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El conductor Carlos Loret de Mola y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga. Foto: Octavio Gómez |
Mexicanos Primero –organismo que aglutina a empresarios como
Emilio Azcárraga, Fernando Landeros y Claudio X. González, de Televisa– y
la OCDE dictaron línea por línea la iniciativa de reforma educativa que
impulsó Enrique Peña Nieto y aprobó el Congreso. Documentos de ambas
instancias demuestran lo anterior, lo mismo que los profesores
disidentes ya habían advertido y en lo que coinciden especialistas del
ramo. El gobierno parece decidido a privatizar no sólo los hidrocarburos
y la generación eléctrica, sino también la educación, y para ello tiene
un plan que incluye, por supuesto, el linchamiento mediático de quienes
se oponen.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La reforma educativa, carta de legitimación
en el arranque del sexenio y punto más celebrado por Enrique Peña Nieto
en el mensaje que dirigió a la nación con motivo de su primer informe de
gGobierno, fue redactada para satisfacer los lineamientos impulsados
por varios de los hombres más ricos del país –a través de Mexicanos
Primero– y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
Así lo han denunciado expertos en la materia y en distintos momentos
también los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), que la califican de reforma laboral-administrativa de
corte empresarial.
Los documentos de la OCDE Mejorar las escuelas: Estrategias para la
acción en México (2010), Establecimientos de un marco para la evaluación
e incentivos para docentes: Consideraciones para México (2011), México:
Mejores políticas para un desarrollo incluyente (2012) y Getting It
Right: Una agenda estratégica para las reformas en México (2012), así
como el estudio Ahora es cuando: Metas 2012-2024, elaborado por
Mexicanos Primero, confirman acuerdos y reflejan directrices de la
reforma educativa y las acciones que en esa materia ha asumido el
gobierno federal.
Los documentos de la OCDE, que suman miles de cuartillas de análisis y
recomendaciones para aplicar reformas en México –no sólo en materia
educativa sino fiscal, energética y de telecomunicaciones, entre otras–,
responden a convenios con Felipe Calderón signados en 2008 y se derivan
del Acuerdo de Colaboración Estratégica entre México y la OCDE, firmado
por Enrique Peña Nieto en septiembre de 2012, donde se pacta la
participación de ese organismo internacional para el diseño de las
reformas de este gobierno.
De los textos de la OCDE destacan las recomendaciones para la
profesionalización, contratación, selección y evaluación de docentes,
reflejada en el artículo 4 de la controvertida Ley del Servicio
Profesional Docente (LSPD): incrementar la autonomía escolar, contenida
en la reforma al tercero constitucional, transitorio quinto, fracción
III; fortalecer el sistema de evaluación, rendición de cuentas y de
mejoramiento para estudiantes, docentes y escuelas, que se aborda en la
misma reforma al tercero constitucional, así como en la sección 6
referente a la “vigilancia, transparencia y rendición de cuentas” de la
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Por su parte el estudio de Mexicanos Primero no se limita a fijar
líneas, sino que calendariza los tiempos en que se requieren las
medidas.
En Ahora es cuando: metas 2012-2024, publicado dos meses después de
la elección de Enrique Peña Nieto como presidente, se demanda, entre las
finalidades a corto plazo, la profesionalización docente –cristalizada
en la LSPD– y la recuperación de la rectoría del Estado sobre la
educación, lo primero que dispuso el priista al asumir el gobierno.
Para 2012 el texto pedía el nombramiento de un secretario de
Educación sin ataduras con el SNTE. Se nombró a Emilio Chuayffet,
enemigo de Elba Esther Gordillo, quien encabezaba ese gremio…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1923 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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