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| Una de las protestas contra la violencia hacia los periodistas. Foto: Demián Chávez |
MÉXICO,
D.F. (apro).- Defensores de derechos humanos que estén en riesgo por su
labor tendrán acceso a vehículos blindados, alarmas, microchips de
localización, escoltas, chalecos antibalas, atención médica y
psicológica de urgencia, entre otros beneficios.
Así lo marcan las
reglas de operación del fideicomiso Fondo para la Protección de
Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, publicado
este martes hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Dicho
fideicomiso contará con un monto inicial de un millón de pesos con
cargo al presupuesto autorizado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y
se nutrirá con los recursos anuales que con tenidos en el Presupuesto
de Egresos de la Federación y otros fondos públicos.
También
recibirá donaciones provenientes de “cualquier persona física o moral,
siempre y cuando provengan de actos lícitos”, así como de bienes que
transfieran “a título gratuito” el gobierno federal o las entidades
federativas.
De acuerdo con el reglamento, las medidas de
protección que se enlistan podrían aumentar, según las condiciones y/o
gravedad del caso en estudio.
Las adquisiciones y contratación de
servicios, como la instalación y operación de sistemas de protección
para las casas u oficinas de los periodistas y defensores amenazados;
equipos de telefonía celular y satelital, de radiocomunicación,
inmuebles y equipamiento para los mismos, e incluso vigilancia
perimetral y escoltas, se realizarán con cargo al patrimonio del
fideicomiso.
También se proporcionará, cuando así lo amerite la
situación, hospedaje, alimentación, asesoría psicológica o jurídica y
transportación –aérea, marítima o terrestre—mudanza o almacenamiento de
bienes muebles “en caso de evacuación forzada”, así como seguros para
los bienes e insumos adquiridos o arrendados y cualquier otra que
apruebe la junta de gobierno.
La coordinación del mecanismo será
la encargada de realizar las gestiones necesarias a fin de identificar
los bienes y servicios que se requieran para garantizar la vida,
integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en
situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los
derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el
periodismo.
Una vez que se identifiquen los bienes y servicios, la
coordinación deberá elaborar un proyecto que contendrá las razones
técnicas, económicas y jurídicas que justifiquen su adquisición o
contratación con cargo al fideicomiso y lo pondrá a consideración de la
Junta de Gobierno.
En caso de que la junta apruebe el proyecto la
coordinación realizará la adquisición o contrato bajo los esquemas
previstos en la normatividad: Licitación pública, invitación a cuando
menos tres personas o adjudicación directa.
Asimismo, la coordinación deberá identificar “oportunamente” aquellos proyectos que requieran continuidad para la prestación efectiva de los servicios e identificar la existencia de alguna irregularidad en la ejecución del contrato.
Asimismo, la coordinación deberá identificar “oportunamente” aquellos proyectos que requieran continuidad para la prestación efectiva de los servicios e identificar la existencia de alguna irregularidad en la ejecución del contrato.
Las reglas de operación del fideicomiso Fondo para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de
Gobierno, instancia máxima del mecanismo.
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