*** Por el crimen de dos civilesJALAPA, Ver. (SPI).- Los familiares de dos personas que fallecieron en un enfrentamiento armado, presentaron una denuncia penal en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por el presunto delito de homicidio.
Los jóvenes Janet Figueroa Sánchez y Julio César Landa Torralba, acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado para denunciar el asesinato de sus padres Joaquín Figueroa Vásquez y Tito Landa Argüelles, quienes fueron abatidos en un enfrentamiento armado con militares el pasado 17 de junio en esta capital.
La querella asegura que las dos personas no pertenecían a la delincuencia organizada y, por lo tanto, fue un homicidio el perpetrado durante el enfrentamiento armado entre fuerzas federales y castrenses y delincuentes en la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del aeropuerto El Lencero, donde murieron once personas.
Las dos personas fallecidas viajaban en un solo automóvil propiedad de la empresa "Triturados Río Seco S.A. de C.V.", donde laboraban en su planta ubicada en la comunidad de Chichicaxtle.
"Hay muchas irregularidades, hay una acusación acerca de que nuestro papá es sicario y la cosa es que se demuestre que no era sicario, nuestra familia que nuestro papá era un hombre decente de trabajo y mi papá era mecánico diesel", explicó Janet, hija de Joaquín Figueroa.
Explicó que su padre, de oficio mecánico, presentaba señas de golpes en la nariz, en la boca, ojo amoratado, raspones y dos impactos de bala en la cabeza y en el tórax.
"Necesitamos saber qué pasó, nos dan una versión que hubo enfrentamiento, tiroteo que ellos participaron queremos que nos demuestren con hechos qué fue lo que sucedió. Nosotros somos una familia modesta, no tenemos lujos, vivíamos del sueldo que él percibía", recordó.
Si bien dijo que existe temor por denunciar este tipo de hechos, consideró que sus familiares no pueden quedarse con la versión de que su padre era un delincuente.
"Temor es natural de las personas, pero el temor no nos puede callar, no podemos quedarnos en nuestra casa que algo pasó que se le acusa, cómo lo vamos a enterrar como delincuente. Claro que hay temor, pero como familia necesitamos saber qué pasó, porque era un hombre decente y dedicado a su trabajo", insistió.
Por su parte, Julio César Landa Torralba, hijo de Tito Landa Argüelles defendió la honradez de su padre y explicó que era técnico laboratorista, y llevaba el control de calidad para constructoras que hacen puentes, carreteras y diversas obras.
Además, dijo que presentaba huellas de tortura y dos impactos de bala en la cabeza.
"Todo es erróneo, mi papá en su vida disparó un arma, de hecho le tenía terror a las armas (...) dijeron que había aparecido donde había ocurrido la balacera y que presentaban armamento, y que habían disparado en contra de la Secretaría de Seguridad Pública y eso es falso", expuso.
Detalló que cuando ocurrió el enfrentamiento regresaba de la comunidad de Chichicaxtle de la empresa en la que laboraba e incluso viajaba en el automóvil de la constructora.
El abogado de los jóvenes, Fidel Ordóñez, no descartó que la Secretaría de Seguridad Pública haya fabricado pruebas en contra de los ahora finados, por lo que anunció que presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La intención, explicó el ex subprocurador de Justicia del Estado, es que la CNDH envíe a sus peritos en medicina forense para que se les practiquen -una vez exhumados los cadáveres-, las necrocirugías correspondientes.
"Se infiere que los hoy extintos fueron bajados, torturados, asesinados y luego puestos en la camioneta negra, donde les sembraron armas de alto poder para luego tomarles fotografías y decir que habían sido abatidos fuertemente armados en ese vehículo negro", expuso.
Descartó que se vayan a presentar denuncias contra personal del Ejército Mexicano porque únicamente acordonaron el área y no participaron dentro de los hechos de la refriega del 17 de junio.
"Es una situación que involucra a algunos funcionarios del Gobierno del Estado de Veracruz y que obviamente tendrá que determinarse, confiamos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en algunas otras ocasiones han intervenido y no nos ha sido contradictorio y es a satisfacción. Es una cuestión de justicia", expuso.
Precisó que destacan incoherencias entre la versión oficial y los hechos, como que a los supuestos sicarios abatidos se les había encontrado armas de grueso calibre, granadas de fragmentación y otros artefactos de uso exclusivo del Ejército, cuando el boletín de la SSP afirma que del 13 al 19 de junio se recuperaron siete armas en siete municipios, de las cuales sólo una corresponde a Xalapa.
"¿Dónde están las armas cortas y largas, granadas recuperadas en la balacera del 17 de junio, fecha en que queda incluida dentro del periodo del informe?", preguntó el litigante.
En conferencia de prensa, señaló que otra de las incongruencias es que el gobierno refiere que murieron en La Tinajita, cuando sus cuerpos fueron hallados en la barda perimetral del destacamento militar del 83 Batallón de Infantería.
Además que ambos certificados de defunción señalan que murieron por traumatismo craneoencefálico secundario por proyectil de arma de fuego, sin embargo, los hijos refieren que al verlos en Servicios Periciales tenían claras muestras de tortura.
"Es evidente que ambos trabajadores fueron torturados, lo que se infiere por los golpes en la nariz, los ojos, entre la barbilla y el labio inferior y en otras zonas de sus rostros. Además, los impactos en la cabeza indican el tiro de gracia", indicó.
Y si bien reconoció que es probable que estas personas pudieron haber dado positivo en la prueba de rodizonato de sodio, es decir, que pudieron haber disparado, sin embargo, pudieron hacérselos ya estando muertos.
"No lo descarto (que hayan dado positivo en rodizonato de sodio), pero no es lo mismo el disparo de una persona que está viva a una persona que ya falleció. No es lo mismo que le pongan una pistola en la mano y que disparen. Es fabricar (pruebas). No tuvimos acceso (a la averiguación previa)", acusó. (Tomado de Notiver/ 28 de junio del 2011).
Los jóvenes Janet Figueroa Sánchez y Julio César Landa Torralba, acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado para denunciar el asesinato de sus padres Joaquín Figueroa Vásquez y Tito Landa Argüelles, quienes fueron abatidos en un enfrentamiento armado con militares el pasado 17 de junio en esta capital.
La querella asegura que las dos personas no pertenecían a la delincuencia organizada y, por lo tanto, fue un homicidio el perpetrado durante el enfrentamiento armado entre fuerzas federales y castrenses y delincuentes en la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del aeropuerto El Lencero, donde murieron once personas.
Las dos personas fallecidas viajaban en un solo automóvil propiedad de la empresa "Triturados Río Seco S.A. de C.V.", donde laboraban en su planta ubicada en la comunidad de Chichicaxtle.
"Hay muchas irregularidades, hay una acusación acerca de que nuestro papá es sicario y la cosa es que se demuestre que no era sicario, nuestra familia que nuestro papá era un hombre decente de trabajo y mi papá era mecánico diesel", explicó Janet, hija de Joaquín Figueroa.
Explicó que su padre, de oficio mecánico, presentaba señas de golpes en la nariz, en la boca, ojo amoratado, raspones y dos impactos de bala en la cabeza y en el tórax.
"Necesitamos saber qué pasó, nos dan una versión que hubo enfrentamiento, tiroteo que ellos participaron queremos que nos demuestren con hechos qué fue lo que sucedió. Nosotros somos una familia modesta, no tenemos lujos, vivíamos del sueldo que él percibía", recordó.
Si bien dijo que existe temor por denunciar este tipo de hechos, consideró que sus familiares no pueden quedarse con la versión de que su padre era un delincuente.
"Temor es natural de las personas, pero el temor no nos puede callar, no podemos quedarnos en nuestra casa que algo pasó que se le acusa, cómo lo vamos a enterrar como delincuente. Claro que hay temor, pero como familia necesitamos saber qué pasó, porque era un hombre decente y dedicado a su trabajo", insistió.
Por su parte, Julio César Landa Torralba, hijo de Tito Landa Argüelles defendió la honradez de su padre y explicó que era técnico laboratorista, y llevaba el control de calidad para constructoras que hacen puentes, carreteras y diversas obras.
Además, dijo que presentaba huellas de tortura y dos impactos de bala en la cabeza.
"Todo es erróneo, mi papá en su vida disparó un arma, de hecho le tenía terror a las armas (...) dijeron que había aparecido donde había ocurrido la balacera y que presentaban armamento, y que habían disparado en contra de la Secretaría de Seguridad Pública y eso es falso", expuso.
Detalló que cuando ocurrió el enfrentamiento regresaba de la comunidad de Chichicaxtle de la empresa en la que laboraba e incluso viajaba en el automóvil de la constructora.
El abogado de los jóvenes, Fidel Ordóñez, no descartó que la Secretaría de Seguridad Pública haya fabricado pruebas en contra de los ahora finados, por lo que anunció que presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La intención, explicó el ex subprocurador de Justicia del Estado, es que la CNDH envíe a sus peritos en medicina forense para que se les practiquen -una vez exhumados los cadáveres-, las necrocirugías correspondientes.
"Se infiere que los hoy extintos fueron bajados, torturados, asesinados y luego puestos en la camioneta negra, donde les sembraron armas de alto poder para luego tomarles fotografías y decir que habían sido abatidos fuertemente armados en ese vehículo negro", expuso.
Descartó que se vayan a presentar denuncias contra personal del Ejército Mexicano porque únicamente acordonaron el área y no participaron dentro de los hechos de la refriega del 17 de junio.
"Es una situación que involucra a algunos funcionarios del Gobierno del Estado de Veracruz y que obviamente tendrá que determinarse, confiamos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en algunas otras ocasiones han intervenido y no nos ha sido contradictorio y es a satisfacción. Es una cuestión de justicia", expuso.
Precisó que destacan incoherencias entre la versión oficial y los hechos, como que a los supuestos sicarios abatidos se les había encontrado armas de grueso calibre, granadas de fragmentación y otros artefactos de uso exclusivo del Ejército, cuando el boletín de la SSP afirma que del 13 al 19 de junio se recuperaron siete armas en siete municipios, de las cuales sólo una corresponde a Xalapa.
"¿Dónde están las armas cortas y largas, granadas recuperadas en la balacera del 17 de junio, fecha en que queda incluida dentro del periodo del informe?", preguntó el litigante.
En conferencia de prensa, señaló que otra de las incongruencias es que el gobierno refiere que murieron en La Tinajita, cuando sus cuerpos fueron hallados en la barda perimetral del destacamento militar del 83 Batallón de Infantería.
Además que ambos certificados de defunción señalan que murieron por traumatismo craneoencefálico secundario por proyectil de arma de fuego, sin embargo, los hijos refieren que al verlos en Servicios Periciales tenían claras muestras de tortura.
"Es evidente que ambos trabajadores fueron torturados, lo que se infiere por los golpes en la nariz, los ojos, entre la barbilla y el labio inferior y en otras zonas de sus rostros. Además, los impactos en la cabeza indican el tiro de gracia", indicó.
Y si bien reconoció que es probable que estas personas pudieron haber dado positivo en la prueba de rodizonato de sodio, es decir, que pudieron haber disparado, sin embargo, pudieron hacérselos ya estando muertos.
"No lo descarto (que hayan dado positivo en rodizonato de sodio), pero no es lo mismo el disparo de una persona que está viva a una persona que ya falleció. No es lo mismo que le pongan una pistola en la mano y que disparen. Es fabricar (pruebas). No tuvimos acceso (a la averiguación previa)", acusó. (Tomado de Notiver/ 28 de junio del 2011).
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