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Rafael Caro Quintero. Foto: Xinhua. |
Durante dos años, la defensa del narcotraficante presentó
24 alegatos –el último de ellos el 4 de marzo pasado, según el
expediente electrónico consultado por Proceso– para que su
cliente obtuviera un amparo y recuperara su libertad. Finalmente, un
tribunal se lo concedió el 1 de julio pasado, con lo cual se anuló su
condena de 40 años de prisión. Durante esos años la PGR no
presentó ninguna querella, y cuando supo del dictamen guardó silencio y
no informó, como debía, al gobierno de Estados Unidos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La madrugada del viernes 9, cuando
Rafael Caro Quintero caminaba hacia la puerta de salida del penal de
máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, prevalecía en el ambiente
una sospecha, ahora confirmada: que el gobierno de Enrique Peña Nieto,
por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), había sido
clave en la liberación del narcotraficante.
Este semanario tuvo acceso a expedientes de distintos tribunales y
juzgados, así como a las 2 mil 556 fojas de la sentencia del amparo
concedido a Caro Quintero que anuló su condena de 40 años de prisión. En
conjunto, los documentos no sólo evidencian la actuación del gobierno
de Peña Nieto en el proceso de liberación del capo, sino también el
ocultamiento al gobierno estadunidense de información que pudo haber
impedido su salida de la cárcel.
La orden del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito de ponerlo
en libertad antes de cumplir su condena por el secuestro y ejecución
del agente de la DEA Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo
Zavala –que ha tensado la relación bilateral entre México y Estados
Unidos– fue una sorpresa para todos… excepto para la PGR y para el capo…
Los antecedentes
El 16 de mayo de 2011 la PGR fue notificada del amparo directo
promovido por la defensa de Caro Quintero, de acuerdo con los registros
oficiales del Primer Tribunal Colegiado. No obstante, durante más de dos
años –el último del sexenio de Calderón y los primeros meses del de
Peña Nieto, la Procuraduría no presentó ningún alegato para defender la
sentencia contra el capo, según demuestran documentos oficiales y la
sentencia del amparo, cuyas copias tiene Proceso.
Además, desde el jueves 1, una semana antes de que el Segundo
Tribunal Unitario ordenara la liberación del narcotraficante, la PGR
supo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer
Circuito concedió el amparo directo al capo para anular la sentencia
condenatoria de 40 años de prisión, de acuerdo con la lista de sesiones
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisada por este semanario.
En vez de informar al gobierno estadunidense, con base en los
términos de la cooperación bilateral, del amparo concedido y la
inminente liberación del narcotraficante para dar oportunidad a una
solicitud de detención preventiva con fines de extradición, como el
gobierno de Barack Obama reclamó después de la liberación del capo, la
PGR optó por guardar silencio.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1920, ya en circulación)
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