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| Rafael Caro Quintero, narcotraficante. Foto: Archivo |
MÉXICO,
D.F., (apro).- El gobierno de Estados Unidos lanzó una ofensiva legal
contra Rafael Caro Quintero y su familia al designar a 20 empresas
establecidas en territorio mexicano y una persona ligada al capo
sinaloense excarcelado en agosto último y buscado por la justicia
estadunidense.
Apoyado en la figura denominada “Kingpin Act”, el
Departamento del Tesoro congeló los activos bajo jurisdicción
estadunidense y prohibió a las personas físicas y morales de su país
realizar transacciones comerciales o financieras con las empresas
vinculadas a Caro Quintero, la mayoría de las cuales se encuentran
establecidas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde reside su
familia.
Entre estas últimas se encuentran las arrendadoras Turin,
Barsat y Villas del Colli, así como gasolineras y empresas agrícolas.
En este rubro destacan Petro London, Servicio y Operadora Santa Ana y
Minerales Nueva Era, que produce y vende fertilizante orgánico conocido
como Diatomag, así como un pesticida llamado Diatomkill.
“La
designación demuestra el enorme alcance con el que Rafael Caro Quintero y
los miembros de su familia han infiltrado la economía de Guadalajara,
incluido el sector inmobiliario y las gasolineras”, declaró el director
de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), Adam J. Szubin,
luego de dar a conocer la medida.
El funcionario agregó que “con
Caro Quintero a la fuga, la OFAC continuará trabajando con la DEA y
nuestra contraparte mexicana para expandir las sanciones contra
cualquier persona o entidad que actúe en beneficio de este asesino
criminal”.
Desde 2000, el Departamento del Tesoro mantiene una
puntual vigilancia con los negocios y empresas relacionadas con el
narcotraficante acusado de asesinar al agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, y con las personas de su entorno.
“Cada
una de las entidades designadas hoy es propiedad o está controlada por
uno o más individuos previamente designados por actuar en nombre de Caro
Quintero”, aseguró el Departamento del Tesoro.
La persona física
designada es Juan Carlos Soto Ruis, a quien vincula con seis empresas de
Caro Quintero, entre ellas Arrendadora Turin.
Michele M.
Leonhart, responsable de la DEA, declaró por separado que “Caro Quintero
y su organización no puede seguir escondiéndose detrás de compañías
tapadera con los beneficios del tráfico de drogas. Estas actividades
ilegales nutren el tráfico de drogas y su violencia y corrupción”.
Y remachó:
“La
DEA y nuestros compañeros del Departamento del Tesoro seguiremos
trabajando con todas las herramientas disponible para asegurarnos de que
Caro Quintero responde ante la Justicia y su red criminal es
destruida”.
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