El saqueo a las oficinas de Contralínea. Foto: Contralínea |
MÉXICO, D.F. (apro).- De nueva cuenta, las instalaciones de
la revista Contralínea, fueron allanadas la noche del pasado lunes por
delincuentes que sustrajeron expedientes periodísticos de los
reporteros, así como equipo de cómputo y material editorial.
En un comunicado, la revista dirigida por Miguel Badillo informó que
los ladrones forzaron las cerraduras de las oficinas, ubicadas en la
avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, y
se llevaron 19 equipos de cómputo, incluidas las laptops del director y
del subdirector, José Réyez, una cámara de video profesional, tres
pantallas de televisión, equipo de audio y una consola de producción
radiofónica.
También robaron discos compactos con información editorial, así como
documentación personal que algunos periodistas guardaban en sus
escritorios.
De hecho, agregó, “todos los escritorios, gavetas y cajones de la redacción fueron saqueados”.
Contralínea consideró el hecho como un “acto intimidatorio” debido a
las agresiones constantes que ha recibido su equipo editorial.
Hace poco más de dos meses, el 18 de abril pasado, el domicilio
particular del director, Miguel Badillo, también fue asaltado. Por ese
hecho se inició la averiguación previa FCY/COY-2/T2/0105071406 , pero a
pesar de que existen videos donde se observa a los asaltantes y el
automóvil que emplearon para el hurto la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ha podido resolver el caso.
De acuerdo con la revista, en el robo del lunes por la noche, la caja
fuerte ubicada en la oficina del subdirector fue violentamente forzada.
“Algunas puertas y ventanas fueron rotas, además de que los
delincuentes movieron las cámaras de vigilancia y cortaron sus cables”,
agregó.
Las cámaras, destacó la revista, son parte de las medidas cautelares
dictadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) a favor de este medio,
como parte de los protocolos del Mecanismo de Protección para
Defensores y Periodistas.
La medida se logró tras las peticiones hechas directamente por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el libre ejercicio de
expresión e información del equipo de Contralínea.
La revista agregó que aunque dicho Mecanismo también incluía
vigilancia policíaca permanente en las oficinas de la editorial, “esta
nueva agresión demuestra la ineficacia de Gobernación para garantizar y
proteger la labor periodística”.
Largo historial de amenazas
A lo largo de su historia, que inició en abril de 2002, la revista
Contralínea ha sido blanco de amenazas, persecuciones, juicios, robos,
allanamientos, vetos publicitarios e informativos gubernamentales, un
arresto y una emboscada.
Entre ellos, destacan los siguientes:
-5 de agosto de 2007. Integrantes del Grupo Zeta Gas irrumpieron en
las instalaciones; amenazaron con desaparecer la publicación y exigieron
revelar nombres de fuentes de información. Un día después, Jesús
Zaragoza López, director la empresa, presentó la primera de tres
demandas por supuesto daño moral ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal. La demanda contra la revista y
sus periodistas se resolvió en diciembre de 2008 con una resolución
condenatoria.
Según la publicación, entre las irregularidades del caso se cuenta
que el juez “se excedió al dictar su resolución e impuso obligaciones de
imposible cumplimiento”, además de que pretendió respaldar su decisión
“con consideraciones no jurídicas, sino de apreciación personal y de
valor en contra de los periodistas y del medio”.
-7 de noviembre de 2007. La empresa Oceanografía, SA de CV, interpuso
un juicio civil por “daño moral” ante el Juzgado 40 de lo Civil, en
contra de la revista y de algunos de sus reporteros.
De acuerdo con el medio, en las audiencias se cuestionó la calidad de
los periodistas y sus pruebas ofrecidas. Sin embargo, se desecharon
pruebas de la misma naturaleza y calidad que las ofrecidas por el
demandante, sin que a ésta se le hayan desechado.
-13 de agosto de 2008. Los abogados Graham Alberto Zubía Félix,
Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan
Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles
Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanaron las instalaciones de
Contralínea respaldados por guardaespaldas armados y policías de la
Secretaría de Seguridad Pública del DF.
Ante este hecho, la revista interpuso una queja ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por acoso judicial y amenazas de
muerte el 12 de septiembre de 2008.
-16 de enero de 2009. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial
(PBI) del DF arrestaron al director de Contralínea, Miguel Badillo.
-11 de febrero de 2009. Representantes del Grupo Zeta Gas allanaron
otra vez las instalaciones y exigieron ingresar a los escritorios y
archivos de los trabajadores y periodistas.
-22 de abril de 2009. Blue Marine Technology Group demandó a Contralínea y a sus periodistas por “daño moral”.
-14 de septiembre de 2009. La CNDH emitió la Recomendación 57/2009
por discriminación publicitaria hacia la revista por parte del gobierno
federal.
-10 de abril de 2010. Delincuentes saquearon las instalaciones de Contralínea.
-27 de abrirl de 2010. La Caravana por la Paz que se dirigía a San
Juan Copala fue emboscada, pero entre sus integrantes estaban los
reporteros Érika Ramírez y David Cilia, quienes estuvieron
“desaparecidos” dos días. Fueron rescatados el 29. Ambos presentaban
deshidratación y él, tres heridas de bala.
-31 de agosto y el 1 de septiembre de 2010. Las periodistas Marcela
Yarce Viveros, fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga,
fueron asesinadas.
-Diciembre de 2013, la Secretaría de Gobernación, la CNDH y la CIDH
iniciaron una nueva investigación por las violaciones a derechos humanos
cometidos por jueces de Jalisco contra periodistas de la revista.
La amenaza del Grupo Zeta Gas
Según información de Contralínea, la empresa Grupo Zeta Gas consiguió
una sentencia en su contra, obligándola a pagar 500 mil pesos, dinero
que tuvieron que conseguir con el remate de la casa familiar del
director Badillo para pagarla.
Sin embargo, el debido proceso fue violentado: “A espaldas de los
periodistas se inició y concluyó un juicio en el que no se les permitió
defenderse”, dijo, por lo que la revista fue condenada por el Juzgado
Noveno de lo Civil en Jalisco a pagar una multa de medio millón de
pesos.
El proceso, promovido por Grupo Zeta a través de su filial Thermogas,
inició y concluyó “a espaldas del medio de comunicación, pues no se
notificó a los periodistas interesados. Con ello, el Poder Judicial del
Estado de Jalisco violó los derechos humanos de los hoy sentenciados y
les canceló su derecho a un juicio justo, además de atentar en contra de
la libertad de prensa y el derecho a la información”.
En este caso intervino la Segob, a través de su Unidad para la
Defensa de los Derechos Humanos (UDDH). En el oficio UDDH/911/5689/2013,
el titular de la Unidad, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, solicitó al
magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, investigar “la presunta violación a
los derechos humanos en relación a su garantía de audiencia y al debido
proceso”.
El documento oficial refiere la recomendación 57/2009 emitida por la
CNDH en 2009 y la reciente Recomendación General 20, en la que se
documentó “la violación al debido proceso en que incurrió el Poder
Judicial del Estado de Jalisco en otros juicios interpuestos por Zeta
Gas en contra de Contralínea”.
La Segob solicitó al magistrado Gutiérrez Contreras “su colaboración
institucional, con la finalidad de que sirva informar aquello que
permita conocer las acciones que a favor de los derechos humanos se
hubiere realizado, así como el estatus y el nivel de cumplimiento de la
recomendación”.
La dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong recordó al
Poder Judicial del Estado de Jalisco –representado por el presidente del
Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, Luis Carlos Vega Pámanes–
su obligación “de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a
los derechos humanos, así como de promover, respetar, proteger y
garantizar los mismos”.
En tanto, la CNDH abrió un expediente en el que documentó los más
recientes agravios en contra de Contralínea y sus periodistas. El
visitador adjunto adscrito al Programa de Agravios a Periodistas y
Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría
General, Arturo E. Pech Rodríguez, recibió y dio entrada a la queja de
los periodistas.
En el texto se estableció que los periodistas no fueron notificados
del juicio instruido en su contra, ni de ninguna acción judicial dentro
del juicio 0906/2009 para “conocer las acciones en su contra y emprender
la defensa adecuada”.
En la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra
la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República
(PGR) se abrió un expediente por los ataques sistemáticos a un medio de
comunicación.
La CIDH, a través de su relatora Especial para la Libertad de
Expresión, Catalina Botero Marino, conoció el caso y dijo que estudia el
tipo de acción a emitir al respecto.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco escuchó la
relatoría de la queja de los periodistas, pero no se comprometió a nada.
Dijo que en cinco días hábiles darán una respuesta si admite o no la
queja.
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