Noé Zavaleta
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| Duarte con familiares de desaparecidos. Foto: Yahír Ceballos |
XALAPA,
Ver. (apro).- El Colectivo por la Paz exigió al gobernador Javier
Duarte aclarar el “protocolo” de búsqueda e investigación de
desaparecidos en la entidad.
En particular de los 165 casos
“resueltos”, presumidos por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y
la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).
En rueda de
prensa, Anaís Palacios, vocera de la organización, precisó que si bien
el gobierno de Duarte presentó más de un centenar de casos de éxito,
ninguno de ellos tiene que ver con las 67 “desapariciones forzadas” que
ellos manejan.
“¿Dónde los localizaron?, ¿qué métodos emplearon?,
¿quién los tenía?, ¿de donde eran los secuestrados?, ¿en qué
circunstancias fueron hallados?”, preguntó Palacios, y señaló que sólo
si las autoridades de seguridad y procuración de justicia de Veracruz
resuelven estas interrogantes, habrá credibilidad hacia el trabajo del
gobierno.
Estos cuestionamientos resueltos, agregó, darían pie a
que familiares de personas desaparecidas –agrupados en el Colectivo por
la Paz– puedan tener más herramientas para buscar a sus seres queridos.
Este
martes fue aprobada en el Congreso local la iniciativa de ley enviada
por Duarte para tipificar como delito grave la desaparición de personas
en el estado.
La adición de un capítulo sobre “desaparición
forzada” en el Código Penal del estado incluye multas de mil a 4 mil
salarios mínimos y de 10 a 30 años de prisión cuando se compruebe la
complicidad u omisión de policías, servidores públicos y agentes
estatales.
Durante la aprobación de dicha iniciativa, integrantes
del Colectivo por la Paz se manifestaron en el recinto legislativo para
exigir un “no a la impunidad” ni “reducción de penas”.
Y es que,
de acuerdo con Palacios, en varios de los casos que lleva el Colectivo
se ha comprobado la participación de militares y agentes de fuerzas
públicas federales, pero sobre todo de policías estatales.
Según
la vocera de la organización, en la iniciativa aprobada se deja entrever
en el artículo 318 bis del Código Penal la posibilidad de juntar la
desaparición forzada con otros delitos como tortura o ejecución al
margen de la ley por parte de fuerzas de seguridad pública.
“Lo
que hemos leído en dicha ley da para presumir que el gobierno admite la
comisión de otros delitos como la tortura o ejecución extrajudicial, lo
cual, en términos de diferentes convenciones, constituye gravísimas
violaciones a los derechos humanos”, subrayó.
Hasta ahora la Fiscalía de Veracruz reconoce la “desaparición forzada” de 715 personas desde que arrancó el actual sexenio.
Hace
dos semanas Javier Duarte presentó 165 “casos de éxito” de localización
de personas, lo que reduciría las alarmantes cifras de “levantones”,
secuestros y personas desaparecidas.
Pero el Colectivo por la Paz
Xalapa dijo no sentirse conforme con ese resultado y exigió atender los
expedientes judiciales abiertos en el Puerto de Veracruz, Boca del Río,
Orizaba, la capital del estado y otras ciudades.
“Reiteramos el
señalamiento de la responsabilidad que tiene el gobierno del estado de
Veracruz y la PGJ en la investigación, búsqueda y presentación con vida,
sin distinción, de todas las personas desaparecidas en el Estado de
Veracruz”, apuntó.
Además, las activistas recordaron que desde
hace más de un mes el gobernador se ha negado a recibirlas para
“revisar”, “analizar” e “intensificar” la búsqueda de los 67 casos que
acompaña el colectivo.
De igual manera, fustigaron el “deficiente
trabajo” de la PGJ en la búsqueda de personas desaparecidas, pues ni su
página web está actualizada con el listado.
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