Prospectiva: ¿Consignación penal a diputados?

Por JAIME RÍOS OTERO Veracruz, Veracruz. 15 de octubre de 2013,- Pues el brete en el que está metido el Congreso de Veracruz, que por principio obligará al Poder Legislativo a pagar casi 6 (seis) millones de pesos por indemnizaciones, salarios caídos y otros accesorios, es culpa de la propia Legislatura, pero también del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que, en aras de protegerlo, aun a costa de la legalidad, lo ha hecho caer en sanción. Aquí sí cabría el viejo y resobado dicho: “no me ayudes compadre”. Resulta que dos modestas empleadas fueron despedidas en el año 2009 del Congreso, por lo cual, menos tardas que perezosas, acudieron a demandar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, señalando como pretensión su reinstalación, el pago de salarios caídos y otras prestaciones, como se estila en estos casos. Desahogada la famosa audiencia trifásica, finalmente se dictó laudo, donde la autoridad burocrática absolvió de todo a la demandada. Naturalmente, ellas se inconformaron mediante demanda de amparo directo, misma que fue radicada en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del séptimo circuito, el cual les concedió la protección de la justicia federal en noviembre de 2011. En supuesto cumplimiento de la sentencia dictada, el Tribunal de Conciliación dictó un nuevo laudo, en el cual volvió a absolver al Congreso, lo que motivó una nueva demanda de amparo, que recayó otra vez en el Tercero Colegiado, mismo que, también de nueva cuenta, las volvió a amparar. Esta vez el Tribunal estatal dictó laudo, en septiembre de 2012, donde ahora sí condenó a la parte demandada a cumplir con el petitium inicial, pero resulta que el Honorable Congreso, en vez de cumplir, también interpuso un amparo directo, por lo que el Tribunal de Conciliación tuvo que dictar a su vez un tercer laudo pero que también fue de carácter condenatorio. Ninguna de las partes impugnó esta última resolución, por lo que quedó firme. Sin embargo, más tarde el Congreso presentó un recurso de inconformidad en contra del auto que declaraba cumplida la sentencia de amparo, por lo que el Tercer Colegiado la remitió a la Suprema Corte. Conoció del asunto la Segunda Sala y determinó desechar ese recurso por improcedente. Las quejosas solicitaron al Tribunal de Conciliación y Arbitraje que procediera a efectuar la ejecución de su propio laudo, pero ese órgano no lo ha hecho, lo que condujo a los abogados del despacho Viades, Llanes y Asociados a interponer una demanda de amparo directo por tal incumplimiento. La situación es tan clara, que seguramente el amparo les va a ser concedido, ante lo cual el Honorable Congreso de Veracruz deberá reinstalar a ambas trabajadoras, reconocer su antigüedad y su carácter de trabajadoras de base, pagarles aguinaldo, prima vacacional, compensación por actividades culturales, gratificación, compensación administrativa, ayuda al proceso legislativo, capacitación y desarrollo, ayuda mensual para despensa, ayuda para pasajes, ayuda por servicios, despensa mensual, ayuda para compra de uniformes y útiles escolares, compensación temporal compactable, horas extras y salarios devengados, así como la simpática y nada despreciable suma de casi 6 millones de pesos. Esta cantidad es, de por sí, el máximo pago de que se tenga noticia en algún caso similar. Es sabido en el mundo de los abogados que cuando se trata del Congreso, el Poder Judicial del Estado invariablemente tuerce la ley a fin de no molestar a los señores diputados, y que éstos, ignorantes de la teoría del estado le exigen a los magistrados que las resoluciones les salgan a modo, que para eso los pusieron ¿ o no? Nadamás que esta vez les saldrá el tiro por la culata a ambos y corruptos bandos. ¿Qué ocurrirá en caso de que salga un amparo favorable a las trabajadoras y el Congreso se siga negando a cumplir? Faltan pocas semanas para que la actual Legislatura finiquite sus actividades, por lo que ya debe haberse agotado el presupuesto, o en su caso se habrán repartido lo que sobraba, con el pretexto del fondo de ahorro. Bueno, si el Congreso no cumple, la nueva ley de amparo prevé que en el caso de inejecución de sentencia, los responsables serán separados de su puesto, pero seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo (ojo, diputados salientes) y serán consignados para la responsabilidad penal que corresponda. Pero como el incumplimiento puede alcanzar a los nuevos diputados, estaríamos ante la inédita situación de que, dado que el Congreso es un cuerpo colegiado, 100 diputados, 50 expirantes y 50 novatos, queden vinculados a esta inejecución de sentencia. ¿Cómo la ve usted? Y todo por no leer la nueva Ley de Amparo. (Tomado de El Piñero de la Cuenca).