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| Foto: Mundo Minero |
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Para el presidente Enrique Peña Nieto y los
legisladores del PRI y el PAN que avalaron la reforma constitucional en
materia energética, el petróleo y los hidrocarburos no son
concesionables, aun cuando una iniciativa anterior convirtió en
“sustancia concesible” el gas asociado al carbón. Hoy, al mantener
vigente aquella norma, se puso en bandeja de plata el negocio gasífero
para los industriales mineros y acereros.
La
historia data de 2006. El 8 de marzo de ese año la Cámara de Diputados
aprobó la primera apertura del sector energético a la inversión privada,
que incluyó reformas al artículo 27 constitucional y a las leyes
reglamentarias para que los concesionarios mineros pudieran extraer y
vender a Pemex el gas asociado al carbón mineral. Después
el Senado la ratificó.
el Senado la ratificó.
Sin
embargo la reglamentación se entrampó y durante años los interesados no
pudieron participar en la extracción del gas de las minas. El tema se
reavivó durante los debates de la reforma energética, toda vez que en el
Senado las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y
Estudios Legislativos emitieron un dictamen en el que se prohibían esas
actividades.
Según el tercer párrafo del artículo transitorio
octavo del documento, las concesiones mineras vigentes o futuras no
conferirían “derechos para la exploración y extracción del petróleo y
los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, ni para el gas
asociado a los yacimientos de carbón”.
Sin embargo, el dictamen
fue modificado sin discusión. Senadores de izquierda, en particular la
perredista Dolores Padierna, denunciaron la alteración del texto enviado
por las comisiones al pleno, que posteriormente lo remitió a la Cámara
de Diputados, donde pasó hasta con los errores de sintaxis enviado por
la cámara de origen.
La alteración del transitorio octavo
–presuntamente ocurrida durante la transmisión del texto de comisiones
al pleno– cambió el orden de la redacción, aunque prácticamente
permaneció intacto, excepto porque la prohibición de explorar y extraer
el gas asociado al carbón se sustituyó por otra que pone a salvo los
derechos mineros sobre ese recurso energético como “sustancia
concesible”:
“Sin perjuicio de los derechos previstos en sus
concesiones”, estipula el transitorio modificado; también prevé la
coexistencia de proyectos mineros con energéticos en los casos en que
sea posible técnicamente.
Con esa modificación la apertura del
sector energético a particulares esbozada en 2006 quedó a salvo, lo que
generó nuevas expectativas entre industriales mineros sobre la
posibilidad de que puedan expandir sus actividades extractivas.
Transitorio con dedicatoria
La
carbonífera Cuenca de Sabinas, en el norte de Coahuila, se encuentra
empatada geográficamente con la gasífera Cuenca de Burgos, que abarca
esa entidad, así como Nuevo León y Tamaulipas. Hoy se sabe que la zona
es rica en lutitas, la roca de la que se extrae el shale gas.
La
importancia energética de la región es un atractivo para industriales
mexicanos, en especial los que se beneficiaron con las privatizaciones
durante el sexenio de Salinas de Gortari. Muchos de ellos se preparan
para incursionar en el sector energético, gracias a la reforma recién
aprobada.
Desde el sexenio de Vicente Fox, Pemex contrató a
mineras trasnacionales para la exploración y extracción de gas natural
en el noreste del país.
Y el 13 de agosto de 2013, durante la
presentación de la Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural, el
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, destacó la importancia de
esa región: primero mencionó el proyecto Los Ramones, un gasoducto de
840 kilómetros que contará con numerosas estaciones de compresión; luego
comentó que los trabajos de exploración y evaluación del gas y aceite
de lutitas en Coahuila se habían iniciado en marzo de 2013.
Desde
2006, Ahmsa y subsidiarias, del magnate Alonso Ancira Elizondo, acaparan
alrededor de 70% de las concesiones mineras para carbón y toda
sustancia concesible en las cuencas de Sabinas y Burgos. El resto de las
concesiones se las reparten pequeños consorcios vinculados a cacicazgos
locales (Proceso 1535 y 1880).
Luego de años de problemas
fiscales y conflictos con los gobiernos panistas, Ancira se convirtió en
un asiduo invitado del presidente Peña Nieto. En reciprocidad, el
mexiquense asistió el 18 de julio último a la acería ubicada en
Monclova, donde puso en marcha el proyecto Fénix.
Meses antes, en
marzo de 2013, el mandatario y Ancira estuvieron en Asia. El empresario
consiguió un contrato con una empresa china y el presidente atestiguó la
firma. Y el 28 de noviembre, durante su visita a México, el primer
ministro israelí, Shimon Peres, signó una serie de acuerdos con Peña
Nieto; asimismo, éste atestiguó la firma de un contrato entre Ancira y
una empresa de Israel.
Además de Ancira están los regiomontanos
Grupo Alfa y Cemex, así como Carso, Grupo México e ICA, todos ellos de
la élite salinista; de hecho ya tienen inversiones en el sector energía
en Texas, el estado fronterizo de Estados Unidos con la región mexicana
rica en gas (Proceso 1921).
Cuantificación preparatoria
El
aprovechamiento del gas de las minas por parte de los empresarios no se
logró debido a la falta de reglamentación. Pero eso no le impidió al
gobierno de Felipe Calderón sacar provecho de la reforma. Un año después
de su aprobación, en 2007, el gobierno lanzó una cuantificación minera
que detonó la entrega de más de 12 mil concesiones en el sector,
equivalentes a más de 34 millones de hectáreas del territorio nacional.
Para
la reforma petrolera de 2008, el gobierno de Calderón lanzó una campaña
con el lema “México tiene un tesoro en aguas profundas”, basado en la
Prospectiva de Hidrocarburos presentada en agosto de 2007 por Rafael
Alexandri Rionda, uno de los técnicos más influyentes en el ramo de
energía y minas durante los dos gobiernos del PAN.
Alexandri fue
nombrado director del Servicio Geológico Mexicano (SGM) ese mismo mes.
Apenas tenía 10 días en el cargo cuando inició el trámite de enormes
asignaciones mineras por el concepto de gas asociado al carbón y toda
sustancia concesible.
Según el artículo 10 de la Ley Minera, la
exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y
cuantificar los recursos minerales potenciales debe realizarla el SGM
por medio de asignaciones mineras que son expedidas únicamente a favor
del organismo.
Las asignaciones obtenidas por el SGM fueron para
“la exploración de gas asociado al carbón y toda sustancia concesible”.
Es decir, para más de 160 sustancias minerales sólidas, líquidas y
gaseosas previstas por la Ley Minera, además de aquellas que “por
decreto ordene el titular del Ejecutivo cuya utilidad no ha sido
descubierta o contemplada en las leyes”, indica el artículo 27
constitucional.
El SGM está facultado, de acuerdo con el artículo
13 de la Ley Minera, para concursar entre particulares las asignaciones
mineras o, en su caso, declarar la libertad de terreno.
Copias de
expedientes que obtuvo Proceso y publicó en su edición 1673 indican que
las cuatro asignaciones mineras que obtuvo el SGM en 2007 se realizaron a
gran velocidad y abarcaron dos terceras partes del territorio nacional
(320 millones de hectáreas), además de incluir línea de costa,
plataforma continental y aguas territoriales, sobre todo en el Golfo de
México.
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