Un narcocementerio llamado Veracruz

POR NOÉ ZAVALETA , 29 AGOSTO, 2016 REPORTAJE ESPECIAL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Madres del Colectivo Solecito, que ha documentado más de 90 desapariciones en la región costera de Veracruz, recibieron un “regalo” de la delincuencia organizada, el pasado 10 de mayo.

Se trata de croquis y mapas dibujados a mano, en hojas de papel bond, con decenas de cruces marcadas en un predio que se ubica a espaldas de la colonia Colinas de Santa Fe, en el llamado kilómetro 13.5 de una zona urbana del Puerto de Veracruz, en el traspatio del recinto portuario.

“Bajaron tres sujetos de una camioneta, con una clara pinta de delincuentes (…) Se acercaron a nosotros sin decir nada, empezaron a repartir lo que creíamos eran volantes. No dijeron una sola palabra. Al ver el primer croquis, supe de qué se trataba”, dice Lucía de los Ángeles Díaz Genao, activista de Solecito y madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, ‘DJ Patas’, levantado por un comando el 28 de julio de 2013.

Después de tres meses de recibir el “regalo”, las madres del Colectivo Solecito, con apoyo de la Policía Científica, además de sabuesos traídos de Guerrero y peritos de la Fiscalía General, han localizado 66 fosas en una hectárea, de las 14 que pretenden analizar.

De ese total, 52 fosas ya fueron removidas y se han extraído osamentas y restos de cabello, así como tenis (de hombre y mujer) y ropa.

“Por las lluvias no hemos podido trabajar estos días. Ya dejamos marcados 14 puntos más, que estamos seguros hay restos humanos enterrados. Estamos ante el narcocementerio de la delincuencia más grande en la historia de Veracruz”, resume Díaz Genao desde una cafetería ubicada en la zona centro de la Ciudad de México.

Hasta el momento la Policía Científica y la Gendarmería Nacional han revisado seis fosas, de donde se han hallado de 19 cuerpos. Sólo en una de ellas se encontraron los restos de nueve personas.

Según Lucía de los Ángeles, han encontrado fosas con una profundidad superior a los dos metros y medio. “Tuvieron que utilizar trascabos y maquinaria pesada. ¿Cómo entierras a gente de esa forma, sin una complicidad policíaca?”, pregunta.

Una vez que tuvieron en sus manos las pistas del narcocementerio, las madres que integran el Colectivo Solecito tomaron cursos de antropología forense y criminalística, y entablaron relación con la Relatoría Especial de la ONU y otras organizaciones no gubernamentales.

Las mujeres también viajaron a Iguala, Guerrero, para capacitarse en la búsqueda de fosas y para contratar a un grupo de “canes” integrado por Jesús Canal, Guadalupe Contreras y Joel Díaz, con el fin de facilitar la pesquisa de inhumaciones clandestinas.

“Ya arrancamos una campaña de exámenes de ADN para facilitar la localización de cuerpos, incluso ésta se aplica a familiares de desaparecidos que ni siquiera tienen denuncia por miedo, por amenazas o porque no creyeron en la justicia”, señala Díaz Genao.

Añade: “Todas las fosas que hemos encontrado al día de hoy (26 de agosto) son ‘positivas’ (con restos humanos), pero no sabemos cuántos hay. No manipulamos restos, puede haber varios en una misma fosa. Así ha pasado, dos o tres cuerpos por fosa. Hoy no buscamos culpables, no es nuestro tema del colectivo. Buscamos a nuestros hijos”.

Deficiente trabajo de la SEIDO

El 14 de abril de 2015, luego de examinar sus dispositivos electrónicos, elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) acudieron a ese mismo predio y, tras una “exhumación a medias”, extrajeron los cuerpos de cinco personas decapitadas y detuvieron a un presunto criminal.

Desde hace tiempo la “vox populi” señalaba que en ese sitio enterraban cuerpos, y en redes sociales y páginas electrónicas de células delincuenciales se decía constantemente que el traspatio del recinto portuario era zona de inhumaciones clandestinas.

La SEIDO desoyó la súplica de las madres desaparecidas y, peor aún, la Fiscalía General del estado (FGE) aseguró que sus peritos ministeriales habían hecho diligencias y solo habían encontrado “el esqueleto de un perro”.

“La SEIDO tuvo una participación allá, un rompecabezas donde encontró restos. Nosotros desde el principio supimos que la SEIDO no había hecho un buen trabajo, por eso, mejor entre las madres del Solecito decidimos recaudar fondos para hacer la búsqueda, trabajar con nuestros ahorros y contratar a ‘canes’ de Iguala, que son hombres que se dedican al rastreo”, sostiene Díaz Genao.

El tema del traspatio del recinto portuario, añade, no lo van a soltar hasta que “peinen” y hagan pruebas forenses en las 14 hectáreas que abarca dicha zona, y posteriormente partirán ahora a zonas de Alvarado, donde también tienen indicios de que pudiera haber otros cementerios clandestinos utilizados por la delincuencia organizada.

“Tan solo en la primera escarbada que dimos, y con un colador para cernir la tierra, sacamos 50 huesos del lugar donde se supone que ya la SEIDO había hecho una exploración. Ellos tuvieron todo ahí, a sólo 200 metros de donde sacaron cinco cuerpos”.

Hoy, día con día, cuando las condiciones climatológicas lo permiten, las madres de desaparecidos se apersonan en el predio con el apoyo de la Policía Científica y los “canes” contratados para ello. Introducen varillas que despiden olores sui generiscuando tocan o entran en contacto con elementos biológicos.

“Ya no le ponemos tiempo al proyecto, creo que nos podemos pasar todo el año aquí y tal vez un poco más. La respuesta del gobierno federal y estatal ha sido fría”, dice la activista.

En lo que va del sexenio, Proceso y Apro han contabilizado 17 narcocementerios a lo largo y ancho de Veracruz, con más de 200 cuerpos, sin contar las últimas 66 fosas del traspatio portuario y las osamentas o restos óseos que puedan ser hallados en ese sitio.

Entre Portezuelo y Mata Loma se localizaron 28 cuerpos, de los cuales sólo uno ha sido identificado y entregado a sus familiares. En Alvarado, en la comunidad de Paso Nacional, se hallaron nueve cuerpos en septiembre de 2015, y casi un año antes, en junio de 2014, se exhumaron 33 cadáveres de dos narcofosas en el rancho “El Diamante”, en el municipio de Tres Valles.

En julio de este año se descubrieron tres osamentas en el ejido “El Jobito”, en el municipio de Chacaltianguis, y el 19 de enero, en Emiliano Zapata, policías ministeriales recogieron los cadáveres de 12 personas que fueron arrojadas en un basurero natural, muy cerca de la Academia de Policía de El Lencero.

Años antes, en febrero de 2012, más de 15 cuerpos fueron hallados en el rancho “La Poma Rosa” en Acayucan, propiedad de un acaudalado ganadero y dueño de carnicerías al sur de la entidad. En ese lugar, una célula de Los Zetas se apropió de la mitad del terreno para sus diversas actividades delictivas.

El narcocementerio fue descubierto a raíz de la detención del ‘Pollo H’, un líder zeta de la región (Proceso 1843).

En junio de 2012, nueve cuerpos fueron hallados en tres narcofosas del municipio de Lerdo de Tejada. El aparato gubernamental minimizó el hecho. Dos años después, en julio del 2014, elementos d ela Policía Ministerial inhumaron al menos ocho cadáveres en la congregación de Paraíso Novillero, dentro del municipio de Cosamaloapan.

En marzo de 2012, fuerzas federales hallaron ocho cadáveres en la congregación Frijol Colorado, en la zona árida de Perote. En Antón Lizardo, comunidad costera perteneciente a Alvarado, en un predio conocido como “Playa Cava”, fueron hallados siete cadáveres con huellas de tortura y de bala. Los cuerpos estaban semienterrados en un terreno arenoso.

A principios de mayo pasado, la Dirección General de Servicios Periciales de la FGE envió a la fosa común 80 cadáveres (no identificados) hallados en la región de Veracruz, Boca del Río, Medellín y La Antigua, entre otros municipios de la zona costera y del Sotavento veracruzano.

Por supuesta saturación del Servicio Médico Forense, la FGE decidió llevar a cabo una inhumación programada de cuerpos, debido a que varios de los que no fueron no identificados llevaban varios años en la plancha forense sin ser reclamados por sus familiares.

Aunque la FGE no lo aclaró, varias de esas personas murieron en situación de violencia y fueron ejecutadas por el crimen organizado o bien abatidos por las fuerzas armadas federales o locales. Muchos de los cuerpos se encontraron a orillas de la carretera o en cementerios clandestinos.

Sin rastro

Lourdes Rosales Calvo, Rosalía Castro y Lucía Díaz Genao, integrantes del Colectivo Solecito, aseguran que no hay día que no hagan una mínima acción para dar con el paradero de sus hijos, arrebatados en esta espiral de violencia y en situaciones inexplicables.

Guillermo Lagunes Díaz, ‘DJ Patas’, fue levantado en el interior de su domicilio en julio de 2013. En esos momentos se cotizaba como el DJ más famoso de Veracruz, y amenizaba las fiestas de empresarios e hijos de políticos, y se le veía trabajando en los clubes más selectos del sureste y caribe mexicano. Cuando se reportó su desaparición, tenía 17 contractos pactados en la Riviera Maya y Cancún.

“Ganaba su dinero, 70 mil pesos mensuales. Estaba trabajando de forma legal. Era el mejor DJ de Veracruz. Hoy no saben dónde está en la Policía Ministerial. Llevó tres años escuchando lo mismo. Te dan una retahíla de cosas: que no tienen vehículo, que no tienen gasolina, que no tienen tecnología, te cuentan todos tus pesares y, para concluir, (te dicen) que “no tardamos en atender su diligencia”, sostiene Díaz Genao.

Carlos Casso Castro desapareció junto con su novia Lizet Vicencio en diciembre de 2011, entre el puerto de Veracruz y Huatusco. Se “hizo humo”. De oficio profesor y dueño de una tienda deportiva, hoy nadie sabe de su paradero.

Su mamá, Rosalía Castro, ha hecho averiguaciones y diligencias por su cuenta, ante la opacidad ministerial y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). “La autoridad dispone de poco personal para realizar las investigaciones, no pide videos, entrampa la petición de cuentas bancarias para ‘checar’ movimientos, así como la colaboración con otros estados”, dice Castro.

Jonathan Celma Rosales, agente aduanal, desapareció el 29 de julio de 2013. Un comando lo levantó de su domicilio en el puerto de Veracruz, junto con su pareja Lucero Fontán. Ambos fueron subidos a una camioneta PT Cruiser escoltada por un Bora gris. Los vehículos se perdieron entre las calles de Arboledas Floresta.

Lourdes Rosales Cano, madre de Jonathan, presentó la denuncia ante la Séptima Agencia del Ministerio Público con el folio 961/2013/7/Ver-08. Ese mismo 29 de julio los captores exigieron medio millón de pesos por la liberación del joven. La señora Rosales negoció con los plagiarios, quienes convinieron en aceptar 50 mil pesos. Incluso le pidieron depositar el dinero en una caseta telefónica frente a una plaza comercial. Aunque el rescate se pagó, Celma no fue liberado y ninguna autoridad ha podido dar con su paradero.

A poco más de 90 días de que concluya el sexenio de Javier Duarte, la entidad veracruzana entró en una severa crisis de gobernabilidad. Las estadísticas así lo refieren: ocho personas fueron ejecutadas en los últimos días en el sur de Veracruz, principalmente en Coatzacoalcos, y con amenazas del Cártel Nueva Generación (CNG) hacia Los Zetas, ocho personas fueron secuestradas y abatidas en Alto Lucero por presuntos integrantes de Los Zetas.

Además, seis secuestradores y un policía estatal fueron abatidos en Uxpanapa al liberar a dos personas plagiadas, y se han documentado diversas ejecuciones solitarias a lo largo y ancho de Veracruz.
Pese a ello, Javier Duarte asegura que dejará una entidad “más segura” y con una policía “depurada”.