Rafael Caro Quintero. Foto: AFP |
Desde
su puesta en libertad en agosto último, tras pasar casi 29 años en la
cárcel, nadie sabe dónde está Rafael Caro Quintero. Y el excapo, sobre
quien se ha desplegado una nueva búsqueda con miras a extraditarlo a
Estados Unidos, se queja del acoso al que, sostiene, lo tienen sometido.
En cartas enviadas a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y
Jesús Murillo Karam, así como en otro escrito enviado a la CNDH, el jefe
del desaparecido Cártel de Guadalajara afirma haber saldado ya sus
cuentas con la justicia y dice que México no debería ceder al ánimo “de
venganza” de Washington. En resumen, pide paz.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con
la extradición a Estados Unidos como horizonte, Rafael Caro Quintero le
pidió al presidente Enrique Peña Nieto no dejarse presionar por el
ánimo de “venganza y revancha” de Washington a raíz del asesinato del
exagente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar.
“Lo que
tenía que pagar ya lo saldé”, dice el exjefe del desaparecido Cártel de
Guadalajara en una carta firmada por él y que sus abogados entregaron a
la Secretaría Particular de la Presidencia de la República el pasado 19
de noviembre y dirigida también al secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, y a su perseguidor, el procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam.
Declarado prófugo desde el pasado 6
de noviembre, cuando cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia
revirtieron el amparo que tres meses antes lo había liberado, Caro
Quintero le pide también al Poder Judicial que no se someta a “las
presiones y designios” de Washington, luego de haber cedido y anulado su
liberación.
Caro Quintero –por conducto de sus representantes legales– hizo llegar a Proceso
una copia del escrito dirigido al gobierno mexicano así como la queja
que presentó la semana pasada ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) por la persecución de la cual, dice, han sido objeto él y
su familia por parte de las autoridades mexicanas “instadas por Estados
Unidos”, desde su salida de prisión el pasado 9 de agosto, en uno de
los casos que marcaron el primer año del gobierno de Peña Nieto.
La
madrugada de ese día el excapo abandonó el penal en compañía de una
parte de su equipo de abogados sin que ningún funcionario de México o
representante del gobierno de Estados Unidos lo impidiera, pese a que
las autoridades de los dos países sabían desde semanas antes que la
justicia mexicana lo dejaría en libertad.
En ese momento el
Ministerio Público pudo haber solicitado su retención si el propósito
era mantenerlo en prisión con el argumento de una nueva investigación en
su contra, como ahora argumenta el gobierno de Estados Unidos, dice su
defensa desplegada en Guadalajara y en el Distrito Federal.
Su
liberación provocó una alegada sorpresa de los dos gobiernos, pero sobre
todo hizo que se revisara y quedara en entredicho la versión oficial de
México y Estados Unidos sobre el asesinato, en febrero de 1985, de
Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Alvear, informante pagado
por la DEA.
Aprovechando su condición de piloto de la entonces
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Zavala vendía al
agente estadunidense información sobre los cultivos de droga en el país.
La
duda la pusieron los propios excompañeros de Camarena, entre ellos el
encargado de la investigación del doble asesinato, Héctor Berrellez.
Éste asegura que el homicidio se debió a que Camarena se enteró de las
relaciones del Cártel de Guadalajara con la CIA como parte de la trama
del Irán-Contras, la ilegal operación internacional del gobierno
estadunidense para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua (Proceso 1928).
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1935, ya en circulación
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