Noé Zavaleta
Una de las imágenes comparativas de "El Silva" difundidas por la PGJE . Foto: PGJE |
XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).-La Procuraduría General de
Justicia de Veracruz (PGJE) rehaprendió a Jorge Hernández “El Silva”,
uno de los participantes –según la Fiscalía de Veracruz- en el asesinato
de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez.
El titular de la PGJE, Luis Ángel Bravo Contreras aseguró que “El
Silva” fue detenido en un municipio pequeño de Tlaxcala, donde fue
localizado en un operativo de inteligencia ministerial, “sin bigote” y
“rapado de la cabeza” para dificultar su localización.
Cuestionado por la apariencia física de “El Silva” y los contrastes
fotográficos entre las imágenes del 2012 en su primera aprehensión y la
de su recaptura, la Fiscalía de Veracruz a través de un médico legista
expuso que se hicieron exámenes de mentón, orejas, frente,
características del cráneo, entre otras, las cuales arrojan -expuso el
fiscal- que se trata de la misma persona; sin embargo, Bravo Contreras
admitió que la PGJE no realizó exámenes de VIH a Jorge Antonio Hernández
para corroborar lo dicho por el anterior fiscal, Amadeo Flores de que
el inculpado por el asesinato de Regina Martínez era un enfermo cero
positivo.
Bravo Contreras expresó que la sentencia de “El Silva” quedó en 32
años y meses (sic) por el homicidio de la periodista veracruzana.
En el caso del otro presunto homicida, Jorge Adrián Hernández Domínguez “El Jarocho” la PGJE continúa en su búsqueda, informó.
El funcionario estatal admitió que no hay “signos” ni “indicios” de
que “El Jarocho” pudo haber sido abatido en Guadalajara, Jalisco en un
enfrentamiento entre la delincuencia organizada en la Plaza Antares,
como lo reveló el periódico Notiver un año atrás.
“No tengo signos que me permitan suponer eso, tan es así que está Procuraduría lo sigue buscando”, comentó Luis Ángel Bravo.
En rueda de prensa, el fiscal señaló que la fase terminal del juicio
establecido en contra de “El Silva” arroja pruebas contundentes que lo
identifican “plenamente” como responsable de “atentar contra la vida y
patrimonio” de Regina Martínez.
Luis Ángel Bravo dijo que este juicio se aletargó por culpa de la
séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y
del magistrado Edel Álvarez Peña quien fue el artífice de revocar la
sentencia de 38 años y dos meses de prisión impuesta por una juez de
primera instancia a “El Silva” en agosto pasado.
“El día lunes nosotros hemos dado cumplimiento a un mandato judicial y
en base a un rastreo de información e inteligencia y con pruebas
periciales contundentes logramos la rehaprensión de Jorge Antonio
Hernández “El Silva”, ubicado en el estado de Tlaxcala”.
A decir del funcionario de Javier Duarte, ahora solo falta la
aprehensión de “El Jarocho” para dar por concluidas la investigación
ministerial 019/2012/PC y el toca en el Tribunal Superior de Justicia
673-13.
Regina Martínez fue privada de su vida el 27 de abril del 2012, en
medio de irregularidades, inconsistencias, pifias y negativas a
proporcionar información por parte del Ministerio Público de la PGJE y
del juzgado tercero del distrito judicial de Xalapa.
Durante dos años y medio el gobierno de Javier Duarte se empeñó en
circunscribir el crimen en el robo, sin ahondar en la línea de su
trabajo periodístico, como lo pidieron amigos de profesión de la
periodista y el propio semanario Proceso –coadyuvante en su
investigación- en su momento.
Hoy con la instrucción ministerial y judicial, casi cerrada, varios
de los funcionarios públicos de la PGJE y del Poder Judicial del Estado
han sido “premiados” por el gobierno de Javier Duarte con mejores
cargos.
A propuesta del gobernador Duarte, la jueza Beatriz Rivera Hernández
fue propuesta como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del
Estado (TSJ), en septiembre pasado. Rivera llevó el expediente del
homicidio de la corresponsal de Proceso en esta entidad.
En su resolución, la ahora magistrada pasó por alto las
irregularidades en que incurrió el Ministerio Público y la Fiscalía de
Veracruz, como la de detener a “El Silva” sin orden de aprehensión y,
peor aún, la de torturarlo para que se declarara culpable, según
determinó la Séptima Sala Penal del Poder Judicial del Estado (PJE).
A su vez, Marco Antonio Lezama Moo, exsubprocurador de Justicia, fue
nombrado el pasado 30 de junio como magistrado del TSJ, pese a los
desaseos e irregularidades en las que desahogó la averiguación previa
relativa al asesinato de Regina Martínez.
El magistrado Edel Álvarez –exlíder del PRI en la entidad- fue
trasladado de la Séptima Sala Penal a la Tercera del Tribunal Superior
de Justicia.
Amadeo Flores Espinoza, el exprocurador de Justicia que llevó el caso
de los asesinatos de los reporteros de Liberal del Sur y Notisur,
Gregorio “Goyo” Jiménez y de la propia Martínez Pérez, fue retirado de
la política en febrero de este año; en contraparte, su hijo, el priista
Amadeo Flores Villalba fue propuesto, semanas después, como magistrado,
pese a no tener carrera judicial y experiencia en temas de procuración
de justicia.
El magistrado federal, Agustín Romero Montalvo fue el encargado de
desahogar la primera fase del amparo interpuesto por Alfonso Martínez
–hermano de la periodista asesinada- y que recayó con el Toca 673/13-SC
en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del
Séptimo Distrito, a los 3 meses de que ingreso el amparo, María Dolores
Silva Ovando, cónyuge de Romero Montalvo tomó protesta como Consejera
del Centro Estatal de Justicia Alternativa del PJE, a propuesta del
propio gobernador priista.
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