martes, 20 de agosto de 2013

Implican a 30 soldados en abuso sexual contra adolescente embarazada

Militares en vigilancia. Foto: Octavio Gómez

Militares en vigilancia. Foto: Octavio Gómez
La Redacción
20 de agosto de 2013 

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presume que unos 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentran involucrados en las agresiones contra una adolescente de 15 años en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En entrevista telefónica, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, informó que tras las primeras indagaciones de un equipo de visitadores enviados por la CNDH se determinó que de manera directa e indirecta estarían involucrados 30 elementos de distinto rango de la Sedena, en la violación sexual de una joven el pasado 10 de julio.
El funcionario reveló incluso que las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia Militar (PGJM) ya abrieron las averiguaciones previas contra quienes resulten responsables del ataque y de otras violaciones a los derechos humanos de la adolescente.
En un comunicado, la CNDH dio a conocer la semana antepasada que iniciaría una investigación de oficio sobre los hechos, y que enviaría un equipo de visitadores adjuntos a Nuevo Laredo.
Ramos Vázquez confirmó que el equipo de la CNDH ya se había trasladado a la ciudad tamaulipeca y que se había puesto en contacto con la joven agredida y su familia.
La prensa local reportó en su momento que la adolescente –quien tenía ya varias semanas de embarazo–, se encontraba con su pareja en un hotel, cuando un grupo de militares entró al lugar e irrumpió en su cuarto y luego dos la agredieron sexualmente y uno más le robó sus pertenencias.
Tras denunciar los hechos, la madre de la joven aseguró que soldados comenzaron a vigilar el negocio familiar.
El pasado 2 de agosto se reportó que la adolescente fue citada al Primer Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, para identificar y carearse con sus agresores. Los mandos militares le presentaron fotografías y ella identificó a algunos soldados.
Según los medios locales, la familia se inconformó por la diligencia porque mientras la menor de edad identificaba a sus agresores, los militares se burlaban.
Más involucrados
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo aclaró que además de los soldados involucrados de manera directa en la agresión, se pudo identificar que otros militares participaron de manera indirecta al no impedir el ataque o al tener conocimiento de ella y no hacer nada por procurar una sanción.
Raymundo Ramos precisó que la CNDH ya solicitó a la Sedena que brinde información sobre los elementos de la unidad 01327 –a la que pertenecen los presuntos agresores–, para identificar plenamente a los involucrados en la violación de derechos humanos.
A decir del funcionario, la CNDH obtuvo el compromiso del general comandante de la plaza de Nuevo Laredo para evitar que sus elementos dejaran de acosar a la familia de la joven.
Dio a conocer que dos elementos involucrados directamente en la agresión desertaron del Ejército y están prófugos de la justicia. “Aunque ya no formen parte del Ejército deben ser debidamente sancionados; no permitiremos que los crímenes se queden en la impunidad”, puntualizó Ramos Vázquez.
Finalmente, afirmó que se buscará que la autoridad militar procure la debida sanción a todos los elementos involucrados, y que ésta sea determinada con base en su participación en el delito.
La agresión contra la joven ocurre en momentos en que el Estado mexicano ha incumplido la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para reformar el Código de Justicia Militar, y evitar así que los delitos cometidos por las fuerzas armadas contra civiles sean juzgados en el fuero castrense.
En octubre de 2010 la CoIDH sentenció a México por su responsabilidad en la violación cometida por militares contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo en Guerrero, en 2002
Manuelito, el niño humillado en Tabasco, vuelve a clases… sin la beca de Núñez y sin los apoyos de Angélica Rivera Por: Redacción / Sinembargo - agosto 20 de 2013 - 10:25 México, TIEMPO REAL, Último minuto - 13 comentarios Foto: René Araujo, Reporte Ciudadano Foto: René Araujo, Reporte Ciudadano, especial para SinEmbargo Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Feliciano Díaz Díaz, el niño tzotzil de 10 años que conmovió a México tras difundirse un video donde un inspector municipal de Villahermosa lo obligó a tirar los dulces que vendía en las calles del centro de esa ciudad, regresó a clases como el resto de los 26 millones de alumnos en México. Sin embargo, las becas y ayudas que le prometieron el Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, y la Primera Dama del país, Angélica Rivera de Peña, no han llegado. En el paraje llamado Romerillo, en la comunidad de Tenejapa, del municipio de San Juan Chamula, uno de los municipios más marginados y pobres de Chiapas, Feliciano, quien también es conocido en la prensa como Manuelito, acudió a su primaria bilingüe “Josefa Ortiz de Domínguez”. Su madre Andrea, de 27 años, dijo a un medio local, Reporte Ciudadano, que a su hijo no le han entregado ninguna beca, como le prometió el mandatario tabasqueño luego de que el 24 de julio pasado se difundiera un video de 36 segundos en el que el inspector Juan Diego López Jiménez y otra funcionaria, identificada como Carmen Torres Díaz, lo obligaran a tirar sus dulces en la calle. Pero tampoco llegó “el proyecto productivo y la instalación de una papelería que brinde servicio de fotocopiado e impresión”, como lo anunció Angélica Rivera, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional, dijo la madre del menor. La historia de Feliciano impactó a la sociedad mexicana luego de que través de las redes sociales se divulgó el video donde se capta al inspector López Jiménez obligando al menor a tirar su mercancía que vendía en una de las calles de Zona Luz del centro de Villahermosa, Tabasco. Después de ello, esa “autoridad” se retira y se lleva tres cajetillas de cigarros que al parecer sacó de la canasta del pequeño, quien se queda llorando en el piso.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/20-08-2013/726240. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
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Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/20-08-2013/726240. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
Manuelito, el niño humillado en Tabasco, vuelve a clases… sin la beca de Núñez y sin los apoyos de Angélica Rivera Por: Redacción / Sinembargo - agosto 20 de 2013 - 10:25 México, TIEMPO REAL, Último minuto - 13 comentarios Foto: René Araujo, Reporte Ciudadano Foto: René Araujo, Reporte Ciudadano, especial para SinEmbargo Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Feliciano Díaz Díaz, el niño tzotzil de 10 años que conmovió a México tras difundirse un video donde un inspector municipal de Villahermosa lo obligó a tirar los dulces que vendía en las calles del centro de esa ciudad, regresó a clases como el resto de los 26 millones de alumnos en México. Sin embargo, las becas y ayudas que le prometieron el Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, y la Primera Dama del país, Angélica Rivera de Peña, no han llegado. En el paraje llamado Romerillo, en la comunidad de Tenejapa, del municipio de San Juan Chamula, uno de los municipios más marginados y pobres de Chiapas, Feliciano, quien también es conocido en la prensa como Manuelito, acudió a su primaria bilingüe “Josefa Ortiz de Domínguez”. Su madre Andrea, de 27 años, dijo a un medio local, Reporte Ciudadano, que a su hijo no le han entregado ninguna beca, como le prometió el mandatario tabasqueño luego de que el 24 de julio pasado se difundiera un video de 36 segundos en el que el inspector Juan Diego López Jiménez y otra funcionaria, identificada como Carmen Torres Díaz, lo obligaran a tirar sus dulces en la calle. Pero tampoco llegó “el proyecto productivo y la instalación de una papelería que brinde servicio de fotocopiado e impresión”, como lo anunció Angélica Rivera, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional, dijo la madre del menor. La historia de Feliciano impactó a la sociedad mexicana luego de que través de las redes sociales se divulgó el video donde se capta al inspector López Jiménez obligando al menor a tirar su mercancía que vendía en una de las calles de Zona Luz del centro de Villahermosa, Tabasco. Después de ello, esa “autoridad” se retira y se lleva tres cajetillas de cigarros que al parecer sacó de la canasta del pequeño, quien se queda llorando en el piso.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/20-08-2013/726240. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

Implican a 30 soldados en abuso sexual contra adolescente embarazada

Militares en vigilancia. Foto: Octavio Gómez
Militares en vigilancia.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presume que unos 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentran involucrados en las agresiones contra una adolescente de 15 años en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En entrevista telefónica, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, informó que tras las primeras indagaciones de un equipo de visitadores enviados por la CNDH se determinó que de manera directa e indirecta estarían involucrados 30 elementos de distinto rango de la Sedena, en la violación sexual de una joven el pasado 10 de julio.
El funcionario reveló incluso que las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia Militar (PGJM) ya abrieron las averiguaciones previas contra quienes resulten responsables del ataque y de otras violaciones a los derechos humanos de la adolescente.
En un comunicado, la CNDH dio a conocer la semana antepasada que iniciaría una investigación de oficio sobre los hechos, y que enviaría un equipo de visitadores adjuntos a Nuevo Laredo.
Ramos Vázquez confirmó que el equipo de la CNDH ya se había trasladado a la ciudad tamaulipeca y que se había puesto en contacto con la joven agredida y su familia.
La prensa local reportó en su momento que la adolescente –quien tenía ya varias semanas de embarazo–, se encontraba con su pareja en un hotel, cuando un grupo de militares entró al lugar e irrumpió en su cuarto y luego dos la agredieron sexualmente y uno más le robó sus pertenencias.
Tras denunciar los hechos, la madre de la joven aseguró que soldados comenzaron a vigilar el negocio familiar.
El pasado 2 de agosto se reportó que la adolescente fue citada al Primer Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, para identificar y carearse con sus agresores. Los mandos militares le presentaron fotografías y ella identificó a algunos soldados.
Según los medios locales, la familia se inconformó por la diligencia porque mientras la menor de edad identificaba a sus agresores, los militares se burlaban.
Más involucrados
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo aclaró que además de los soldados involucrados de manera directa en la agresión, se pudo identificar que otros militares participaron de manera indirecta al no impedir el ataque o al tener conocimiento de ella y no hacer nada por procurar una sanción.
Raymundo Ramos precisó que la CNDH ya solicitó a la Sedena que brinde información sobre los elementos de la unidad 01327 –a la que pertenecen los presuntos agresores–, para identificar plenamente a los involucrados en la violación de derechos humanos.
A decir del funcionario, la CNDH obtuvo el compromiso del general comandante de la plaza de Nuevo Laredo para evitar que sus elementos dejaran de acosar a la familia de la joven.
Dio a conocer que dos elementos involucrados directamente en la agresión desertaron del Ejército y están prófugos de la justicia. “Aunque ya no formen parte del Ejército deben ser debidamente sancionados; no permitiremos que los crímenes se queden en la impunidad”, puntualizó Ramos Vázquez.
Finalmente, afirmó que se buscará que la autoridad militar procure la debida sanción a todos los elementos involucrados, y que ésta sea determinada con base en su participación en el delito.
La agresión contra la joven ocurre en momentos en que el Estado mexicano ha incumplido la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para reformar el Código de Justicia Militar, y evitar así que los delitos cometidos por las fuerzas armadas contra civiles sean juzgados en el fuero castrense.
En octubre de 2010 la CoIDH sentenció a México por su responsabilidad en la violación cometida por militares contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo en Guerrero, en 2002

Implican a 30 soldados en abuso sexual contra adolescente embarazada

Militares en vigilancia. Foto: Octavio Gómez
Militares en vigilancia.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presume que unos 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentran involucrados en las agresiones contra una adolescente de 15 años en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En entrevista telefónica, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, informó que tras las primeras indagaciones de un equipo de visitadores enviados por la CNDH se determinó que de manera directa e indirecta estarían involucrados 30 elementos de distinto rango de la Sedena, en la violación sexual de una joven el pasado 10 de julio.
El funcionario reveló incluso que las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia Militar (PGJM) ya abrieron las averiguaciones previas contra quienes resulten responsables del ataque y de otras violaciones a los derechos humanos de la adolescente.
En un comunicado, la CNDH dio a conocer la semana antepasada que iniciaría una investigación de oficio sobre los hechos, y que enviaría un equipo de visitadores adjuntos a Nuevo Laredo.
Ramos Vázquez confirmó que el equipo de la CNDH ya se había trasladado a la ciudad tamaulipeca y que se había puesto en contacto con la joven agredida y su familia.
La prensa local reportó en su momento que la adolescente –quien tenía ya varias semanas de embarazo–, se encontraba con su pareja en un hotel, cuando un grupo de militares entró al lugar e irrumpió en su cuarto y luego dos la agredieron sexualmente y uno más le robó sus pertenencias.
Tras denunciar los hechos, la madre de la joven aseguró que soldados comenzaron a vigilar el negocio familiar.
El pasado 2 de agosto se reportó que la adolescente fue citada al Primer Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, para identificar y carearse con sus agresores. Los mandos militares le presentaron fotografías y ella identificó a algunos soldados.
Según los medios locales, la familia se inconformó por la diligencia porque mientras la menor de edad identificaba a sus agresores, los militares se burlaban.
Más involucrados
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo aclaró que además de los soldados involucrados de manera directa en la agresión, se pudo identificar que otros militares participaron de manera indirecta al no impedir el ataque o al tener conocimiento de ella y no hacer nada por procurar una sanción.
Raymundo Ramos precisó que la CNDH ya solicitó a la Sedena que brinde información sobre los elementos de la unidad 01327 –a la que pertenecen los presuntos agresores–, para identificar plenamente a los involucrados en la violación de derechos humanos.
A decir del funcionario, la CNDH obtuvo el compromiso del general comandante de la plaza de Nuevo Laredo para evitar que sus elementos dejaran de acosar a la familia de la joven.
Dio a conocer que dos elementos involucrados directamente en la agresión desertaron del Ejército y están prófugos de la justicia. “Aunque ya no formen parte del Ejército deben ser debidamente sancionados; no permitiremos que los crímenes se queden en la impunidad”, puntualizó Ramos Vázquez.
Finalmente, afirmó que se buscará que la autoridad militar procure la debida sanción a todos los elementos involucrados, y que ésta sea determinada con base en su participación en el delito.
La agresión contra la joven ocurre en momentos en que el Estado mexicano ha incumplido la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para reformar el Código de Justicia Militar, y evitar así que los delitos cometidos por las fuerzas armadas contra civiles sean juzgados en el fuero castrense.
En octubre de 2010 la CoIDH sentenció a México por su responsabilidad en la violación cometida por militares contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo en Guerrero, en 2002

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