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Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero. Foto: Germán Canseco. |
Crecido al amparo del PRI y de sus peores prácticas,
Ángel Aguirre gobernó Guerrero a finales del siglo pasado y dejó, entre
otras cosas, una cauda de perredistas asesinados. Amigo de Enrique Peña
Nieto, éste no intervino cuando el guerrerense cambió de chaqueta,
despechado con el priismo, y se cobijó en la llamada izquierda para
acceder de nuevo al mandato estatal. Ahora, con el crimen de Ayotzinapa,
ese manto protector de la máxima autoridad parece desvanecerse y el
gobernador busca desesperadamente conservar el cargo, incluso pese a que
la orden de matar a los normalistas pudo haber salido de su entorno más
cercano, como opina un empresario local.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Nacido políticamente en el
PRI, que lo hizo gobernador de Guerrero (1996-1999) y cobijado por el
PRD para ejercer un nuevo mandato en el estado, la gestión de Ángel
Aguirre Rivero se complica cada día más por el asesinato y desaparición
de los normalistas de Ayotzinapa, calificada por organizaciones como
Human Rights Watch como el ataque a estudiantes más grave desde 1968.
El predecesor de Aguirre, Rubén Figueroa Alcocer, resistió ocho meses
al frente del gobierno estatal luego de la matanza de 16 campesinos en
Aguas Blancas a manos de policías estatales en junio de 1995, pero
dimitió por la intervención directa del presidente Ernesto Zedillo.
Arropado por la dirigencia nacional del PRD, presidida ahora por
Carlos Navarrete, dirigente de la corriente Nueva Izquierda, ante la
presión de miles de voces en el mundo que piden su salida, Aguirre
maquinó una estrategia dilatoria.
El jueves 9, primero en Acapulco y en presencia de un público que le
lanzaba vivas, y más tarde flanqueado por Navarrete y el secretario
general del PRD, Héctor Bautista, respondió al clamor popular en su
contra con el anuncio de la próxima presentación de una iniciativa al
Congreso local para preguntar a los guerrerenses si debe continuar al
frente del Ejecutivo estatal.
En su terruño el gobernador rechazó los señalamientos de “asesino o
represor” y de que recibió financiamiento del Cártel de los Beltrán
Leyva en su campaña, como señala un video que circula en internet;
aseguró que la federación sabía de la infiltración de la delincuencia
organizada en las policías municipales, exigió verdad y justicia para el
caso y sostuvo que no dejaría el gobierno por los “opinotecnócratas”.
En una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la cual no se
aceptaron preguntas, Aguirre precisó que al Congreso local le
corresponderá procesar la iniciativa que presentará el lunes 13.
Navarrete apuntaló: “Si es la decisión de los guerrerenses revocarle el
mandato al gobernador, que así sea”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1980, ya en circulación)
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