Jenaro Villamil
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Azcárraga durante el I Informe de Peña Nieto. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO, D.F. (apro).- La iniciativa del Ejecutivo federal en
telecomunicaciones y radiodifusión es un edificio chueco, construido
sobre cimientos frágiles, que puede derrumbarse con un elemental
ejercicio de anticonstitucionalidad de sus artículos.
Especialistas de diversos sectores –menos los más vinculados a los
monopolios, a los concesionarios y al gobierno– coinciden en algo
fundamental: la Ley Peña-Televisa es anticonstitucional. Va en contra de
la reforma aprobada en 2013.
Han detectado, por lo menos, 23 violaciones a la Constitución en el
cuerpo de 312 artículos más 29 transitorios y la Ley de Sistema Público
de Radiodifusión en México, que es un retroceso a los tiempos oscuros
del estalinismo-priista para controlar los medios dependientes del
erario público.
Es anticonstitucional por las siguientes razones:
1. Viola la noción de telecomunicaciones y radiodifusión como
“servicios públicos” para concebirlos como “servicios de interés
público”. Con ese simple cambio se cae toda la noción jurídica definida
en la Constitución.
2. Viola la autonomía de un nuevo órgano regulador –el Instituto
Federal de Telecomunicaciones– que se convierte en una instancia
tutelada por el Ejecutivo federal y sus principales brazos ejecutores:
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobernación y Hacienda.
3. Viola la liberta de expresión y de información establecidas en el
artículo sexto constitucional al incorporar medidas de censura previa,
de persecución e intrusión en las redes cibernéticas.
4. Viola la noción de “agentes económicos preponderantes” y los
criterios antimonopólicos del artículo 28 constitucional. En la Ley
Peña-Televisa todo lo relacionado con este punto está sesgado para
proteger a la empresa de Emilio Azcárraga Jean en su sector de mayor
crecimiento: la televisión restringida.
5. Viola la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que echó abajo
la Ley Televisa de 2006 al reincorporar nociones como la subasta
ascendente como criterio fundamental para otorgar las concesiones.
6. Viola los derechos de las audiencias al reducirlos a nociones
vagas, generales, sin indicar cómo se defenderán y quiénes las
defenderán claramente.
7. Viola los principios del artículo primero de la Constitución al
marginar e ir en contra de los derechos de las comunidades indígenas.
8. Viola el principio de neutralidad de la red establecido en la
reforma constitucional de 2013 al convertir a los concesionarios en
servicios de Internet en guardianes y extensiones policiacas del CISEN o
de otras dependencias de seguridad nacional y seguridad pública.
9. Viola la esencia misma de la ley: no es un ordenamiento jurídico
convergente. Al contrario, es divergente. Separa en dos grandes
“sectores” o cárteles (telecomunicaciones y radiodifusión) al no
concebirlos como servicios múltiples (de televisión abierta, de radio,
de Internet, de audio y video restringidos, de telefonía móvil). Impide
el total play y el acceso de los ciudadanos al margen del mundo digital.
10. Viola el ordenamiento constitucional para que el “apagón
analógico” se dé en diciembre de 2015. En el artículo 16 transitorio
establece una prórroga hasta diciembre de 2017, “casualmente” en
vísperas de las elecciones presidenciales de 2018.
Estos son tan sólo algunos puntos.
La traición fundamental radica en el carácter claramente electorero
de esta ley. En su mirada corta y en su evidente intención de engaño a
los ciudadanos.
Al gobierno federal del PRI le interesa recuperar el control del
Congreso en las elecciones del 2015. Si para ese objetivo deben rehacer
su acuerdo y pacto con Televisa, con TV Azteca y con sus anexos que
garantizan el control de la opinión pública, lo harán.
Por eso, esta ley busca fortalecer esa misma alianza que llevó a Peña
Nieto al poder. ¿A cambio de qué? De permitirle a Grupo Televisa
expandirse sin límites en el mercado de televisión restringida.
A América Móvil y al gigante monopolista de Carlos Slim, el gobierno
federal pretende “compensarle” en otras áreas de los múltiples intereses
de Grupo Carso, como son los energéticos y la construcción. No se dan
cuenta de las consecuencias estructurales de alentar la guerra
Televisa-Telmex.
Televisa y Peña Nieto tienen un enemigo en común: los ciudadanos de
las redes sociales. Es clara la animadversión hacia Televisa y al PRI en
la mayoría de las audiencias jóvenes que deliberan, se informan y se
entretienen en las redes sociales. Son generaciones que ya no se
deformaron con Televisa. El PRI calcula que este sector les costó, por
lo menos, 5 millones de votos en 2012.
No quieren repetir este fenómeno en 2015.
Por eso van contra el ciberactivismo y por constreñir al máximo el
periodismo digital. Han hecho experimentos autoritarios en Veracruz, en
Quintana Roo y en Chihuahua. Ahora pretenden llevarlo a escala nacional.
Ahí está la alta traición.
No se trata de democratizar el régimen de medios de comunicación y
las telecomunicaciones ni darle acceso a la población a las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información.
Por el contrario, se trata de constreñir y controlar. No les importa
que esta ley acabe en la Suprema Corte de Justicia. Al menos, les
permitirá que en 2015 funcione para que el PRI recupere el control de la
Cámara de Diputados y del Senado.
Y todo esto con la colaboración de varios políticos panistas y
perredistas que ya se volvieron los “paraestatales” de la restauración
priista.
Lo veremos en la discusión y en la aprobación del Congreso.
Twitter: @JenaroVillamil
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