Noé Zavaleta
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| El gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Foto: Yahir Ceballos |
Con
el asesinato de Gregorio Jiménez suman ya 10 los periodistas ejecutados
en el estado de Veracruz en lo que va de la administración de Javier
Duarte de Ochoa. Otra de esas víctimas fue Regina Martínez, cuya muerte
enlutó a Proceso. A raíz de la tragedia de Goyo,
el gremio periodístico se unió para exigir la renuncia del gobernador
priista, durante cuyo mandato en la entidad han imperado la violencia,
la inseguridad y la impunidad.
XALAPA, Ver. (Proceso).- Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz, reportero de la fuente policiaca de los periódicos de Coatzacoalcos Liberal del Sur y Notisur,
es el décimo periodista asesinado en los 38 meses que lleva al frente
del gobierno de Veracruz el priista Javier Duarte de Ochoa, cuya
administración se ha mostrado incapaz de enfrentar la violencia que
envuelve a la entidad.
Los veracruzanos viven ahora –sobre todo en
los últimos dos meses– entre levantones, asesinatos, secuestros, fosas
clandestinas y tiroteos. La indignación ciudadana se refleja en marchas
de familiares de los desaparecidos, quienes repudian la ineptitud de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de
Justicia (PGJ).
La semana pasada se efectuaron tres protestas del
Colectivo por La Paz, dos en Xalapa y una en el puerto de Veracruz.
Además, luego del secuestro y ejecución de Jiménez de la Cruz, el gremio
periodístico veracruzano encabezó marchas de repudio contra el gobierno
de Duarte, su aparato de seguridad y su sistema procuración de justicia
durante siete días consecutivos.
En Coatzacoalcos tuvieron lugar
las protestas más airadas, pero en la capital estatal el rechazo fue más
puntual: el miércoles 12 en la entrada principal del Palacio de
Gobierno se colocó una cartulina que exigía “renuncia Bermúdez, renuncia
Amadeo, renuncia Gina, renuncia Duarte, renuncia Macías, renuncia
Namiko. Renuncien, renuncien”.
Se aludía al titular de la SSP,
Arturo Bermúdez; al procurador Amadeo Flores; a la vocera del
gobernador, Gina Domínguez; al propio mandatario; al diputado y
empresario periodístico Eduardo Sánchez Macías –quien les aseguró a los
reporteros que Goyo había sido rescatado con vida– y a la
secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Periodistas, Namiko
Matsumoto, cuya oficina es un elefante blanco que le cuesta al erario 20
millones de pesos al año.
Ese mismo día en la red social Twitter
la etiqueta #HastaQueRenuncieDuarte se convirtió en tendencia dominante
entre periodistas tanto locales como del país entero y aun de
Latinoamérica.
La versión de la PGJ asevera que el homicidio fue
producto de una venganza por diferencias personales con Teresa de Jesús
Hernández, dueña de un bar y quien según la dependencia les pagó 20 mil
pesos a cinco sicarios para secuestrar, asesinar y luego sepultar a
Jiménez de la Cruz en una fosa clandestina en el municipio de Las
Choapas.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1946, ya en circulación)
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