NO PO’CHI...
* La Ley de Asociaciones Público Privadas para Veracruz, aprobada por la aplanadora priista, permite la concesión de una obra hasta por 45 años, sin auditorías y concursos de licitación, como lo marca la Constitución
*El dictamen fue avalado por 29 votos a favor y 15 en contra
Por ISABEL ORTEGA
La imposición de la mayoría para consolidar la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Veracruz, generó un largo debate en el Congreso local, que se prorrogó por espacio de dos horas, pues el hecho de concesionar hasta por 45 años la explotación de una obra, la falta de fiscalización a través de auditorías y la no realización de concursos de licitación, como lo marca la Constitución, generó el malestar de la oposición.
El debate obligó a recordar el fracaso en la concesión del Túnel Sumergido, que a diez años de iniciado no ha sido concluido, o la contratación de la empresa Finamed, a la que se concesionó servicios subrogados de salud, y cuyo pleito legal todavía no llega a su fin.
Además de que se puso en entredicho la certeza de que la contratación de empresas no tuviera por objetivo el beneficiar a amigos de los alcaldes o funcionarios en turno.
También se mencionó que la premura para aprobar la ley era con el objetivo de construir la carretera Xalapa-Córdoba, a pesar de que desde el 2013, en el informe de gobierno, se dio a conocer que ya se había conformado un fideicomiso para la construcción de ese tramo carretero.
Además la ley deja abierta la posibilidad de que si el empresario no logra concluir la obra, el estado le regresará lo invertido a los acreedores de la Iniciativa Privada.
* La Ley de Asociaciones Público Privadas para Veracruz, aprobada por la aplanadora priista, permite la concesión de una obra hasta por 45 años, sin auditorías y concursos de licitación, como lo marca la Constitución
*El dictamen fue avalado por 29 votos a favor y 15 en contra
Por ISABEL ORTEGA
La imposición de la mayoría para consolidar la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Veracruz, generó un largo debate en el Congreso local, que se prorrogó por espacio de dos horas, pues el hecho de concesionar hasta por 45 años la explotación de una obra, la falta de fiscalización a través de auditorías y la no realización de concursos de licitación, como lo marca la Constitución, generó el malestar de la oposición.
El debate obligó a recordar el fracaso en la concesión del Túnel Sumergido, que a diez años de iniciado no ha sido concluido, o la contratación de la empresa Finamed, a la que se concesionó servicios subrogados de salud, y cuyo pleito legal todavía no llega a su fin.
Además de que se puso en entredicho la certeza de que la contratación de empresas no tuviera por objetivo el beneficiar a amigos de los alcaldes o funcionarios en turno.
También se mencionó que la premura para aprobar la ley era con el objetivo de construir la carretera Xalapa-Córdoba, a pesar de que desde el 2013, en el informe de gobierno, se dio a conocer que ya se había conformado un fideicomiso para la construcción de ese tramo carretero.
Además la ley deja abierta la posibilidad de que si el empresario no logra concluir la obra, el estado le regresará lo invertido a los acreedores de la Iniciativa Privada.
El dictamen fue avalado por 29 votos a favor, 15 en contra, entre ellos Marco Antonio del Ángel y dos abstenciones de Renato Tronco y Ricardo Ahued Bardahuil.
PAN no entendía la urgencia
El primero en subir a tribuna fue el panista Julen Rementería del Puerto, quien pidió una moción suspensiva del dictamen, es decir, que se retirara del orden del día de la sesión para poder revisarlo a profundidad.
Explicó que cuando se reunieron para que les dieran a conocer el sentido de la iniciativa, se les informó que la urgencia por sacar la Ley, radica en iniciar el primer proyecto de APP que será la autopista Xalapa–Córdoba.
Sin embargo, según página 488 del III Informe de Gobierno, el comité técnico del fideicomiso público del impuesto sobre erogaciones del personal, autorizó la realización de proyectos estratégicos y decretó la constitución de dos fideicomisos, entre ellos, uno por 231 millones de pesos para la construcción de la autopista Córdoba Xalapa.
De acuerdo con la página 148, de ese mismo documento, los trámites de liberación de derecho de vías de ese proyecto fueron concluidos en la fecha de dicho informe de gobierno: “En tal virtud, si el proyecto que apremia al dictamen ya lo iniciaron desde 2013, no vemos el porqué de la urgencia”, manifestó el legislador panista.
Recordó que el pasado 13 de octubre se solicitó a la Presidenta de la Comisión, una prórroga para analizar la pertinencia de incorporar al dictamen mayores controles en la operación e instrumentación de las asociaciones público-privadas en nuestra Entidad; sin embargo, la respuesta fue negativa.
Destacó que un tema tan importante como la de permitir la inversión privada en o sobre bienes del estado, no debe realizarse a prisa y sin consenso.
A pesar de su argumentación, la mayoría desestimo su petición y se determinó votar en lo general el dictamen.
A tribuna subieron una veintena de diputados, y fue el diputado Fidel Robles Guadarrama el más crítico, quien mencionó que el aprobar la legislación representa un “atraco” a los veracruzanos, para hacer millonarios a unos cuantos, “Seguirán chupando del erario y explotando a los usuarios de las obras”.
Se afirmó que debe permitirse la asociación público privada, pero que sea el Congreso del Estado, el poder representativo de los veracruzanos, quien lo autorice, porque en mayor o menor medida, el Estado siempre aportará recursos, bienes, patrimonio público o servicios, que pasaran a manos de una empresa, hasta por 45 años.
“No podemos aceptar concesiones de bienes o sobre bienes del Estado, donde no se permitan auditorias. No podemos aceptar que en caso de responsabilidad del inversionista, el Estado asuma las deudas que éste ha dejado”, se afirmó.
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