*** El 78 % de los mexicanos habita en zonas de alta peligrosidad,
entre ellos los de Veracruz
*** Necesario, castigar a funcionarios que autoricen construcciones en
este tipo de zonas
México,
D.F. septiembre de 2015. Con el fin de evitar que más mexicanos sigan
habitando en zonas que registran diversos grados de vulnerabilidad, el senador
Héctor Yunes Landa, propuso modificar la Ley General de Asentamientos Humanos para
promover el uso y ocupación eficiente del territorio nacional.
También
planteó la necesidad de modificar la Ley General de Asentamientos Humanos, con
el objetivo de que la autorización de permisos de uso de suelo, por parte de
servidores públicos en zonas de riesgo, se considere una conducta grave y
constituya un hecho delictivo.
Asimismo,
el legislador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional insistió
en sancionar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, la
construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y
asentamientos humanos en zonas donde no se haya elaborado la gestión integral
de riesgos.
Al hacer
uso de la voz ante el pleno del Senado de la República, refirió que de acuerdo
a datos emitidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 87.7
millones de mexicanos residen en zonas de riesgo por distintos tipos de
fenómenos, es decir el 78 por ciento de la población habita en territorios que
registran diversos grados de vulnerabilidad.
Ante los
senadores de todas las fuerzas políticas del país, el legislador veracruzano,
los exhortó a legislar con responsabilidad y correspondiendo a la confianza de
la gente y pidió hacer de la ley un instrumento de prevención, anticipando
riesgos y promoviendo en una mayor medida responsabilidades.
Destacó
que México es nuestra casa, “promovamos,
con toda la fuerza de la ley, que las familias mexicanas habiten en
lugares seguros. Evitemos que vivan en zozobra y en lugares inseguros.”
Insistió
ante el pleno que es momento de revertir prácticas que ponen en peligro la
integridad y patrimonio familiar. La seguridad empieza desde el hogar.
Reveló
que en el periodo comprendido de 1990 a 2010, ocurrieron 75 eventos de diversa
magnitud y naturaleza, que dejaron más de tres mil 500 personas fallecidas,
miles de damnificados y daños a la economía por más de 250 mil millones de
pesos.
En su intervención
en tribuna el senador Héctor Yunes Landa, sometió a consideración la propuesta
de modificación y adhesión a dos artículos de la Ley General de Asentamientos
Humanos, donde se propone reforzar el compromiso por parte de las autoridades
federales y locales, para promover el uso y ocupación eficiente del territorio
nacional.
Citó la
vulnerabilidad en que se han enfrentado millones de familias como los efectos
de los terremotos del 85; las explosiones en San Juan Ixhuatepec, en el 84; y
en Guadalajara, en 1992. El impacto de
los huracanes Gilberto, Paulina, Roxana, Vilma, Manuel e Ingrid, así como los
diversos fenómenos meteorológicos registrados en estados como Baja California
Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Asimismo
el aumento del nivel del mar constituye una amenaza para los asentamientos
humanos localizados en planicies costeras, como en el estado de Veracruz.
AVANCES
Precisó
que ante el gran reto que representa dicha situación el Ejecutivo Federal
implementó políticas públicas, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU).
Y es que
con el programa de ordenamiento territorial y esquemas de reubicación de
poblaciones en zonas de riesgo, se pretende orientar el uso óptimo del
territorio, impulsar el desarrollo sustentable de las actividades económicas y
elevar la calidad de vida de la población, fortaleciendo la ocupación ordenada
del territorio, dijo.
Por otra
parte, con el programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos se
desarrolla el fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materia
de prevención de riesgo, sin embargo, esta política resulta limitada ante
circunstancias crecientemente complejas de índole económica, social y
ambiental.
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