Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa. Foto: Eduardo Miranda |
Ríodoce
CULIACÁN, Sin. (Proceso).- El mismo día en que detuvieron Joaquín El Chapo
Guzmán, en Sinaloa empezó a escucharse una demanda: que el siguiente
paso del gobierno federal sea desmantelar las redes de protección del
capo, es decir las policías locales.
Hay datos duros para ello. De los 7 mil policías estatales y
municipales de Sinaloa evaluados por el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, 3 mil 500 no pasaron el examen de control de confianza. La
Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán aceptó que 47% de sus mil
300 efectivos no es apto para desempeñar sus funciones.
De ahí la demanda del dirigente estatal del PAN, Edgardo Burgos
Marentes, hecha el 24 de febrero, de que las investigaciones continúen
en Sinaloa y se desmantele toda la red de operaciones de El Chapo.
A esta exigencia se sumó el PRD. Los dos partidos fueron parte de la
coalición que llevó al gobierno a Mario López Valdez (Malova).
Desde la Ciudad de México el presidente Enrique Peña Nieto dijo que
la Procuraduría General de la República (PGR) investigará los vínculos
empresariales y políticos del Chapo en México y Estados Unidos, a partir de la información que aporte el capo.
“Vamos contra todo lo que aporte y que eventualmente señale
complicidad de distintos (…) agentes del sector privado, agentes del
ámbito público aquí y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo”,
dijo Peña Nieto según entrevista transmitida el 26 de febrero por la
cadena estadunidense Univisión.
(Fragmento del reportaje principal de la revista Proceso 1948, ya en circulación)
No hay comentarios:
Publicar un comentario