiempo
suficiente para convertirse en prófugo?
La historia de este alcalde es ciertamente
sospechosa y no empieza con los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. De hecho, sus presuntos vínculos
con el narcotráfico eran vox populi en Guerrero y en junio del año pasado,
hasta la senadora Dolores Padierna Luan lo había denunciado como un claro
ejemplo de narcopolítico.
Son muchos los excesos de
poder cometidos por el alcalde, su director de Seguridad Pública Municipal,
Felipe Flores Velásquez, e incluso su esposa, presidenta del DIF, María de los
Ángeles Pineda de Abarca, junto a sus familiares. La señora Pineda anda en
campaña porque quiere ser la próxima alcaldesa.
Bien conocidos eran esos
“excesos” del alcalde y el orgullo de su nepotismo: malversación de caudales
públicos, desapariciones y ejecuciones; fosas clandestinas, decenas de muertos
con el sello de la fuerza del Estado y el crimen organizado, valga la
redundancia. Allí están las denuncias judiciales.
Pero nadie lo paró. Nadie
fue capaz de detenerlo. Nadie lo molestó. Nadie le quitó su coto de poder.
Nadie lo limitó en su frenética carrera. Y los hechos delictivos del 26 de
septiembre fueron la gota que derramó el vaso.
En lugar de aprovechar el
momento y detener al sospechoso alcalde. El cabildo le da licencia para
ausentarse un mes. Por supuesto, que lo siguiente, fue poner pies en polvorosa.
El saldo ya lo conocemos:
seis personas asesinadas, tres de ellos normalistas, 20 heridos y 43
normalistas desaparecidos, quienes fueron subidos en camionetas de la policía
municipal, según testimonios recabados en el lugar del enfrentamiento. Uno de
los chicos ejecutados le sacaron los ojos y lo desollaron.
La policía de Abarca
Velázquez no se anda con chiquitas. Los uniformados dispararon a quema ropa a
los estudiantes que viajaban en autobuses rumbo al centro neurálgico de su reunión
para preparar la manifestación del pasado 2 de octubre.
Los policías municipales
volvieron a demostrar su forma de operar cuando rafaguearon a los muchachos en
plena conferencia de prensa y luego balacearon el camión con los jugadores del
equipo de fútbol de Avispones.
Los habitantes de Iguala
conocen la guerra encarnizada que libran los distintos cárteles de la droga
para disputarse la plaza, pero nunca imaginaron que el lugar donde viven se
convertiría en un narcomunicipio, comandado y dirigido nada menos que por
políticos y poderosos traficantes de una gran variedad de estupefacientes y
armas.
Iguala, cuna de la
consumación de la independencia mexicana, es la tercera ciudad más importante
de Guerrero, luego de Chilpancingo y Acapulco, una tierra rica en cultivo de
marihuana y laboratorios clandestinos de droga.
Entre los nuevos amos y
señores de la zona, están los “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”. Ambos se
disputan la antigua plaza de los Beltrán Leyva. En medio de esta batalla entre
narcos unidos con políticos corruptos, han quedado los ciudadanos, los
estudiantes.
Pero el negocio creció de
manera próspera desde que llegó a la alcaldía Abarca Velázquez, cuyo talante
autoritario no permitía la menor protesta. Así lo entendió la gente cuando el
año pasado ocho activistas fueron desaparecidos.
Human Rights Watch, Amnistía
Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
demandaron infructuosamente a las autoridades federales una investigación “por
la sospecha sobre una posible implicación de autoridades locales” en los
delitos contra los defensores de derechos humanos.
Los ocho, Arturo Hernández
Cardona, Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arrollo
Delgado, Efraín Amantes Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa y
Jimmy Castrejón, miembros de la Unidad Popular de Iguala desaparecieron el 30
de mayo del año pasado, mientras viajaban en una camioneta, que luego apareció
en el corralón municipal.
Cuatro días después fueron encontrados
ejecutados los primeros tres, tirados en la carretera federal
Chilpancingo-Iguala con huellas de tortura. Los demás permanecen desaparecidos.
Arturo, Félix y Ángel habían
denunciado penalmente al alcalde y a funcionarios del ayuntamiento por
hostigamiento y otros presuntos delitos. La respuesta del presidente municipal
fue contundente.
Según el expediente al que
he tenido acceso, Nicolás Mendoza Vila, uno de los secuestrados que logró
escapar, identificó al alcalde Abarca Velázquez de haber asesinado
personalmente al activista y dirigente perrredista Arturo Hernández Cardona, un
hombre apreciado y muy querido en Guerrero.
El testimonio es
contundente:
“Nos
trasladaron agachados a un lugar desconocido solo se que era campo porque no
íbamos vendados, a este lugar llego una persona a interrogarnos, misma que
escribía todo en hojas blancas, nos preguntó nuestros nombres, y direcciones y
la de nuestra familia, cuatro hombres armados con cuernos de chivos nos
estuvieron cuidando esa noche, uno de ellos nos golpeaba con un machete largo,
un látigo de alambre y una tabla en forma de una paleta. Ahí nos tuvieron toda
la noche. Al día siguiente treinta y uno de mayo, nos cuidaron ya diez hombres
que portaban armas largas, por la mañana nos siguieron pegando, alrededor de
las seis de la tarde dos hombres cavaron una fosa. Ya muy noche llegaron tres
personas, de los cuales conozco y conocí a dos y si me las ponen enfrente las
puedo señalar y son: el presidente municipal de nombre José Luis Abarca
Velázquez, al secretario de Seguridad Pública y otra persona que no conozco
todas ellas con una cerveza barrilito en la mano. El presidente José Luis
Abarca Velázquez, ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen, al
término de nuestra tortura el presidente municipal se dirigió al ingeniero
Arturo Hernández Cardona, diciéndole: “Que tanto estás chingando con el abono,
me voy a dar el gusto de matarte”. Al ingeniero Arturo lo siguieron torturando
y aproximadamente diez minutos después el director de la policía municipal
levanta del suelo al ingeniero Arturo y se lo llevaron a la fosa que estaba más
o menos a 10 metros de donde nos tenían y es el presidente municipal Abarca
Velázquez quién le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron
tirado en la fosa, comenzó a llover y no lo taparon, quedo descubierto. El
compañero Félix Rafael Bandera Román, al tratar de escapar fue ejecutado, lo se
y me consta porque tres de las personas que nos vigilaban trajeron de regreso
el cuerpo. Esa noche nos volvieron a interrogar, preguntándonos nuestras
direcciones, nuestra relación con el ingeniero Arturo Hernández Cardona y
nuestra participación en la Unidad Popular. Desde ese momento se dedicaron a
amenazarnos, solo decían entre ellos que tenían que esperar para ejecutarnos,
se dedicaron a excavar fosas, alrededor de las 10 de la noche, reciben una
llamada, y se escucha la orden de que “se debía de destapar los depósitos y
sacar los cuerpos, porque ya se puso cabrón”. Desenterraron al ingeniero Arturo
Hernández Carmona y a Félix Rafael Bandera Román, metieron los cuerpos en una
camioneta Cherocky, nos trasladaron a la camioneta donde estaban los cuerpos y
nos metieron encima e ellos, nos llevaron cerca de Mezcala y nos tiraron a
todos, ahí matan a Ángel Román Ramírez, disparándonos dos personas con armas
largas y todos corrimos al monte”.
En la ley fuga aplicada,
Nicolás Mendoza Vila se salvó milagrosamente. Su testimonio es clave ahora para
conocer qué tipo de individuo es Abarca Velázquez, capaz de asesinar a
compañeros de partido.
No es el único muerto
cercano a su alcaldía. En marzo del año pasado, fue asesinado el síndico
primero del Ayuntamiento, el perredista Justino Carvajal Salgado, con quien no
tenía buenas relaciones.
Unos días antes, un grupo de
hombres armados lo detuvo cuando entraba al palacio municipal. Lo golpearon en
el rostro, pero luego se reintegró a sus actividades.
Finalmente lo ejecutaron de
un balazo en la boca y otro en el pecho. Con estos antecedentes no es extraño
el actual escenario de horror al que asistimos los mexicanos en el estado de
Guerrero.
¿Es Guerrero un narcoestado? ¿Qué alguien nos
explique por qué el gobernador Ángel Aguirre no hizo nada para encarcelar al
presidente municipal de Iguala? ¿Que la PGR nos diga por qué no investigó hace
un año al ahora alcalde prófugo de la justicia? ¿Por qué el PRD y sus Chuchos
no expulsaron a Abarca Velázquez? Imagino el dolor de los padres de esos 43
muchachos. ¿Qué podemos esperar de un Estado que masacra a sus estudiantes. Lo
de Ayotzinapa es un crimen de Estado. ¡Cuánta barbarie, cuánto dolor, cuánta
impunidad!
www.websanjuanamartinez.com.mx Twitter:
@SanjuanaMtz Facebook: Sanjuana Martínez
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publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección:
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