Por Noé Zavaleta
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Fidel Herrera y Javier Duarte. Transferencia de poderes en Veracruz. Foto: Yahir Ceballos |
XALAPA, Ver. (apro).- La dirección jurídica de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) presentó seis denuncias por presunto
desvío de recursos en contra de colaboradores y exfuncionarios de las
administraciones de Javier Duarte y Fidel Herrera.
Las querellas fueron interpuestas ante la PGR en noviembre pasado,
aunque apenas salieron a la luz pública, luego de que la semana pasada
el Senado apoyara un punto de acuerdo para exhortar a la dependencia
federal a que deslindara responsabilidades y, de ser necesario, emitiera
órdenes de aprehensión en contra de los involucrados.
Es por ello que la ASF y su director jurídico, Ruperto Narváez
Bellazetín, entregaron a la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de
Justicia de la PGR al menos 78 hojas divididas en seis “denuncias de
hechos” que incriminan a los candidatos del distrito de Martínez de la
Torre, Edgar Spinoso (PVEM); del distrito de Xalapa Urbano, Adolfo Mota
(PRI), y de la demarcación de Cosamaloapan, Tareck Abdala (PRI), por
presuntamente “simular” el ingreso de recursos a la Federación para
después “sacarlos de las cuentas bancarias” y darles otro destino.
El ‘modus operandi’ era el siguiente: “Reintegraban recursos a la
Federación, mandaban comprobación y volvían a sacar el recurso”.
“Simulaban regresar el recurso para obtener los documentos
comprobatorios de la ASF de que resarcieron el daño y solventaron la
irregularidad determinada; posteriormente lo volvían a retirar en dos
transferencias”.
Las denuncias de hechos, en poder de Apro, se basan en los oficios DGJ/C1/2245/2014, DGJ/C1/2368/2014, DGJ/C1/2374/2014, DGJ/C1/2244/2014 Y DGJ/C1/2228/2014 de la ASF.
La ASF explica a la PGR que una vez que los funcionarios de Veracruz
“enviaban las comprobaciones” al gobierno federal y obtenían los “sellos
de devolución”, el dinero era vuelto a retirar a través de otras
cuentas del gobierno estatal mediante transferencias poco claras.
Los señalamientos alcanzan al exauditor del Órgano de Fiscalización y
extitular de Sefiplan, Mauricio Audirac; el extesorero y actual
secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Tomás Ruiz
González, y el exoperador político priista y actual secretario del
Trabajo y Previsión Social, Gabriel de Antes, quienes al igual que los
tres candidatos tenían acceso como “apoderados” o “accedientes” a las
chequeras donde se transfirió el recurso.
Un caso aparte es el de Vicente Benítez, quien también es señalado en las querellas de la ASF.
Benítez, extesorero del gobierno de Duarte, fue cesado en las
precampañas federales de 2012 cuando la PGR le abrió una investigación
–de la que salió exonerado– por trasladar 25 millones de pesos en
efectivo del aeropuerto de Xalapa a Toluca, en el Estado de México,
recursos que políticos de oposición interpretaron que eran para la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Hoy Benítez es oficial mayor de la Secretaría de Educación de
Veracruz (SEV) tras ser reintegrado al gobierno en 2013, cuando Duarte
lo hizo subsecretario de Desarrollo Social estatal.
Un ejemplo de la operación del “enjuague y traslado de recursos” es el siguiente:
En la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal (FAEB), cuyo titular era Adolfo Mota Hernández, hoy candidato del
PRI a la diputación rural de Xalapa, la ASF auditó 18 mil 343 millones,
87 mil pesos (97.9% de los recursos), en los que después de requerir a
la CNBV y de cotejar y confrontar con las transferencias y reintegros
que hizo el gobierno del estado, se detectó que el 17 de enero de 2012
se autorizó que la cuenta Santander (6550255805) diera “salida
efectuada” a 124 millones 414 mil pesos.
De este último recurso, la ASF no encontró “elementos” que
certifiquen su debida aplicación y destino, según deslindó la auditoría
224.
Otro rubro saqueado fue el correspondiente al Seguro Popular de
Veracruz, pues de 2 mil 540 millones que fueron depositados para la
entidad, la ASF exigió el “reintegro” de mil 602 millones, pues el
recurso careció de una “correcta aplicación”, sin embargo, los
funcionarios de Duarte entregaron “por partes” el reintegro.
Ante las irregularidades y extraños movimientos de cuentas bancarias,
la ASF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los
“movimientos bancarios” y también las cuentas a donde los funcionarios
depositaban los “reintegros”.
En ese vaivén, la ASF no encontró el destino de 389 millones 550 mil
pesos, depositados en la cuenta Banorte 0659075660, donde no se “reportó
evidencia” del ejercicio del gasto público para el cumplimiento del
programa del Seguro Popular.
En la “confrontación y cotejo de datos”, la ASF detectó que la
administración estatal destinó los recursos para “otro fin” al
etiquetado, por lo que resolvió que el gobierno de Veracruz sólo
“simuló” los “reintegros” o incluso “retiraba” los recursos el mismo día
que eran depositados, y al día siguiente se “depositaban” en otra
cuenta, ajena al gobierno del estado y sin poder ser detectada ni por la
propia CNBV.
“Lo anterior hace presumir que servidores públicos del gobierno del
estado de Veracruz simularon el reintegro del recurso señalado por esta
entidad de fiscalización”, se advierte en las querellas.
Otro botón de muestra de la corrupción fue el manejo del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, donde se
“esfumaron” 10 millones 54 mil pesos en el traslado de la cuenta BBVA
Bancomer (700034087340) a una cuenta Banamex.
También en este caso la ASF concluyó que hubo un “esquema de
simulación” por parte del gobierno de Veracruz sobre reintegro de
recursos a la Federación el 3 de septiembre de 2012, pero 20 días
después fue vuelto a sacar y ya no se conoció el destino del dinero.
El resto de las irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación a la PGR son similares.
Finalmente, las seis denuncias fueron dirigidas a Gerardo Raymundo
Arizaga Cortés, titular de la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de
Justicia de la PGR y con copia al entonces procurador general Jesús
Murillo Karam.
A la fecha, funcionarios y empleados de la dependencia federal ya han
citado a declarar a colaboradores de Duarte, pero el deslinde de
responsabilidades se ha mantenido en total hermetismo.
La semana anterior, el senador panista Fernando Yunes denunció el
presunto desvío de recursos por cerca de 4 mil 600 millones de pesos,
acción en las que estarían implicados tanto colaboradores de Duarte como
de Fidel Herrera, e incluso tres candidatos a las diputaciones
federales.
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