*** Quieren chantajear al Gobierno del Estado…o dejar+ sin agua a medio millón de ciudadanos *** Hay mano negra: un constructor fuera del padrón de Sefiplan apoya el movimiento.
Por Angel Gabriel FERNÁNDEZ
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ.- La rebelión de los habitantes de la sierra que desde antier amenazaron con bloquear las instalaciones del acueducto Yuribia y de los manantiales de Platanillo, para dejar sin servicio de agua potable a más de medio millón de ciudadanos de los municipios de Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan, Oluta y Soconusco, es un movimiento político manipulado, chantajista, en el que se encuentran detrás ex alcaldes, militantes del PAN e incluso agitadores de otros estados.
El Consejo de Gobierno Indígena y Popular del Sur de Veracruz, es un membrete con tintes políticos; el que lo dirige –de hecho, no de derecho— es el exalcalde de Tatahuicapan Esteban Bautista Hernández.
Los que presionan al Gobierno del Estado para que aporte de inmediato 50 millones de pesos para obras en 9 municipios considerados “indígenas”, son personajes de oposición del Gobierno del Estado.
La presión inicia precisamente tras la visita del presidente de la República Felipe Calderón, ocurrida el martes al municipio de Texistepec.
LOS SUPUESTOS INDÍGENAS…
El Consejo de Gobierno Indígena y Popular agrupa a nueve municipios: Tatahuicapan, Mecayapan, Pajapan, Texistepec, Zaragoza, Texistepec, Sayula de Alemán, Chinameca y Moloacán.
Los que firman pidiendo las obras son todos contrarios al PRI: En Pajapan Gobierna el PRD con Faustino Martínez; en Texistepec, el PAN con Myrna Anzalmetti; en Sayula de Alemán el PAN con Arturo García; en Tatahuicapan, Fidel Ruiz del PRD; en Mecayapan Inocente Ruiz del PRD; en Chinameca, Martín Padua del PAN; en Pajapan; en Moloacán, Cosme Monroy del PRD; en Zaragoza Eleuterio Hernández del PRD, en Otepan Faustino Martínez, del PRD.
La presión social la basan en una minuta firmada el 27 de abril.
LA MANO NEGRA…
Vecinos de los municipios “inconformes”, dieron a conocer que detrás de los políticos panistas, están particulares como el constructor José Manuel Flores, quien en las administraciones anteriores hizo obras públicas en diversos municipios, pero que ahora, frenado por el gobierno del Estado al no estar enlistado en la Secretaría de Finanzas en el padrón de empresas debidamente establecidas, está promoviendo el movimiento apoyando al ex alcalde de Tatahuicapan, Esteban Bautista.
Este constructor es del estado de Oaxaca, ya que su empresa allá tiene su domicilio fiscal. La empresa es “Construcciones del Sureste S. A.”.
Se ha identificado que este constructor está haciendo una obra en el municipio de Texistepec.
Se especula que al presionar al gobierno del Estado, esta empresa logre que se le asignen obras, siempre y cuando sea en municipios panistas.
Otra persona que estaría detrás del movimiento, es la francesa Verónica Mounie, quien es catedrática de la UVI y que fue nacionalizada mexicana cuando el secretario de gobierno era Miguel Angel Yunes Linares. Ha estado detenida por disturbios sociales.
EL CHANTAJE…
En resumen, los movimientos que estaban anunciados para iniciarse ayer, con el cierre de los sistemas de agua Yuribia y Platanillo, son movimientos políticos en contra del gobierno priísta que encabeza Javier Duarte de Ochoa en Veracruz.
No son los indígenas los que protestas son los políticos que tienen interés políticos los que manipulan.
Las exigencias no son legítimas; se trata de chantajes al Gobierno del Estado.
Se trata de ver si el gobierno veracruzano cae en la provocación y les suelta de volada los 50 millones y con esos la pasan bien alcaldes, constructores, contratistas y demás intermediarios, aunque a los indígenas originales no les lleguen las obras.
También se trata de ver si el gobierno de Veracruz cae en el error de reprimirlos, para que esos voraces se hagan las víctimas.
O se trata de ver qué capacidad tiene el gobierno del Estado para conjurar el problema —sin ser rehén de nadie—y evitar que más de 500 mil ciudadanos se queden sin agua.
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