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Una de las protestas para exigir el esclarecimiento del asesinato de Regina Martínez. Foto: Rubén Espinosa |
El 28 de abril de 2012 la corresponsal de Proceso
en Veracruz, Regina Martínez, fue asesinada. Desde ese momento las
irregularidades y las dudas se desataron. Pese a que hay un detenido, el
crimen sigue impune: el acusado denuncia tortura, la Suprema Corte aún
analiza la validez del proceso, las pruebas son endebles y
contradictorias, hay un sospechoso prófugo y la versión oficial parece
fabricada para darle carpetazo a un asunto que toca en lo más hondo la
libertad de expresión, las garantías de informar y ser informado y el
estado de derecho.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace tres años nuestra
corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, fue asesinada y el caso
está lejos del esclarecimiento. Aunque hay un supuesto culpable
encarcelado, condenado a 38 años y dos meses de prisión, no se tiene
ninguna certeza de que el homicidio de la periodista de Proceso haya ocurrido como dice el gobierno del priista Javier Duarte que ocurrió.
La explicación de que se trató de un robo con tintes pasionales aún
no es avalada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría
General de la República (PGR).
Una de las causas es que la única huella dactilar que la FEADLE pudo
rescatar de la casa de Regina Martínez después de que la entonces
Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz, hoy Fiscalía General
del Estado, interviniera la escena del crimen, no coincide con el
encarcelado, Jorge Antonio Hernández Silva.
Además, la información genética que obtuvo de la taza de baño de la
casa de Regina Martínez, espacio donde fue agredida, tampoco coincide
con los resultados del perfil genético de Hernández Silva ni con las
pruebas de ADN hechas a los familiares de José Adrián Hernández
Domínguez, a quien la PGJ señaló como el principal responsable, pero a
quien las autoridades ministeriales del estado aseguran que no han
podido encontrar.
Para la FEADLE el caso está lejos de haberse resuelto. Está pendiente
una línea de investigación: el trabajo periodístico de la corresponsal
de este semanario. Laura Angelina Borbolla, titular de la fiscalía
especial, asegura que la Policía Federal, que depende de la Secretaría
de Gobernación, y la Policía Federal Ministerial, adscrita a la PGR,
están a cargo de un peritaje sobre las publicaciones de la reportera,
asesinada en las primeras horas del 28 de abril de 2012.
Se busca identificar hechos y actores que pudieron sentirse afectados
por su trabajo periodístico, que tocaba tanto asuntos locales como
federales. Además, hay que verificar si recibió amenazas, considera la
fiscal. La FEADLE puntualiza: hasta ahora no se ha descartado que el
móvil del homicidio esté vinculado con su actividad profesional, pero
tampoco se ha acreditado que así sea.
La falta de coincidencia de la información genética y de las huellas
digitales fue informada por la fiscalía especial a la Procuraduría de
Veracruz. Pero como responsable de la indagatoria, la PGJ continuó sus
pesquisas sin esta consideración y se mantuvo en la idea de que el móvil
del homicidio fue un robo simple perpetrado por Hernández Silva El Silva y Hernández Domínguez El Jarocho.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2008, ya en circulación)
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