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| José Antonio Zuñiga, el "presunto culpable" y Layda Negrete, la productora. Foto: Benjamin Flores |
MÉXICO,
D.F. (apro).- El Sexto Tribunal Colegiado de Michoacán revocó y
sobreseyó el juicio de amparo 478/2012, promovido en contra del director
y la productora del polémico documental Presunto Culpable, Roberto
Hernández y Layda Negrete, respectivamente.
En declaraciones a la
agencia Quadratín, el magistrado ponente Moisés Duarte Briz, dijo que
“no hubo materia en la revisión adhesiva porque ofrecieron la película
como prueba fuera de tiempo y no presentó la prueba antropométrica, que
permite ubicar la identidad de las personas para poder determinar si
Víctor Daniel Reyes Bravo realmente aparece en el film”.
En la
sesión a puerta cerrada, se resolvió el amparo contra la sentencia de la
juez Blanca Lobo, quien censuró la película hace dos años y propuso que
la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) creara
un procedimiento en el que explicara por qué le otorgaba a Cinépolis el
permiso de exhibir la cinta.
El magistrado Duarte Briz dijo que ambas partes pueden recurrir a las instancias que consideren pertinentes.
El
tribunal auxiliar propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) ejercer la facultad de atracción, pero el expediente se regresó y
finalmente esta tarde se revocó y sobreseyó por no haber delito que
perseguir.
Los autores del documental enfrentan otros dos juicios,
uno promovido por el comandante de la Policía Judicial, José Manuel
Ortega Saavedra, quien detuvo a José Antonio Zúñiga, preso y
posteriormente absuelto y otro por la familia de una víctima por usar
imágenes de su cadáver en el documental.
El fallo judicial deja en
libertad al director y la productora para volver a exhibir el
documental que ganó un Emmy como mejor trabajo periodístico.
Amenazas
Roberto
Hernández, director y productor de Presunto culpable, denunció que hoy
fue amenazado para que ya no hable de la situación del documental.
“Me llamaron como a las 13 horas y me dijeron que le parara porque les pasaría algo a mis dos hijas y a mi”.
Ya
dio parte de la situación a la Secretaría de Gobernación, la
Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México.
“No tengo miedo. Insisto, Presunto culpable es
la papa caliente que el Poder Judicial no quiere resolver y han pasado
años sin una decisión final sobre un tema básico de libertad de
expresión”, señala.
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