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| Una de las protestas en solidaridad con Regina Martínez. Foto: Yahor Ceballos |
MÉXICO,
D.F. (apro).- La sala está llena de mujeres, han instituido un Tribunal
de Conciencia para condenar a un Estado que no garantiza la justicia y
vulnera de forma sistemática sus derechos; al entrar se puede escuchar
el rumor de la indignación que crispa los cuerpos que se enteran de cómo
y por qué el Estado mexicano es responsable de obstaculizar el
esclarecimiento del asesinato de la periodista Regina Martínez.
Ha
pasado más de un año desde aquel 27 de abril de 2012 y tres mujeres
periodistas (Jade Ramírez, Daniela Pastrana y Norma Trujillo) exponen
ante una juez los motivos y los hechos, documentan las inconsistencias
en la investigación de la fiscalía de Veracruz, demuestran las omisiones
que cometió la encargada de dictar sentencia a un presunto culpable que
hoy está libre, exhiben la manera en que las autoridades tergiversaron
las evidencias y antepusieron prejuicios fundados en estereotipos de
género para evadir la posibilidad de ejercer justicia.
Frente a ellas hay dos sillas vacías destinadas para los representantes del Estado mexicano.
Es
la primera vez que en México se instaura el Tribunal de Conciencia para
los Derechos de las Mujeres (la ciudad es Guadalajara y la fecha 27 de
octubre de 2013), el de Regina Martínez es el cuarto caso que se analiza
en esta ocasión; el primero fue el de Ernestina Ascencio, quien murió
en la sierra de Zongolica tras ser violada por soldados mexicanos y aquí
la historia de estas dos mujeres vuelve a encontrarse: en vida, la
periodista seguía las pistas de la muerte de la indígena nahua. Los
otros dos casos que se analizaron en el tribunal tienen que ver con un
feminicidio y una desaparición forzada, ambos en el Estado de México.
El
veredicto de la juez es lapidario: “Este es un caso emblemático sobre
el papel del Estado en cuanto a los derechos de las mujeres (…) El
Estado mexicano es responsable de graves violaciones a los derechos
humanos de Regina Martínez. Violó el derecho de acceso a la justicia, el
derecho a la información, el derecho a la vida, a la integridad
personal, a la seguridad y al debido procedimiento. Pero su actuación
es más significativa porque al violar los derechos de ella también viola
los derechos de todas las mujeres periodistas”.
“Regina fue
amenazada cuatro meses antes de que la asesinaran, en diciembre de 2011
salió de vacaciones y al regresar a su casa encuentra que todos los
jabones que tenía en su baño estaban abiertos y regados, incluso en el
baño todavía había vapor, como si alguien se acabara de bañar; su miedo
era constante pero aun así continuaba con su labor periodística (…) El
día del velorio, a su círculo cercano, nos llegaron mensajes en los que
se decía que Regina había sido asesinada por su macho (…) La
Procuraduría del estado no tomó en cuenta nunca la actividad
periodística de Regina para investigar y prefirió destacar que el crimen
tenía tintes pasionales relacionados con un supuesto cambio en su
conducta (…).
En el expediente se presentan como evidencias
psicológicas de ese cambio de conducta algunos objetos encontrados en su
casa: varios jabones para eliminar la celulitis y las manchas de la
piel, zapatillas casi nuevas, intención de comprar tela para mandar a
hacer minifaldas y vestidos, así como una caja nueva de inyecciones para
el deseo sexual”, relata Norma Trujillo y un escalofrío recorre varias
espaldas mientras el rumor de la indignación salta de silla en silla.
En
este espacio la memoria dignifica y se convierte en el argumento más
contundente contra la injusticia; la jueza recuerda que se trata de un
tribunal de conciencia, no vinculatorio, pero afirma que los tratados y
convenciones internacionales cuyas violaciones fueron acreditadas en el
caso, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o la
Convención de Belem Do Pará (para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer) deberían obligar al Estado a rectificar su
postura.
Una paradoja en este caso: la violación del Estado a los
derechos de Regina Martínez durante el proceso judicial fue encabezada
por dos mujeres: Consuelo Lagunas Jiménez, en ese tiempo directora de
Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría de Veracruz, y la juez
Beatriz Rivera Hernández, quien dictó sentencia.
Lagunas Jiménez
desestimó pruebas y líneas de investigación para construir un escenario
donde uno de los presuntos asesinos de la periodista es un hombre cuya
presencia en el lugar del crimen no está suficientemente probada.
Rivera
Hernández, para cerrar el asunto, fue omisa ante las inconsistentes
pruebas aportadas por la fiscalía y decidió aplicar una sentencia de 38
años y 2 meses de prisión contra Jorge Antonio Hernández Silva, supuesto
cómplice del homicidio y quien terminó saliendo de la cárcel por las
evidencias de tortura para arrancarle una confesión y por
irregularidades en el proceso. El presunto autor material, José Adrián
Hernández Domínguez, fue declarado prófugo y ninguna autoridad parece
estarlo buscando.
El tribunal de conciencia ha determinado
condenar al Estado mexicano y ese veredicto establece, también, que el
caso puede llevarse a instancias internacionales.
Emma González,
una de las organizadoras del tribunal, recuerda que la intención de éste
es exponer asuntos que han pasado por instancias jurídicas del Estado o
estén en algún proceso penal y en los que las víctimas no estén
conformes con las resoluciones oficiales porque la información ha sido
tergiversada en el sistema judicial.
El siguiente tribunal se
pretende realizar el 8 de marzo del año que viene, pero por lo pronto,
para hacer públicos los resultados de éste primer ejercicio, el próximo
25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de
Género) varias organizaciones harán un pronunciamiento al respecto y
éste se hará llegar a las autoridades involucradas.
“Ha sido un
trabajo extenuante y emotivo, mover estas emociones te deja la esperanza
de que las cosas pueden cambiar y la sociedad civil debe llamar a
rendir cuenta a los funcionarios responsables”, señala Emma al ir salir
de la sala.
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