***No quiere ir al DF a declarar El secretario de Gobierno Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez presentó una demanda de amparo ante un Juez de Distrito de la Ciudad de Xalapa para evitar que la Procuraduría General de la República lo aprehenda y lo arraigue para declarar en relación con posibles delitos federales cometidos durante las elecciones para diputados locales y presidentes municipales de 2007 ***Tiene miedo de que lo detenga la PGR***Fue citado para declarar sobre su posible participación en la desviación de recursos en apoyo del PRI durante el fraude electoral de 2007 *** Dice que “no sabe nada y que no tiene la menor idea de lo que lo acusan” *** Prefiere que sea Mikel quien lo investigue.
Tomado de Notiver.- El secretario de Gobierno Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez presentó una demanda de amparo ante un Juez de Distrito de la Ciudad de Xalapa para evitar que la Procuraduría General de la República lo aprehenda y lo arraigue para declarar en relación con posibles delitos federales cometidos durante las elecciones para diputados locales y presidentes municipales de 2007.
En el expediente 680/2009 consta que la demanda se presentó el pasado día 18 de junio y que Reynaldo nombró como defensores a los abogados Celestino Acosta González, Luis Octavio Castillo Rangel y Julio César Méndez Muñoz.
El secretario de Gobierno fue citado a declarar en la Ciudad de México, DF, desde el pasado 11 de junio y no se presentó, por lo que la PGR volvió a citarlo ahora para presentarse el día 22 de junio ante el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Veracruz y tampoco acudió a la cita, prefirió ampararse.
En la demanda Reynaldo dice que en todo caso si se cometieron delitos estos son del “fuero común”, es decir que debe ser la Procuraduría de Veracruz a cargo de Salvador Mikel la que lo cite a declarar.
Dice también que hay “un claro propósito de amedrentar a servidores públicos del Gobierno del Estado de Veracruz...”La averiguación previa que se ha iniciado en contra del secretario de Gobierno y de casi todo los altos funcionarios del Gobierno del Estado de Veracruz, incluyendo al Gobernador Fidel Herrera, es la “Averiguación Previa Federal A.P. 054/UEIDCSPCAI/2009”.(La abreviatura quiere decir “Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia”, de la Subprocuraduría Especializada en investigación de delitos federales).
El gobernador del estado también fue citado para declarar en la misma averiguación que tiene que ver con la reunión que encabezó en la Academia Regional de Seguridad Pública en Xalapa para preparar el operativo electoral del año 2007, reunión en la que se habló de preparar “mapaches” y “madreadores” para “aplastar al PAN”, utilizando recursos públicos.
Su declaración será por escrito porque tiene fuero.Herrera Beltrán ya reconoció que presidió la reunión pero dijo que lo que había hecho era “exhortar a que se cumpliera la ley”.
Se sabe que también fueron citados y promovieron amparos los siguientes funcionarios: Ranulfo Márquez Hernández, Secretario de Protección Civil; Carlos Rodríguez Velazco, Director del IPAX y quien era Subsecretario de Gobierno en 2007; Javier Duarte de Ochoa, ex Secretario de Finanzas; Martha Montoya, ex Directora de Transito, Alma Carter, Directora de Telecomunicaciones, Zeferino Uscanga, ex Director de Prevención y Readaptación Social, Luis Ugalde, Secretario Particular del Gobernador, Jorge Carvallo Delfín, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y en 2007 Coordinador de Agenda del Gobernador; Víctor Arredondo, Secretario de Educación y Cultura; Gustavo Tronco Quevedo, ex Director del C4; Ricardo Landa Cano, encargado del Fondo Nacional de Desastres Naturales, entre otros.
La acusación en contra de los funcionarios del Gobierno del Estado es por haber desviado recursos públicos federales para apoyar al PRI en las elecciones locales de 2007.
Parte de estos recursos se habrían tomado del FOSEG (Fondo de Seguridad) que debe dedicarse exclusivamente a apoyar a las policías municipales y estatales en tareas de capacitación y equipamiento.
La propia Academia Regional de Seguridad Pública en la que se llevó a cabo la reunión está financiada con recursos de ese fondo.Además, se utilizaron documentos federales, como el padrón de beneficiarios del programa “Oportunidades” y otros que maneja la Secretaría de Desarrollo Social
En el expediente 680/2009 consta que la demanda se presentó el pasado día 18 de junio y que Reynaldo nombró como defensores a los abogados Celestino Acosta González, Luis Octavio Castillo Rangel y Julio César Méndez Muñoz.
El secretario de Gobierno fue citado a declarar en la Ciudad de México, DF, desde el pasado 11 de junio y no se presentó, por lo que la PGR volvió a citarlo ahora para presentarse el día 22 de junio ante el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Veracruz y tampoco acudió a la cita, prefirió ampararse.
En la demanda Reynaldo dice que en todo caso si se cometieron delitos estos son del “fuero común”, es decir que debe ser la Procuraduría de Veracruz a cargo de Salvador Mikel la que lo cite a declarar.
Dice también que hay “un claro propósito de amedrentar a servidores públicos del Gobierno del Estado de Veracruz...”La averiguación previa que se ha iniciado en contra del secretario de Gobierno y de casi todo los altos funcionarios del Gobierno del Estado de Veracruz, incluyendo al Gobernador Fidel Herrera, es la “Averiguación Previa Federal A.P. 054/UEIDCSPCAI/2009”.(La abreviatura quiere decir “Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia”, de la Subprocuraduría Especializada en investigación de delitos federales).
El gobernador del estado también fue citado para declarar en la misma averiguación que tiene que ver con la reunión que encabezó en la Academia Regional de Seguridad Pública en Xalapa para preparar el operativo electoral del año 2007, reunión en la que se habló de preparar “mapaches” y “madreadores” para “aplastar al PAN”, utilizando recursos públicos.
Su declaración será por escrito porque tiene fuero.Herrera Beltrán ya reconoció que presidió la reunión pero dijo que lo que había hecho era “exhortar a que se cumpliera la ley”.
Se sabe que también fueron citados y promovieron amparos los siguientes funcionarios: Ranulfo Márquez Hernández, Secretario de Protección Civil; Carlos Rodríguez Velazco, Director del IPAX y quien era Subsecretario de Gobierno en 2007; Javier Duarte de Ochoa, ex Secretario de Finanzas; Martha Montoya, ex Directora de Transito, Alma Carter, Directora de Telecomunicaciones, Zeferino Uscanga, ex Director de Prevención y Readaptación Social, Luis Ugalde, Secretario Particular del Gobernador, Jorge Carvallo Delfín, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y en 2007 Coordinador de Agenda del Gobernador; Víctor Arredondo, Secretario de Educación y Cultura; Gustavo Tronco Quevedo, ex Director del C4; Ricardo Landa Cano, encargado del Fondo Nacional de Desastres Naturales, entre otros.
La acusación en contra de los funcionarios del Gobierno del Estado es por haber desviado recursos públicos federales para apoyar al PRI en las elecciones locales de 2007.
Parte de estos recursos se habrían tomado del FOSEG (Fondo de Seguridad) que debe dedicarse exclusivamente a apoyar a las policías municipales y estatales en tareas de capacitación y equipamiento.
La propia Academia Regional de Seguridad Pública en la que se llevó a cabo la reunión está financiada con recursos de ese fondo.Además, se utilizaron documentos federales, como el padrón de beneficiarios del programa “Oportunidades” y otros que maneja la Secretaría de Desarrollo Social
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