ITINERARIO POLÍTICO
Por RICARDO ALEMÁN
Es una buena noticia, digna de aplauso, que el Ejército, la Marina y
la Policía Federal hayan concretado la captura del jefe visible del
cártel del Golfo: Mario Ramírez Treviño, alias "El Pelón" o "El X-20".
También
es cierto que con la detención de Ramírez Treviño y recientemente de
Miguel Ángel Treviño Morales, alias "El Z-40", el gobierno de Enrique
Peña Nieto se apunta dos golpes espectaculares en la lucha en contra del
crimen organizado y las bandas que no sólo mercadean drogas sino
controlan todas las actividades criminales.
Sin embargo, la
pregunta obligada no es sobre los pasos que dará el gobierno en
dirección a nuevas detenciones de reputados capos. No, lo que esperan
los ciudadanos es la madrugada en que serán sorprendidos por la Suprema
Corte de Justicia o por un juez federal o del Fuero Común, que anuncien
la liberación de "El X-20", de "El Z-40", del "Mocha orejas" u otra de
las joyas de las prisiones del país.
¿Qué sigue a la detención
del "X-20"?, preguntan especialistas. Pues lo que sigue es lo que
ocurrió a lo largo del sexenio de Felipe Calderón y que empieza a
ocurrir con Peña Nieto; que mientras no se produzca una verdadera purga
en el corrupto Poder Judicial, y mientras no se insista en una verdadera
capacitación para los agentes del Ministerio Público —federales y
locales—, la persecución de las bandas criminales, de los grandes capos y
la aplicación de la justicia seguirán siendo una broma que ofende a los
ciudadanos.
A menos que se acabe con los corruptos ministros de
la Corte, con los jueces y magistrados que venden la justicia al mejor
postor y que se enriquecen con la liberación de secuestradores,
criminales, narcotraficantes y hasta rateros de barrio, de poco o nada
servirá el esfuerzo del gobierno federal y de los gobiernos estatales a
favor de la seguridad y en la lucha contra el crimen.
Por eso las
preguntas. ¿Quién, en sano juicio, puede asegurar que la liberación de
la secuestradora Florence Cassez y del narcotraficante Rafael Caro
Quintero fueron procesos transparentes, apegados a derecho, ajenos a
presiones políticas y al manoseo interesado? ¿De verdad no hay ministros
de la Corte, jueces y magistrados corruptos? ¿De verdad los ministros,
magistrados y jueces resistirán un examen de confianza; pasarán el
polígrafo; una prueba que compare patrimonio y salario? ¿Cuántos años de
cárcel habría en todo el Poder Judicial si se investiga, desde lo más
alto a lo más bajo? ¿Cuántos deshonestos como Góngora Pimentel existen
en la Corte y en el Poder Judicial todo?
Lo cierto es que el
Ejecutivo y el Judicial parecen las dos caras de la misma moneda del
Estado mexicano; un gobierno que sea con Felipe Calderón Hinojosa, sea
con Enrique Peña Nieto, se empeña en capturar criminales de alto
registro —como el Z-40 y "El Pelón"—, y un Poder Judicial corrupto que
lo mismo libera a la secuestradora Florence Cassez que al
narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Y es que los poderes
Ejecutivo y Judicial —del Estado mexicano—, parecen atacados por la fea
enfermedad de la esquizofrenia, que no sólo confrontan sus tareas y
objetivos sino que, en el extremo, anula su eficacia institucional y
exhibe trapacerías en ambos bandos, pero sobre todo en el Poder Judicial
en donde campea la corrupción; la justicia al mejor postor.
Pero
lo más simpático de la carrera entre un Poder Ejecutivo que invierte
millonadas en la detención de criminales, y un Poder Judicial que se
apresura en liberar a esos mismos criminales, es que a los primeros se
les exigen transparencia, exámenes de confianza, certeza de honestidad y
de que no mantienen vínculo criminal, mientras los segundos se
escandalizan cuando alguien se atreve a insinuar lo que es secreto a
voces; "que el Poder Judicial es un nido de ratas".
¿Por qué se
somete a controles de confianza a procuradores estatales, a secretarios
de Seguridad Pública, a empleados del Poder Ejecutivo y nadie se atreve a
tocar a los ministros de la Corte, jueces, magistrados..? ¿Acaso
existen mexicanos de primera y de segunda, para confiar plenamente en
unos y dudar de otros? ¿A partir de qué criterio, los empleados del
Poder Judicial son intocables? ¿De verdad son dignos de confianza los
ministros de la Corte, magistrados y jueces?
Es mucho lo que
tienen que explicar los intocables del Poder Judicial, no sólo en los
casos de la secuestradora francesa y de Caro Quintero. La corrupción
está a la vista de todos, la conocen y la padece todo aquel que se
acerca al Poder Judicial. La pregunta, en todo caso, es otra. ¿Hasta
cuándo un poder fundamental como ese, seguirá en la opacidad? Al tiempo.
En el camino
A partir de hoy otro crimen impune, el de la CNTE, que dejará sin escuela a millones. (Tomado de El Debate).
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