Atenco, ni perdón
ni arreglo “amistoso”
Pobladores de Atenco protestan en la ciudad de México.
Foto: Benjamin Flores
Ante
las atrocidades perpetradas por elementos policiacos en San Salvador
Atenco no puede haber ninguna solución amistosa y sí, en cambio, es
necesario buscar que se haga justicia, aunque sea ante organismos
internacionales. El gobierno de México sufrió un nuevo revés en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que funcionarios de
la Secretaría de Gobernación, encabezados por Lía Limón y Manuel Gómez
Robledo, fracasaron en su intento de desactivar la denuncia que 11
mujeres presentaron ante ese organismo de justicia internacional en
contra del Estado mexicano por las vejaciones que sufrieron a manos de
la policía en mayo de 2006.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En su
primera participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasó en su intento por
evitar la difusión internacional del fantasma de la represión policiaca
desatada en San Salvador Atenco que lo persiguió durante su gestión como
gobernador del Estado de México y como candidato a la Presidencia.
Durante
la audiencia pública realizada en Washington, sede del organismo de la
OEA, la representación del Estado mexicano encabezada por la expanista
Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación, se topó con la negativa de 11 mujeres
agredidas sexualmente durante el operativo de mayo de 2006 para negociar
una “solución amistosa”, a fin de evitar una eventual sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Ante los
comisionados Tracy Robinson, Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar, éste
relator de la CIDH para México, los representantes del Estado mexicano,
los abogados de las víctimas –del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro
Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL)– y decenas de personas que acudieron a la
audiencia, en representación de 11 de las decenas de mujeres ultrajadas
el 4 de mayo, Bárbara Italia Méndez Moreno leyó en una carta:
“No
vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución
amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo
su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia
–máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la
denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional–,
sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en
Atenco y sobre la búsqueda de la justicia”.
En esa misiva dirigida
al secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza,
las 11 mujeres que sostienen el caso identificado con el número 12.486
pidieron el informe de fondo, preludio para iniciar un litigio en el
tribunal interamericano.
Momentos antes, Limón expresó “la
voluntad del gobierno mexicano de resolver este asunto con una solución
amistosa conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el reglamento de la CIDH”. También aseguró que la
administración de Peña Nieto contaba con “un marco jurídico adecuado, en
particular con la Ley General de Víctimas, que establece los parámetros
para trabajar de manera conjunta en la construcción de esta vía”.
En
su discurso, Limón se refirió a la conclusión de mayor controversia de
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre
el caso Atenco de febrero de 2009, la cual excusó a los altos
funcionarios de los abusos perpetrados durante la represión policiaca.
Dijo
Limón: “Esas violaciones graves de garantías individuales y de derechos
humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a
órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o
urdir acciones contra los manifestantes”.
La oferta de la
subsecretaria de Gobernación fue apuntalada por el subsecretario de
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Manuel Gómez Robledo, quien informó que de 2006 a 2009 21
casos sometidos a la CIDH se resolvieron por la solución amistosa. Pidió
a los comisionados su colaboración para concretar esa vía y “reparar a
las víctimas, de conformidad con la estándares de los derechos humanos y
de conformidad con la Ley General de Víctimas”.
La posibilidad se
cerró cuando Bárbara Italia recordó en la lectura de la carta que el
Estado “tuvo oportunidad desde el año 2006 de demostrar una voluntad
para investigar y sancionar las violaciones alegadas”. El texto enviado a
la CIDH el viernes 8 fue firmado por Mariana Selvas Gómez, Georgina
Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé
Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez,
Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Linares,
Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo y la propia Bárbara Italia.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1898, ya en circulación)
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