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| Manuel Bartlett, senador. Foto: Octavio Gómez |
MEXICO,
D.F. (apro).- Si en México no se juzga a nadie por lavar millones de
dólares de un cártel del narcotráfico, como ahora ocurre en Estados
Unidos con el presunto cómplice de Lilian de la Concha –la exmujer de
Vicente Fox–, es porque la narcopolítica ha penetrado hasta la médula
del Estado y sus integrantes.
La narcopolítica se instaló en
México gracias también al silencio de autoridades, políticos,
empresarios, iglesias y medios de comunicación, y esa mudez colectiva
amenaza ahora con arrastrar a la nación al caos, como el que padece
Michoacán.
Gobernado por el crimen, Michoacán es la prueba de que
todo lo malo en México puede ser peor: Si el demencial belicismo de
Felipe Calderón sólo produjo decenas de miles de muertos –miles de
inocentes entre ellos–, la inoperancia de Enrique Peña Nieto no ha sido
menos funesta para mantener a la sociedad en la indefensión.
Si la
violencia es incontrolable en Michoacán y perfila una guerra civil es
porque ahí se enraizó el crimen hace por lo menos tres décadas, en un
amasiato con los gobiernos que terminó en subordinación, y ese parece
ser el futuro del país entero por las complicidades al más alto nivel.
Aludo
a esto por el silencio de autoridades, clase política, iglesias y
medios de comunicación ante la reveladora información periodística
difundida por el semanario Proceso,
desde hace tres semanas, sobre el secuestro, tortura y asesinato del
agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, que durante décadas se
atribuyó al narcotraficante Rafael Caro Quintero y que fue cometido,
según personajes involucrados, por la Agencia Central de Inteligencia
(CIA).
Este caso no es solamente el derrumbe de un mito, según la
información testimonial de personajes estadunidenses clave en la trama
–como el de Héctor Berrellez, supervisor de la Operación Leyenda de la
DEA, articulada para investigar el asesinato de Camarena–, sino la
ratificación de que el gobierno de México estaba al servicio de la CIA y
sus nexos con el narcotráfico.
Miguel de la Madrid, presidente de
México entre 1982 y 1988 –cuando se gestó la narcopolítica–, ya murió,
pero hay personajes clave que están vigentes implicados en este fenómeno
enraizado en México: Manuel Bartlett, entonces secretario de
Gobernación, y Sergio García Ramírez, procurador general de la
República.
A las revelaciones de tres exagentes federales de
Estados Unidos sobre los crímenes de la CIA y las complicidades de ésta y
el gobierno mexicano con el narcotráfico, difundidas por la cadena Fox
en Estados Unidos y Proceso en México, gracias al trabajo
del corresponsal Jesús Esquivel, se suma ahora el señalamiento de Jorge
Carrillo Olea: Bartlett y García Ramírez lo sabían todo.
Bartlett,
actual senador del Partido del Trabajo, ha evadido su responsabilidad
en la colusión de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) con la CIA y
el narcotráfico, así como en el asesinato del “Kiki” Camarena. “Eso no
puede ser… si no era subsecretario de la Reforma Agraria, era secretario
de Gobernación”, afirma Carrillo Olea.
En entrevista de Jorge
Carrasco, publicada en el número de Proceso que está en circulación,
Carrillo Olea, quien fue subsecretario de Gobernación con Bartlett,
afirma: “La DFS estaba totalmente al servicio de la CIA”.
Igual
que Bartlett, otro personaje que ha guardado silencio sobre la
participación de la CIA en el asesinato de Camarena, así como los nexos
de ésta con el narco, asegura Carrillo Olea, es García Ramírez, quien
fue electo consejero del IFE, en 2011, pese a tener medio siglo como
militante priista.
–En su etapa como procurador general de la
República se señala que fue cuando se incubó en México el narcotráfico
–le pregunté cuando llegó al IFE.
–No es así. No es así –negó–. La
procuraduría que yo entregué la entregué en los términos en que lo
hice. La situación de aquel entonces era totalmente distinta de la
actual, pero en fin, la historia de esa etapa, de lo que pasó entonces,
de lo que ocurrió antes y de lo que ocurrió después, está por
escribirse. Ya la escribiré.
Pero no sólo no ha escrito nada, sino
que renunció repentinamente como consejero del IFE, en febrero de 2013,
tras votar en contra de imponer sanciones a Monex, una de las empresas
mediante la cual se financió la campaña de Peña Nieto, en un esquema de
lavado de dinero que sigue impune.
Destapada la cloaca, es
previsible que emerjan más evidencias de otros crímenes cometidos con la
complicidad de la CIA, el narcotráfico y el gobierno de México de
entonces y ahora. Uno de ellos es el asesinato del periodista Manuel
Buendía, por cuya autoría intelectual se sentenció a José Antonio
Zorrilla, director de la DFS, subordinada a Bartlett…
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