lunes, 11 de agosto de 2014

Ignora CEDH indemnización a trabajadores de CFE por caso Claudio Martínez

***Xóchitl Burdet Torruco, afirmó que desconoce que sucedió con la indemnización que recibirían los trabajadores de la CFE, manifestó total ignorancia con respecto al cumplimiento de la recomendación que la CEDH emitió a la PGJE.
Por: Armando Ramos Álvarez
Fuente: Diario Presencia

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domingo, 10 de agosto de 2014 14:12
La delegada regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Xóchitl Burdet Torruco, afirmó que desconoce que sucedió con la indemnización que recibirían los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señalados como probables responsables del homicidio del pastor Claudio Martínez Morales.
A dos meses de la liberación de los electricistas, la funcionaria manifestó total ignorancia con respecto al cumplimiento de la recomendación que la CEDH emitió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), incluyendo el pago de una indemnización.
“No sabría decirte, ahí ya es cuestión de los abogados los que tienen que checar esa situación, yo ahí si no sabría decirte”, expresó.
Incluso, Burdet Torruco sostuvo que no ha estado al pendiente de este último proceso, pues su intervención en el caso fue únicamente durante la integración de la queja y aclaró que desde ahí no le dado seguimiento al tema.
“No he estado al pendiente de ese procedimiento, yo he visto otras situaciones, yo participe en la integración de la queja que presentaron estas personas en contra de los servidores públicos, la cual fue debidamente integrada y se emitió la recomendación y todo pero ahí en cuanto a lo que me mencionas ya no le di seguimiento”, comentó.
Además, la delegada regional de la CEDH remarcó que para supervisar que la PGJE esté dando cumplimiento a la recomendación que se le giró existe un departamento a nivel central de la comisión ya que el tema no es de su competencia.
La PGJE, por su parte, alista el replanteamiento de la acusación sobre los electricistas. La dependencia estatal tiene un plazo de 180 días después de la liberación de los trabajadores de la CFE para fijar su postura y seguir investigando a los cuatro individuos que ya fueron recluidos en el penal de Coatzacoalcos pero liberados por violaciones a sus garantías durante el proceso que se le siguió en el 2013.

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