Raúl Plascencia, titular de la CNDH. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, emitió esta
tarde una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno
del Estado de México, por la muerte de 22 civiles a manos de militares
en Tlatlaya.
Hasta ahora, dijo, no hay ningún militar procesado por los
homicidios, pese a que desde el 3 de julio pasado la PGR tuvo en sus
manos un desglose de la investigación abierta por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
La recomendación por el multihomicidio se da a casi cuatro meses de
los hechos y a unos días de que Plascencia concluya su gestión al frente
de la CNDH, con posibilidades de ser reelegido por el Senado, aunque
hasta ahora no ha definido si participará en el proceso.
En conferencia de prensa para informar sobre la recomendación
51/2014, Plascencia Villanueva aseguró que de las 22 personas
fallecidas, el organismo logró acreditar que 12 de ellas, que no estaban
heridas y se habían rendido, fueron víctimas de ejecución arbitraria
por parte de efectivos militares, mientras que en tres casos más hay
indicios de que fueron ejecutadas, pero no hubo forma de corroborarlo
debido a que los cuerpos fueron movidos. El resto de las víctimas
habrían sido heridas en la refriega, apuntó.
El ombudsman aseguró que de acuerdo con las investigaciones
realizadas –con entrevistas a dos de las sobrevivientes que se
encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de
Tepic, Nayarit; a militares que participaron en los hechos y a
familiares de víctimas y vecinos de San Pedro Limón, municipio de
Tlatlaya–, antes de las ejecuciones se registró un enfrentamiento entre
los militares y hombres armados que se hallaban en una bodega, presuntos
miembros de un grupo delincuencial.
En el enfrentamiento, que tuvo una duración de entre cinco y 10
minutos, uno de los ocho militares habría resultado herido, además de
cuatro civiles, tres en “fuego cruzado”. Pasados los 10 minutos de
balazos, los soldados entraron a la bodega y privaron arbitrariamente de
la vida a 12 sujetos que ya se habían rendido, insistió.
El organismo detectó “esquimosis y escoriaciones en cuatro de los
civiles que, dijo, fueron torturados antes de su ejecución, y dos de las
víctimas, añadió, eran menores de edad. Un tenía 17 años y la otra 15.
Los visitadores de la CNDH acreditaron que al lugar de los hechos
arribaron soldados de Arcelia, que se sabe recogieron al militar herido,
y sobre el 102 Batallón de Infantería no pudo ser esclarecida su
participación.
De acuerdo con las declaraciones de dos sobrevivientes que son
procesadas por portación de armas y a quienes la CNDH aplicó el
Protocolo de Estambul, fueron intimidadas por parte de agentes
ministeriales del Estado de México para autoincriminarse, en tanto que
en el expediente integrado por la dependencia estatal “no hacen
referencia a que hubieran observado que fueron privadas de la vida las
22 personas que ahí se encontraban”.
Otras irregularidades detectadas por el organismo, apuntó Plascencia
Villanueva, es que se alteró la escena de los hechos, se movieron los
cuerpos y se les colocaron armas, además de que “se sustrajeron de la
escena teléfonos, equipo de radiocomunicación y otro tipo de elementos
cuya existencia fue referida en los testimonios de los sobrevivientes,
pero también aparecen varias de las imágenes”, obtenidas por el
organismo.
Detalló que a pesar de que desde el 3 de julio la PGJEM había
remitido a la PGR una carpeta de investigación para que continuara la
investigación por el fallecimiento de 22 personas con la participación
de elementos militares, fue hasta el 23 de setiembre que la dependencia
encabezada por Jesús Murillo Karam inició una investigación, que hasta
ahora “no ha sido consignada y no existen elementos militares que
enfrenten alguna acusación penal por el homicidio en el cual
intervinieron”.
Raúl Plascencia Villanueva recomendó incluir a los familiares de los
22 ejecutados en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan
acceso “al fondo de ayuda y reparación integral previsto en la Ley
General de Víctimas”, de manera de que puedan ser indemnizadas por la
Sedena, la PGR y el gobierno del Estado de México.
El ombudsman pidió al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos
Zepeda, dar atención psicológica y médica a las sobrevivientes; atender
el Manual del Uso de la Fuerza; dar indicaciones para que el personal se
“abstenga” de alterar las escenas de hechos y “tergiversar la verdad
histórica”; que colabore con la CNDH en la presentación de la denuncia
interpuesta en la PGR por lo homicidios y en la Unidad de Inspección y
Contraloría General, y que dé instrucciones para que la Procuraduría
General de Justicia Militar continué sus indagatorias contra los
elementos que participaron en la masacre.
A la PGR le demandó tomar en cuenta la recomendación para acelerar la
consignación de los responsables del multihomicidio; que considere las
violaciones a los derechos humanos cometidos contra las sobrevivientes
por parte de policías ministeriales del Estado de México, para que sean
tomadas en cuenta en el proceso judicial que se les sigue, y que
colabore con la CNDH en la denuncia contra los servidores públicos de la
dependencia por las omisiones descritas.
Al gobernador Eruviel Ávila recomendó dar curso de capacitación en
medicina forense, criminalística y derechos humanos, y que se investigue
a los agentes responsables de abrir la indagatoria y de haber
presionado a las sobrevivientes para que se autoincriminaran.
Al preguntarle si participaría en el proceso de renovación de la
presidencia de la CNDH, una vez que el Senado lanzó la convocatoria, el
ombudsman, quien legalmente concluye su mandato el 15 de noviembre,
señaló que mañana dará a conocer su decisión, luego de consultar con su
familia.
Plascencia Villanueva ha sido objeto de múltiples cuestionamientos
por su gestión, que ha llevado a familiares de víctimas de migrantes
asesinados en San Fernando, Tamaulipas (en 2010), a interponer un amparo
contra la recomendación que emitió al respecto, en tanto que
organizaciones civiles han solicitado a la Cámara de Diputados un juicio
político en su contra.
Sin embargo, para el presidente de la CNDH el elemento que será
analizado por él y su familia para decidir si entra en el proceso de
elección o se retira, es “el riesgo” en el que supuestamente se le puso
por la publicación de un reportaje en el periódico Reforma sobre la construcción de una casa al sur de la ciudad de México, supuestamente valuada en 20 millones de pesos.
“Hoy (martes) por la tarde estaré platicando con mi familia para que
(tome la decisión) a partir de los acontecimientos que se han dado en
los últimos días, en donde he observado una serie de señalamientos que
han puesto en peligro la propia integridad de mi familia, al
atribuirnos, en todo caso, señalamientos que sin duda no corresponden a
la verdad, pero que además implican ya un costo para mi propia familia
que no se desempeña como servidor público”, subrayó.
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