Santiago Igartúa
Las cárceles: violaciones a los derechos humanos. Foto: Germán Canseco. |
Espejo fiel de una sociedad y un Estado nacional
corruptos hasta la médula, el sistema carcelario del país es un
inframundo donde la humillación, la ingobernabilidad, las
violaciones a los derechos humanos, la violencia y el negocio son ley
estricta. Estudios recientes de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y de la UNAM así lo constatan, pero arrojan un dato más, nada
desconocido para los mexicanos: lejos de corregirse, esta degradación
empeora año tras año de manera irremisible. ¿Qué hace el gobierno al
respecto? Especialistas de ambas instituciones concluyen: no muestra
voluntad para acabar con este enfermo estado de cosas.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Reflejo del país, el
sistema penitenciario de México padece ingobernabilidad, los derechos
humanos de su población se vulneran metódicamente y la no reinserción
social de sus presos viola la Constitución. “Nadie conoce verdaderamente
una nación si no conoce el estado de sus prisiones”, cita a Nelson
Mandela el tercer visitador general de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Andrés Aguirre Aguilar.
En días previos a darse a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria
(DNSP) de 2013, Aguirre sostiene en entrevista que desde el primero de
esos informes, el de 2006, el estudio de la CNDH refleja que “la
situación de las prisiones no cambia”.
Advierte que del anterior DNSP –de 2012– al actual no hay avances ni
motivo de festejo: “El diagnóstico demuestra lo que todos sabemos de las
prisiones. Son áreas de abandono con maltrato hacia la población e
incumplimiento de las disposiciones constitucionales de la reinserción, y
el hecho de que se organice el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los derechos humanos (el trabajo, la capacitación para el
mismo, la educación, la salud y el deporte), no se cumple”.
El DNSP se elabora a partir de visitas y recorridos de supervisión
por los 101 centros penitenciarios estatales más poblados, 17 federales y
las tres prisiones militares del país, donde se aplican encuestas y se
entrevista a directores, responsables de áreas técnicas y personal de
seguridad y custodia, así como a 10% de los internos de cada prisión; a
cada una se le califica en una escala del 0 al 10 con base en las
condiciones mínimas que deben existir según lo establecido en la
Constitución y convenios internacionales.
Las calificaciones que da el DNSP 2013 a los centros estatales de
readaptación social son: 5.68 en condiciones de gobernabilidad, 6.08 en
aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, 6.45
en estancia digna, 6.63 en reinserción social y 6.73 en atención a
grupos vulnerables en reclusión. En todos estos rubros hubo un retroceso
respecto al diagnóstico previo.
En cuanto a los centros federales, la reinserción es de igual manera
la mayor falla. Las cifras no son más alentadoras en materia de derechos
humanos reflejados en el respeto a la dignidad, respeto a los grupos
vulnerables e integridad física y moral de los internos. En cuanto a las
tres prisiones militares, la reinserción social (6.23) sólo fue
superada por el maltrato a los grupos vulnerables, con calificación
reprobatoria de 5.69.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1972, ya en circulación)
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