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Despiden a "Goyo", periodista asesinado en Veracruz. Foto: Yahir Ceballos |
MÉXICO, D.F. (apro).- Si no
se corrigen las evidentes fallas en la indagatoria, el asesinato del
periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz está en riesgo de
quedar en la impunidad, igual que sucedió con el homicidio de la
corresponsal de Proceso, Regina Martínez, denunciaron integrantes de la Misión de Observación que fue creada para revisar el caso.
En conferencia de prensa, periodistas y miembros de organizaciones
defensoras de la libertad de expresión se quejaron ante la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión
(FEADLE) por las irregularidades cometidas en las investigaciones por
parte de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ).
Luego de hacer una revisión del expediente judicial, la periodista
María Idalia Gómez, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SPI),
resaltó que la investigación del secuestro y muerte de Jiménez está
sostenida por las declaraciones de los inculpados, sin que existan otros
elementos probatorios o pruebas periciales que corroboren sus dichos.
De los documentos que fueron mostrados a miembros de la Misión de
Observación, señaló, no se desprende cómo se llegó a los detenidos ni
cómo es que se descubrió el cuerpo de la víctima, además de que no hay
documentación de huellas dactilares en el lugar de los hechos y no se
preservaron las pruebas, tanto así que la casa de seguridad donde fue
localizado el cuerpo, en Las Choapas, no fue resguardada.
Luego de recordar que tres de los presuntos asesinos denunciaron
haber sido torturados para aceptar su participación en el crimen –por el
que supuestamente Teresa de Jesús Hernández habría pagado 20 mil
pesos–, Gómez señaló que a pesar de que las autoridades de Veracruz han
pretendido desligar el caso con el ejercicio profesional de Jiménez de
la Cruz, lo cierto es que aún en las declaraciones auto inculpatorias
los procesados se refieren a la víctima como “el periodista” o “el
fotógrafo”.
Apuntó que la misma hipótesis de las autoridades, en el sentido de
que el móvil del secuestro y posterior ejecución del periodista fue por
una venganza personal, contiene elementos para asegurar que el fondo fue
la labor periodística, ya que la versión oficial puntualiza que la
mujer amenazó a Jiménez de la Cruz por una nota publicada en noviembre
del año pasado.
La periodista de la SIP demandó la intervención de la FEADLE en el
caso, pues hasta ahora, subrayó, “se ha lavado las manos” y ha decidido
no participar, pese a que hay evidencias de que el móvil del crimen es
contra la libertad de expresión, además de que estarían involucradas
células de la delincuencia organizada.
De acuerdo con María Idalia Gómez, hay fuertes indicios de que la PGJ
pretende cerrar el caso, aun con las fallas en la indagatoria, entre
ellas la ausencia de testimonios de los empleadores de Jiménez de la
Cruz, es decir, los directivos de Notisur y Liberal del Sur.
“El riesgo de que este caso se caiga como el de Regina (Martínez), en
sentencia o en amparo, es altísimo. No digo que los acusados sean
inocentes, lo que digo es que no existen todavía las pruebas suficientes
para acreditar el móvil que dice la autoridad, un móvil tan burdo como
el pago de 20 mil pesos por la muerte de Gregorio”, insistió.
Gómez apuntó que está pendiente una reunión con funcionarios de la
FEADLE para que determine si atrae el caso, del que supuestamente no
tiene información básica, como los antecedentes penales de los
inculpados, información que no ha sido proporcionada por la PGJE.
El trabajo de investigación de la Misión de Observación incluyó un
repaso del contexto de violencia e intimidación que viven los
periodistas de Veracruz por parte de diversos actores (políticos,
económicos y caciquiles) y del mismo crimen organizado, sin olvidar que
los medios locales son sometidos a fuertes presiones para preservar la
contratación de espacios publicitarios por parte del gobierno local.
El reporte también contiene un análisis de las condiciones en que
gran parte de los periodistas desarrollan su trabajo, como Gregorio
Jiménez, quien no tenía protección laboral debido a que era free lance.
“Goyo cobraba 20 pesos por nota publicada en Notisur y 50 pesos en el Liberal del Sur (…)”, comentó Emiliano Ruiz, periodista independiente que participó en la Misión de Observación.
El equipo de 16 periodistas que acudieron a Coatzacoalcos y Xalapa
del 15 al 17 de febrero se entrevistó con 60 personas, entre reporteros,
funcionarios, familiares, dueños de medios y amigos de Jiménez de la
Cruz.
La Misión de Observación presentó una lista de 17 recomendaciones
dirigidas a la PGJE, la FEADLE, el gobierno de Veracruz y las empresas
periodísticas.
Además de la SIP participaron las organizaciones Reporteros Sin
Fronteras, Casa de los Derechos de los Periodistas, y Periodistas de a
Pie.
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