Sara Pantoja
Procurador del DF anuncia investigación en el asesinato de Rubén Espinosa. Foto: Germán Canseco |
Las irregularidades abruman en la
indagatoria de la Procuraduría de Justicia del DF en torno a los
asesinatos del fotorreportero Rubén Espinosa y cuatro mujeres en la
colonia Narvarte: desde el primer momento se menospreció la posibilidad
de que la masacre haya ocurrido en represalia por la labor periodística
de Espinosa; se minimizaron las amenazas contra dos de las víctimas por
parte del gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte; se
privilegió a priori la hipótesis del robo; se criminalizó a las víctimas
por su nacionalidad, sexo, oficio y costumbres; se deslizó la idea de
que el narcotráfico colombiano estaba atrás de la matanza; se filtraron
datos, videos y fotografías que por ley deberían permanecer secretos, y
se declaró información que resultó ser falsa… Una estrategia de sobra
conocida en México para enturbiar casos incómodos para las autoridades.
MÉXICO, D.F. (Proceso).-
En su afán de cerrar lo antes posible el
caso del multihomicidio de la colonia Narvarte –que atrapó la atención
nacional e internacional al conocerse la actividad pública y los
antecedentes de acoso, hostigamiento y amenazas contra dos de las cinco
víctimas: un fotoperiodista y una activista del movimiento #YoSoy132–,
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha
incurrido en inconsistencias, contradicciones y omisiones que de
antemano vuelven sospechoso el resultado final de la indagatoria número
FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07.
Desde su primera aparición pública para hablar del crimen perpetrado
el viernes 31 de julio en un edificio de apartamentos de la colonia
Narvarte, delegación Benito Juárez, el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos
Garza, comenzó a ensuciar la investigación al perfilar las muertes de
Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Mile Virginia
Martín, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril como
producto de un robo, pese a la existencia de una agravante fundamental
en la escena del crimen: los cinco cuerpos tenían el tiro de gracia y
Mile Virginia, de nacionalidad colombiana, había sido torturada y
violada antes de ser ultimada.
Era el domingo 2. Antes de dar la cara a la prensa, Ríos Garza se
había reunido en privado en sus oficinas con el director del semanario Proceso,
Rafael Rodríguez Castañeda; el editor de la agencia Cuartoscuro, Pedro
Valtierra; la directora de la Red de Periodistas de a Pie, Daniela
Pastrana; el director de la organización internacional Artículo 19,
Darío Ramírez, y representantes de la asociación PEN International.
Ahí, los periodistas y activistas le pidieron puntualmente al
procurador capitalino investigar el crimen sin descartar las amenazas
denunciadas por el fotógrafo Rubén Espinosa y la promotora cultural
Nadia Vera antes de abandonar el estado de Veracruz y refugiarse en el
Distrito Federal.
Pero la respuesta del funcionario capitalino –que llegó al cargo
gracias a su añeja amistad con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, de quien fue secretario particular en el tramo final de su paso
por la PGJDF– desconcertó a los presentes.
Ríos Garza puntualizó que Espinosa no había sido asesinado “durante
el ejercicio de su trabajo, estaba desempleado”, según relataron Daniela
Pastrana y Pedro Valtierra al salir de la reunión.
Así, sin tomar en cuenta los antecedentes de amenazas de muerte que
pesaban sobre Vera y Espinosa, derivadas de su actividad profesional en
Veracruz, Ríos Garza dijo a los reporteros, al referirse al caso del
fotorreportero:
“Es preciso mencionar que era soltero, originario de la Ciudad de
México y que fue identificado plenamente por sus familiares, quienes
refirieron que su regreso a la capital del país fue hace dos meses, y se
debió a la búsqueda de nuevas oportunidades como fotógrafo profesional,
actividad que desarrollaba en Veracruz, donde residió por espacio de
ocho años.”
Luego añadió que desde que se supo la actividad que ejercía Espinosa
se activó el Protocolo de Atención a Periodistas y apuntó que no se
descartaría “ninguna línea de investigación”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2023, ya en circulación)
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