TEXTO IRREVERENTE
En su momento, el expanista Gerardo Buganza Salmerón como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) –antes Secretaría de Comunicaciones- presumió haber iniciado procesos judiciales en contra de empresarios constructores que defraudaron al erario porque recibieron pagos millonarios sin realizar las obras convenidas o hacerlas con defectos que las convierten en riesgosas o poco duraderas. Pregonó el sermón de que había llegado como apóstol de la verdad y la legalidad a esa dependencia, a ponerla en orden y eso incluía castigar judicialmente a los constructores abusivos.
Por Andrés Timoteo
Todo ha sido un banquete de lengua. La dilación en la pesquisa, el sigilo para evadir dar nombres y montos exactos a la prensa y la danza de cifras sobre el número de denuncias presentadas, indican que es una farsa eso de corregir las anomalías y castigar a los empresarios defraudadores. Por ejemplo, en septiembre del 2013, Buganza anunció procesos judiciales contra 58 firmas constructoras que habían defraudado más de 200 millones de pesos.
Seis meses después, en abril del 2014 varió su versión al afirmar que solo había 18 denuncias penales. Un año después, su sucesor en la SIOP, Tomás Ruiz González, modificó la cifra a 80 denuncias. Y ahí la llevan, cambiando todo cada vez que salen a hablar a la prensa y eso es signo de que solo es estrategia mediática y nada va en serio. En realidad no habrá castigo para los empresarios abusivos que recibieron dinero público sin cumplir con los contratos o la calidad de las obras, sostiene un funcionario de la SIOP -que pide conservar el anonimato- por dos motivos muy poderosos.
El primero es que si se procede judicialmente los propietarios involucrados están dispuestos a revelar a la prensa los negocios millonarios que hicieron con los funcionarios estatales a los que le pagaron sobornos de 20 y 30 por ciento de las cantidades cobradas al erario. Recibieron el pago correspondiente a cambio de entregar un porcentaje del mismo a funcionarios de la Secretaría de Finanzas, de la propia SIOP y en el colmo de las cosas hasta a enviados del impresentable exgobernante que exigía –y sigue exigiendo- una “cuota” de esas cantidades bajo el el argumento era quien manejaba en realidad la Sefiplan y otras dependencias, decidiendo a cual consorcio entregar contratos.
El segundo motivo -dice la fuente- que hará improcedentes las querellas contra las constructoras fraudulentas es porque muchas de ellas son propiedad o tienen participación accionaria de funcionarios y exfuncionarios estatales –el caso más sonado son los prestanombres del mismo impresentable-. El actual gobernante estatal no se atreverá a meter a la cárcel a los socios ni a los prestanombres de su antecesor que es quien realmente gobierna la entidad. Ese dicho de Javier Duarte de Ochoa de que ningún exgobernador tiene injerencia en su administración es un cuento chino para que lo crean los tontos. Por estad razones no habrá cárcel ni mucho menos se obligará a los empresarios corruptos a devolver el dinero recibido. No les harán nada a esos pillos y a los otros del gabinete que tienen parte de responsabilidad.
LERDA COARTADA
Sin muchos que aboguen a su favor, el gobernante en turno, Javier Duarte, da coletazos tratando de defenderse del juicio popular que ya lo condenó por los crímenes contra periodistas. Ayer volvió a negar que tenga responsabilidad en el contexto de terror que castiga a la prensa crítica y otra vez intentó autoexculparse del asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa, perpetrado hace mes y medio en la colonia Narvarte del Distrito Federal. No obstante la coartada que utiliza es demasiado lerda: el lugar de nacimiento y muerte de la víctima.
Duarte de Ochoa asegura que Rubén Espinosa fue asesinado en la capital del país y no en la entidad, y que no era veracruzano por lo que su muerte no tiene ninguna conexión ni con la entidad ni con su administración. Intenta torpemente engañar a la opinión pública con argumentos mentirosos. Si bien Rubén Hinojosa no nació en la entidad, su trabajo periodístico lo hizo en Veracruz, lo golpearon, amenazaron y hostigaron en Veracruz, salió huyendo de Veracruz. El caso le apunta en la frente aunque se defienda como gato bocarriba, no puede salvarse del juicio de la historia.
DESFACHATEZ
Es reveladora la entrevista que la periodista Esperanza Morales hizo a Juan Santiago Carvajal, dueño del centro nocturno Capezzio que fue clausurado tras la difusión de un video en el que azuza a unos jovencitos a practicar actos sexuales a cambio de licor -aunque los conocedores de ese lugar dicen que hay cosas peores que ahí se practican, se distribuyen y se venden-. La bien llevada entrevista publicada en el portal Infoveracruz.com muestra a un tipo inescrupuloso que intenta victimizarse y tratando de cargar la culpa a terceros y apelando a la compasión pública para seguir en el negocio.
Alega que lo presionó la gente cargada de adrenalina -¿no sería otra sustancia?- para poner a los dos jóvenes a que practicaran sexo oral en el escenario y premiarlos con una botella de alcohol -¿le habrán puesto una pistola en la frente para obligarlo?- y de paso busca eximir culpas con el argumento de que ambos no eran menores de edad como si eso disminuyera la gravedad del acto. El también animador oficial de los espectáculos del Carnaval de Veracruz en los últimos años, apela a la lastima hacia sus empleados buscando que le reabran el antro para que ellos conserven sus ingresos económicos y en una falsa catarsis pide que lo perdonen todos -¡hasta al gobierno del estado! – el que más le importa porque es el garante de la impunidad-.
Sin embargo, entrelineas adelanta que una vez reabierta la discoteca no variará el perfil: “shows con lenguaje fuerte” porque “no entusiasma recitar poesía” y que el bar es casi una institución en Veracruz por sus treinta años de estar recibiendo gente pobre. O sea, da un servicio a la comunidad. De colofón, el empresario dice que crecerá como ser humano con lo que llama “mala experiencia” cuando en realidad fue un acto delictivo. Vaya desfachatez tan pasmosa.
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