Cárteles, grupos de autodefensa, Ejército...
Foto: AP / Gustavo Aguado
Foto: AP / Gustavo Aguado
Michoacán
está inundado de violencia, de narcolaboratorios, de cárteles. Se lo
disputan Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, el Cártel de
Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Golfo, Los Zetas y los
Beltrán Leyva. Lo quieren porque es la puerta de entrada a los
precursores químicos y la salida hacia el norte; porque controlarlo es
tener un pie en Jalisco y por su geografía, que permite esconder
plantíos y “cocinas” de crack.
MORELIA, MICH. (Proceso).- Todos
los cárteles quieren a Michoacán. Debido a su ubicación, que permite la
entrada y salida al Pacífico por los puertos de Lázaro Cárdenas (y su
cercanía con Manzanillo, Colima), así como el paso al Bajío y norte del
país por la red de carreteras, esa entidad se ha convertido en una de
las plazas más peleadas por Los Caballeros Templarios, La Familia
Michoacana y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque
también han metido sus manos el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel
del Golfo y los Beltrán Leyva.
En los municipios de las regiones
Tierra Caliente y Costa –en los que recientemente han surgido grupos de
autodefensa ciudadana– se concentra el mayor número de laboratorios de
droga química. Michoacán ocupa el primer lugar del país en la presencia
de ese tipo de laboratorios, conocidos como “cocinas”.
El dominio de Los Templarios
De
acuerdo con un estudio oficial al que Proceso accedió, Los Caballeros
Templarios –fundados por Nazario Moreno El Chayo, El Doctor o El Dulce–
es el principal cártel en la entidad. Controla 41 de los 113 municipios
del estado. Sin embargo, su presencia se ha debilitado el último año
ante el embate de los integrantes de La Familia y el CJNG.
En
2012, los templarios llegaron a controlar 81 municipios, que colindaban
incluso con Guerrero y Guanajuato, pero la pelea constante con los otros
dos cárteles y el surgimiento de los grupos de autodefensa en Tierra
Caliente y la Meseta purépecha los obligaron a ceder terreno, de acuerdo
con reportes de inteligencia.
La guerra por el control de los
territorios michoacanos entre los límites de Jalisco, Colima, Guanajuato
y Guerrero se puede dimensionar a partir del número de muertos: de
junio de 2013 a la fecha se han perpetrado 415 homicidios dolosos, de
los que 223 han sido cometidos con armas de fuego, según fuentes de la
Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM).
En un
estudio realizado por Octavio Ferris –agente de inteligencia federal
certificado por la DEA, el FBI y la PGR–, se explica que Los Caballeros
Templarios, cuya cabeza visible es Servando Gómez La Tuta, tienen una
organización “espejo” de la PGJEM.
“Los Templarios están
divididos, igual que la Procuraduría Michoacana, en siete subregiones,
cada una de ellas con su jefe. Aunque hace un año y a principios de 2013
controlaban 81 municipios, hoy solamente tienen poder en 41 de ellos,
los más importantes de la entidad, incluyendo Morelia, donde manda Luis
Valencia Alzate El Chuky, El Tarasco o El Gallo.”
Según este
diagnóstico, otros de los cabecillas de esta agrupación son Gregorio
Abeja Linares El Güero, en Zitácuaro; en Uruapan está Omar Tafolla
Rodríguez El Gory y Pablo Magaña Serrato La Morsa; mientras que en
Apatzingán están las principales cabezas del grupo: Enrique Plancarte El
Kike, Dionisio Loya Plancarte El Tío, Servando Gómez Martínez La Tuta y
Rigoberto Rentería Andrade El Cenizo.
Mientras, La Familia
Michoacana –cuyo líder es Chuy Méndez, hermano de El Chango Méndez–
controla 18 municipios de la entidad, varios del Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Querétaro.
Nueva Generación manda
en 13 demarcaciones, entre las que destacan Jiquilpan y La Piedad, en
los límites de Michoacán con Jalisco y Guanajuato.
Aunque ahora se
nota más la presencia de los grupos por la pelea del territorio, el
crimen organizado ya estaba en el estado desde hacía tiempo. Cuando
Lázaro Cárdenas Batel era gobernador del estado (2002-2008) reconoció
que las redes del narcotráfico estaban enquistadas en la sociedad desde
hacía varios años (Proceso 1510).
El mandatario perredista incluso
manifestó a este semanario su preocupación por la existencia de casos,
difíciles de probar, de alcaldes o autoridades municipales menores que
presuntamente recibían dinero del narcotráfico.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1917 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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