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El alcalde de Iguala, José Luis Abarca y el presidente Enrique Peña Nieto, durante un encuentro en noviembre del año pasado. Foto: Tomada de Facebook |
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Hace 11 meses, la oficina de
comunicación social de la alcaldía de Iguala difundía una fotografía en
la que se veían al entonces presidente municipal José Luis Abarca
Velázquez abrazado a Enrique Peña Nieto. Ambos sonríen a la cámara.
La impresión fue acompañada por un boletín de prensa por el que el
ayuntamiento de Iguala informaba que Abarca y su esposa, la presidenta
municipal del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, se entrevistaron
con Peña Nieto “para presentarle algunos proyectos de obras públicas de
impacto social, así como turísticos que, de aprobarse, vendrían a
transformar, modernizar y detonar el desarrollo económico de Iguala”.
El encuentro se dio en el contexto de la visita del presidente a la
capital de Guerrero para impulsar el Plan Nuevo Guerrero, estrategia con
la que oficialmente se pretendía paliar los estragos del paso del
huracán Manuel por la entidad, el 15 de septiembre de 2013.
En esa fecha, el 7 de noviembre, ya era pública la relación familiar
de María de los Ángeles con los narcotraficantes Mario y Alberto Pineda
Villa, vinculados al cártel de los Beltrán Leyva, así como las
acusaciones que pesaban sobre Abarca Velázquez por la muerte del
fundador del PRD y dirigente de la Unión Popular, Arturo Hernández
Cardona y dos de sus correligionarios, Rafael Bandera Román y Ángel
Román Ramírez.
También era más que conocida la solicitud de revocación de mandato
contra Abarca presentada ante el Congreso local por la regidora de
Iguala y viuda de Hernández Cardona, Sofía Mendoza, en julio del año
pasado, así como la negativa de la Procuraduría General de la República
(PGR), en voz de su titular, Jesús Murillo Karam, de atraer el caso.
Para cuando Abarca Velázquez se exhibió con el presidente Peña Nieto,
su gobierno sabía de la solicitud de medidas cautelares que los deudos
de las víctimas y los sobrevivientes del atentado solicitaron a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la que dieron
respuesta hasta febrero de 2014, como lo publicó el semanario Proceso en su edición de esta semana.
Defenestrado ahora por el partido que lo llevó al poder, sometido a
un proceso de desafuero y con una orden de presentación por los
homicidios y desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa, Abarca
recurrió a las redes sociales para mostrar el respaldo de políticos y
funcionarios públicos federales y estatales.
Todavía circulan en la página de la presidencia municipal selfies
de Abarca con la secretaria de Desarrollo Social, y también
defenestrada dirigente nacional del PRD, Rosario Robles Berlanga; con el
gobernador Ángel Aguirre y el secretario de Salud de Guerrero, Lázaro
Mazón Alonso, quien lo propuso como candidato a la alcaldía en 2011.
El ahora prófugo se encargó de manejar su imagen junto a quienes lo
respaldaron políticamente ante la solicitud de revocación de mandato, el
líder del Congreso del estado Bernardo Ortega, el dirigente del PRD en
Guerrero Carlos Reyes, y con el legislador federal Sebastián de la Rosa
Peláez, todos de Nueva Izquierda, la corriente del actual presidente
nacional, Carlos Navarrete.
Entre las fotografías mostradas por el gobierno municipal, unas
muestran al alcalde abrazado con diputados federales de Guerrero en San
Lázaro, del PRD Carlos de Jesús Alejandro y Marino Miranda Salgado, así
como con el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Circulan imágenes de Abarca con el senador y aspirante a la
gubernatura de Guerrero, Armando Ríos Piter, sonrientes ambos, junto con
otros políticos y empresarios de Iguala.
La mayor parte de las fotografías fueron difundidas en redes sociales
cuando el escándalo de la vinculación de Abarca Velázquez con el
homicidio de Hernández Cardona era conocido en los altos niveles de la
política nacional, por el procurador Murillo Karam y el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e incluso la Cancillería, por el
procesamiento de las medidas cautelares ante la CIDH, pero al parecer
eso no fue obstáculo para posar junto al entonces alcalde.
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