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María Peniche fotografiada el 5 de agosto del 2013 en el Centro de Detención de Eloy, Arizona.
Foto: AP |
TUCSON,
Arizona (apro).- El miércoles 7 de agosto, tras 17 días de permanecer
en prisión, nueve jóvenes indocumentados lograron lo que durante décadas
congresistas, abogados y organizaciones activistas estadunidenses han
intentado: utilizar las leyes de inmigración de ese país para solucionar
la situación de quienes han sido deportados o han tenido que abandonar
su vida en Estados Unidos para volver a sus países de origen.
Los
jóvenes mexicanos iniciaron el martes 22 de julio la acción de
desobediencia civil más radical que ha realizado el movimiento Dreamer.
Caminando desde el lado mexicano hacia la garita que conecta las
ciudades de Nogales, Sonora, y su homónima en Arizona, Lizbeth Mateo,
Lulu Martínez, María Peniche, Adriana Gil, Claudia Amaro, Marco
Saavedra, Mario Gómez, Luis León y Ceferino Santiago hicieron saber a
quienes se encontraban en el lugar, incluidos los oficiales de
inmigración, que eran indocumentados, que no sentían vergüenza de serlo,
y que tras haber regresado a México por diversas razones —algunos
semanas atrás, otros hace años; algunos debido a una deportación, otros
por motivos personales¬— deseaban regresar al país que los vio crecer y
que consideran suyo.
Los Dreamers son los jóvenes que fueron
llevados a Estados Unidos sin documentos cuando eran menores de edad,
que han hecho toda su vida en ese país, y que vagamente recuerdan el
país de origen. El nombre del movimiento tiene su origen en la
iniciativa de ley DREAM Act, presentada en 2001 por el senador Richard
Durbin ante el Congreso de Estados Unidos. De ser aprobada, esta ley
regularizaría la situación migratoria de los jóvenes para permitirles,
entre otras cosas, el acceso a los apoyos financieros necesarios para
cursar la educación superior y la posibilidad de contar con un permiso
de trabajo una vez que finalicen sus estudios. La ley, que beneficiaría a
1.7 millones de jóvenes, ha sido sometida a votación en varias
ocasiones y hasta ahora no ha sido aprobada.
Coreando la consigna
“Undocumented and unafraid!” (¡Sin documentos y sin miedo!), los nueve
muchachos, que vestían togas y birretes de graduados como símbolo de su
aspiración a convertirse en profesionistas en Estados Unidos, llegaron
al cruce fronterizo e hicieron saber que buscaban reingresar al país,
para lo cual solicitaron una visa humanitaria. El protocolo de
inmigración establece que, ante esta solicitud, y dada la intención
expresa de permanecer en territorio estadunidense, los solicitantes
deben ser detenidos mientras la autoridad da una respuesta.
Margo
Cowan, abogada del condado de Pima, Arizona, tomó en sus manos el caso
de los jóvenes y, en conjunto con la dirigencia de la Alianza Nacional
de Jóvenes Inmigrantes (The NIYA), diseñó la estrategia legal. Asumiendo
que la visa humanitaria les sería negada, preparó las solicitudes de
asilo político para los nueve jóvenes bajo el argumento conocido en
inglés como “credible fear”: un temor fundado con base en una amenaza a
la integridad física o psicológica de la persona en caso de permanecer
fuera de territorio estadunidense.
Los agentes abrieron la reja de
la garita, los dejaron ingresar, y ahí los esposaron y los subieron en
vehículos de la Patrulla Fronteriza para llevarlos al centro de
detención de Eloy, entre las ciudades de Phoenix y Tucson.
Durante
las siguientes dos semanas, los nombres de los nueve Dreamers,
conocidos en redes sociales como #Dream9, darían la vuelta al país y
generarían una ola de opiniones a favor y en contra por el uso de la
agresiva estrategia.
Desobediencia civil
La estrategia
seguida por este grupo forma parte del movimiento de desobediencia civil
iniciado por la organización Dreamactivist, integrante de la red The
NIYA, en 2010.
Ante la falta de consenso en el Congreso
estadunidense para aprobar la iniciativa DREAM Act cuando fue presentada
por última vez, en diciembre de ese año, los jóvenes iniciaron una
serie de acciones para llamar la atención de los medios de comunicación y
llevar sus historias ante la opinión pública y a la agenda nacional.
El
principio rector de Dreamactivist consiste en que la organización de la
comunidad indocumentada y la construcción de una red sólida pueden ser
suficientemente poderosas para detener la deportación de los inmigrantes
indocumentados.
Para demostrar este punto, Dreamactivist organiza
acciones consistentes en el bloqueo de avenidas o en la “toma” de
oficinas de gobierno, con el fin de provocar el arresto de sus
integrantes. Los jóvenes suelen portar camisetas y corear consignas en
las cuales dejan claro que son indocumentados. En un entorno en el cual
carecer de documentos es un estigma que acarrea vulnerabilidad ante las
autoridades migratorias, el reconocimiento público del estatus requiere
de valor y se vuelve noticia.
Los activistas han echado mano de
dos herramientas para que estas acciones no terminen en una deportación,
el resultado común cuando se arresta a un inmigrante que no puede
probar su presencia legal en el país. La primera es el uso político del
llamado “Memorandum Morton”, un documento emitido en 2011 por el
director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, en
donde se establece que se aplicará la discreción del fiscal
(prosecutorial discretion) en los casos de deportación de jóvenes que
hayan sido traídos al país siendo menores de edad, para dar prioridad a
otros casos que representen un riesgo para la seguridad del país.
La
segunda herramienta es una sólida red de activismo y cabildeo, que se
hace cargo del trabajo mediático y de negociación en Washington, D.C.,
para lograr la liberación de los detenidos. Cuando a pesar de ser
público su estatus migratorio los jóvenes son liberados, la organización
logra su objetivo: enviar el mensaje de que aún sin documentos, una
persona puede estar segura y salir victoriosa si cuenta con los
argumentos legales adecuados y forma parte de una red bien organizada.
Desde
2010 a la fecha Dreamactivist ha realizado más de 20 acciones de
desobediencia civil; en todos los casos los activistas indocumentados
han sido arrestados, y en ninguna ocasión estos arrestos han finalizado
en deportación.
La del 22 de julio fue su acción más reciente y la más radical; es también la primera en su tipo en la historia del movimiento proinmigrante en Estados Unidos. Para realizarla, The NIYA contactó a cinco Dreamers que habían salido de Estados Unidos y que habían tratado de rehacer su vida en México sin éxito.
La del 22 de julio fue su acción más reciente y la más radical; es también la primera en su tipo en la historia del movimiento proinmigrante en Estados Unidos. Para realizarla, The NIYA contactó a cinco Dreamers que habían salido de Estados Unidos y que habían tratado de rehacer su vida en México sin éxito.
Luis León,
de 20 años de edad y originario de Veracruz, llegó a Estados Unidos a
los cinco años de edad y vivió en Carolina del Norte hasta 2011. Tras
sufrir una deportación e intentar volver de manera ilegal en cuatro
ocasiones, todas sin éxito, no dudó un momento cuando le explicaron en
qué consistía el proyecto: él y sus compañeros buscarían ser detenidos y
encontrar un recurso legal para permanecer en el país, corriendo el
riesgo de que su tiempo en prisión se prolongara indefinidamente, y que
al final les fuera negada cualquier posibilidad de audiencia y tuvieran
que regresar a México. Al igual que Claudia, Adriana, Ceferino y María,
Luis dijo que sí. Un sexto joven, Mario, se les unió en el último
momento.
A los seis chicos que ya se encontraban en México, se
sumaron otros tres jóvenes indocumentados que, estando en territorio
estadunidense, decidieron cruzar al lado mexicano para acompañarlos —uno
de los principios de The NIYA es que jamás piden a otros que realicen
algo que sus propios miembros no harían. En todas las acciones de
desobediencia civil, al menos uno de los dirigentes de la red se somete
al riesgo de arresto y deportación.
Sin documentos y sin miedo
Lizbeth
Mateo, de 29 años de edad, llegó a Estados Unidos a los 14 años,
procedente de Matatlán, Oaxaca. Lizbeth, fundadora de Dreamactivist y de
The NIYA, ha vivido desde entonces en California. Hace dos años, su
familia sufrió la deportación de su tío. Lizbeth inició entonces una
campaña para evidenciar los efectos de la separación familiar.
En
junio pasado Lizbeth decidió que 15 años eran mucho tiempo sin ver a su
familia en Oaxaca, y regresó para pasar unos días con ellos antes de
intentar el reingreso por Nogales.
“Estoy grabando este video
desde México. Sé que pueden pensar que estoy un poco loca por hacer
esto, por dejar Estados Unidos para venir; pero para ser honesta, creo
que es aún más loco que haya tenido que esperar 15 años para ver a mi
familia”, dijo ella en un testimonio que grabó en video y el cual
circuló en YouTube unas horas antes de la acción del 22 de julio. “Lo
hice no sólo por mí, sino por los miles que han sido deportados. 1.7
millones de personas han sido deportadas (durante la administración de
Barack Obama) pero no son sólo esas personas las afectadas, sino 1.7
millones de familias. Vine a Oaxaca sabiendo que tal vez el gobierno de
Estados Unidos no me permita regresar”.
Al igual que Lizbeth,
Marco Saavedra y Lulú Martínez salieron de Estados Unidos para regresar
con el resto de los Dreamers. Así, los nueve fueron arrestados y
llevados al centro de detención de Eloy, mientras la abogada Cowan
presentaba las solicitudes de asilo.
Contra los pronósticos de
varios analistas, quienes consideraron que la acción de los chicos,
particularmente los “autodeportados”, había sido suicida y que de
ninguna manera podrían reingresar al país, el martes 6 de agosto se
anunció que las nueve solicitudes de asilo serían recibidas por la
autoridad de inmigración para su consideración, y que los jóvenes
enfrentarían el proceso en libertad y en territorio estadunidense.
El
miércoles 7 de agosto los nueve Dreamers, sonriendo ampliamente y
vistiendo sus togas y birretes, bajaron del autobús que los trasladó del
centro de detención a la ciudad de Tucson.
La abogada Cowan
explicó que, dado que una solicitud de asilo requiere de la construcción
de un expediente de cientos de páginas, el proceso es tardado; esto,
sumado a la saturación en las cortes de inmigración estadounidenses, da
por resultado que el tiempo promedio de resolución oscile entre los
cinco y los siete años.
Durante ese tiempo los jóvenes, que cuando
salieron de Estados Unidos eran indocumentados, recibirán un permiso de
trabajo y gozarán de estancia legal en el país.
Cada uno de los
casos fue sustentado a partir de las experiencias individuales. Claudia,
por ejemplo, salió a los 13 años de edad de México debido a la
persecución sufrida por su familia a manos de los asesinos de su padre. A
los 30 años de edad volvió a México con su hijo, ciudadano
estadunidense, debido a la deportación de su esposo. En Torreón, donde
se asentaron, han sido víctimas de extorsión y de actos delictivos.
Estos y otros elementos serán tomados en cuenta para evaluar su caso.
Si
una vez transcurrido el tiempo de proceso la corte niega el asilo
político, el solicitante debe salir del país inmediatamente. Sin
embargo, muchas cosas pueden pasar en este tiempo; entre otras, la
aprobación de una iniciativa migratoria que, dependiendo de sus
términos, podría beneficiar a los #Dream9.
Cowan recordó que, al
margen del proceso legal de los jóvenes, “la acción que realizaron no es
un asunto sólo de asilo, sino un intento de detener las deportaciones;
de llamar la atención sobre la separación de las familias que debe
cesar”.
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